El Ministerio de Seguridad de la provincia ordenó la intervención de la Unidad Regional de Tostado luego de que una serie de allanamientos judiciales constataran fuertes irregularidades en el manejo administrativo de esa departamental. La situación, que sugiere la existencia de un fraude económico reiterado en el tiempo, implicó el pase a disponibilidad de los jefes de esa regional.

La medida obligó al jefe de policía de provincia, comisario general Juan Luis Hek, a viajar a Tostado ayer a la mañana para poner al frente de la regional al interventor, el secretario general de la Jefatura de provincia, Héctor Sueldo. En el acto fueron desplazados Carlos Hernández y Marcos Ayala, jefe y subjefe de la departamental. También removieron al jefe de Logística y al Habilitado, que es el responsable de la administración de fondos.

Todo deriva de la denuncia formulada en noviembre pasado por el subcomisario Máximo Miguel Pagura, de 39 años, en el juzgado correccional a cargo de Julio César Clementín. Este oficial aludió entonces a una secuencia de maniobras económicas con proveedores de bienes y servicios de la unidad regional: pago de sobreprecios en reparación de patrulleros y desvió de fondos previsionados para las raciones alimentarias del personal, entre ellas.

Según comentó ayer a este diario el secretario de Seguridad, Carlos Iparraguirre, el juez Clementín ordenó allanamientos en distintos domicilios del departamento Nueve de Julio, en los que fue secuestrada documentación comercial como facturas de compras y libros contables que respaldan las sospechas de desmanejos. La intervención se extenderá por un plazo mínimo de diez días