La fuga más osada en la historia santafesina, cuando ocho presos con apoyo externo se escaparon a los tiros de la cárcel de Piñero en junio de 2021, llegará a juicio con los pedidos de pena más altos que se conozcan en la provincia por delitos de evasión. Los fiscales del caso solicitaron condenas que van desde los 9 años y 9 meses de prisión hasta los 26 años de cárcel para los once acusados del cinematográfico plan. Penas que pidieron unificar con las sentencias previas de algunos de ellos, lo que en el caso del considerado “organizador” de la fuga sumaría un monto de 40 años.

Los requerimientos de penas figuran en la acusación que presentaron días atrás los fiscales Franco Carbone y Aurelio Cicerchia en una etapa previa al juicio. Según plantearon, desistirán de firmar acuerdos abreviados con las defensas porque su intención es llegar al debate oral con toda la evidencia y un pedido de penas significativas: “Fue un hecho bisagra, de una gravedad inédita. Por eso es una decisión institucional ir a juicio con todas los acusados pidiendo la pena máxima”, dijeron los fiscales a La Capital.

El planteo se formalizará en una audiencia preliminar al juicio, de fecha aún no fijada. En la causa están acusadas y con prisión preventiva once personas. Ocho eran internos del pabellón 14 de Piñero que fueron recapturados a cuentagotas tras la fuga. Dos de ellos esa misma medianoche, cuando los atraparon armados en el baúl de un auto en la zona de Pérez. El último en caer fue Claudio “Morocho” Mansilla, jefe del pabellón, apresado en junio del año pasado en un dúplex de barrio Fontanarrosa.

De película

Con audacia, coordinación previa, una logística cronometrada y una puesta en escena de película, la fuga se concretó el 27 de junio de 2021 en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero. Esa tarde de domingo llegó hasta un camino que bordea la cárcel un Peugeot 3008 negro con cuatro ocupantes. Iban vestidos con pasamontañas, capuchas y uno de ellos llevaba una careta de goma con la cara de un mono que, tras la fuga, se encontró tirada en el césped de la cárcel.

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El conductor se quedó al volante, con las puertas y el baúl abiertos. Dos bajaron con cinco armas de fuego y acompañados por Walter Ezequiel Soraire, quien rompió el cerco perimetral con una amoladora portátil y murió con un balazo en el rostro en el enfrentamiento con los penitenciarios. Era un joven adicto de 29 años, ajeno al mundo delictivo, a quien contrataron a último momento porque había trabajado en la construcción y sabía usar una amoladora. Le pagaron por anticipado 27 mil pesos que el muchacho acercó a su familia.

Los colaboradores que llegaron como apoyo corrieron con dos armas de puño en las manos cada uno y además uno de ellos tenía colgada una ametralladora. Llevaban un revólver calibre 38, una pistola ametralladora FMK3 calibre 9 milímetros, una pistola .380 y otra calibre 11.25. Desde que Soraire rompió el cerco empezaron los tiros contra los centinelas.

Luego corrieron más de cien metros en paralelo al cerco a medida que superaron a tiros cuatro garitas y realizaron otras dos perforaciones en alambrados interiores. Mientras tanto, los presos del pabellón 14 se escapaban del patio arrojando piedras y recorriendo el camino inverso hasta llegar el auto. Con once personas en su interior, el vehículo avanzó hasta el kilómetro 3.6 de la ruta 14, donde algunos presos hicieron trasbordo a un Honda Civic azul. Se cree que el resto partió en uno o dos autos más.

El Peugeot 3008 se encontró abandonado y con la patente cambiada a la altura del kilómetro 16 de esa ruta. En el interior había vainas servidas, una bolsa con miguelitos, ropa que se habían cambiado los presos y un celular. De ese aparato se recuperaron algunos de los mensajes que permitieron reconstruir la logística de la gran fuga.

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A las 0.50 del lunes, en un control policial en Pérez y luego de una persecución por más de diez kilómetros, se detuvo el paso del Honda que iba camino a Soldini. Escondidos en el baúl encontraron a dos de los presos recién fugados. Uno de ellos era el célebre ladrón de bancos Sergio Martín Cañete, considerado el organizador del escape con el aval de Mansilla, quien llevaba un revólver 39 y dos pistolas 9 milímetros. El otro era Joel Isaías Rojas.

También fueron detenidos Elisa Magdalena Alvarez al volante y Rodrigo Leonel Gramajo como acompañante. Se supo, por mensajes de un celular secuestrado a Cañete, que al salir de la cárcel el Honda había dejado a Rojas y Cañete en un campito de Pérez, luego trasladó a algún preso hasta Casilda —se cree que al “maestro del engaño” Martín Cartelli, condenado por robos y oriundo de esa zona— y luego regresó a buscarlos. El resto de los acusados fueron detenidos o recapturados en los meses siguientes, ciclo que cerró al año con la caída de Mansilla.

Apoyo externo

En la acusación los fiscales delinearon delitos y roles específicos para los once implicados. Los tres detenidos como asistentes externos fueron acusados por favorecimiento doloso de la evasión y la portación ilegal de armas, entre otros delitos. Situado en este grupo como quien se tiroteó con los guardias y junto a Soraire abrió el cerco, Rodrigo Leonel Gramajo afronta un pedido de 26 años de prisión. Fue detenido como acompañante en el auto Honda y “se encuentra acreditado sin ninguna duda que portó armas de guerra al momento de la fuga”, consideraron los fiscales.

Para Elisa Alvarez, detenida como la conductora del Honda Civic, solicitaron 18 años y medio de prisión por un aporte que “ha sido trascendental”. Por último para Franco Ezequiel Canteros requirieron 17 años y medio de prisión como quien perforó el cerco e ingresó a los tiros junto a Gramajo y el fallecido Soraire. Se encargó, según la acusación, de buscar a los colaboradores, organizar los autos y repartir el dinero pagado por Cañete, de quien se lo considera su “brazo organizador”.

Los ocho evadidos

Dentro del grupo de los evadidos, la penas más altas fueron requeridas para el preso Rojas y Cañete: 21 años y 3 meses de prisión por evasión agravada, y la portación ilegal de armas agravada por sus antecedentes de condena. Cañete fue señalado como quien “planeó la fuga mucho tiempo antes, estipulando la logística y recursos”.

Para el interno Antonio Alejandro Schmittlein, recapturado un día después en un camino rural entre Carmen y Venado Tuerto, pidieron 11 años y 3 meses de prisión. La misma pena fue requerida para los presos Daniel David Piscione, recapturado en agosto de ese año tras ser baleado en un búnker de drogas; Martín Alejandro Cartelli, considerado un “experto en fugas” y con múltiples condenas bajo distintos nombres y Alejandro Andrés Candia, con una condena previa por haberse evadido de un colectivo penitenciario en la autopista a Santa Fe en mayo de 2019. Estuvo prófugo quince días y lo encontraron en Villa Moreno.

Dentro de ese grupo ingresó además el “Morocho” Mansilla, delegado del pabellón y condenado a 25 años de prisión por un doble crimen, 12 años por narcotráfico y con un pedido de perpetua por instigar un homicidio desde la cárcel. Según la acusación “facilitó armas, contactos y realizó la logística de la salida” hasta ser atrapado el 14 de junio de 2022 en un lugar con armas y estupefacientes. En el caso del evadido Ezequiel Rodolfo Romero solicitaron 9 años y 9 meses por los mismos delitos, aunque se tuvo en cuenta que se presentó cuando ya estaba cercado.

A estas altas penas se suma en algunos casos la solicitud de que los acusados sean declarados reincidentes y la unificación con condenas anteriores que estén firmes. Lo que en el caso de Cañete, con varias condenas previas por robo y resistencia a la autoridad, se unificaría en 40 años y 3 meses de prisión. Para Rojas, la unificación alcanzaría los 26 años y 3 meses, para Schmittlein los 24 años y 3 meses; para Canteros 21 años y medio y dos décadas para Piscione y Cartelli.