En la más curiosa de las imágenes la aguja roja del velocímetro del BMW marca la raya de los 240. Los investigadores suponen que los que iban en el auto quisieron dejar registrado como una gracia o como una muestra de valor hasta qué extremo habían pisado el acelerador. Por lo menos uno de ellos, el dueño de las fotos, está seriamente implicado en el atentado criminal al micro de hinchas de Newell’s ocurrido hace diez días en la autopista Rosario-Buenos Aires. Y el dueño del auto, que integra una familia que inspira pánico espectral en la zona sur, empieza a estar sospechado de tener que ver con el asunto.

El teléfono Nextel secuestrado a Carlos Fernando F., alias Chino, de 28 años y principal implicado en aquella emboscada fatal, contiene fotos diversas. Varias de ellas son en este mismo momento la razón por la cual algunas personas desaparecieron de Rosario. Otras permitieron producir detenciones. Otras generaron nuevas líneas de pesquisa.

El BMW de la foto se atribuye, según la investigación, a uno de los miembros principales de la banda de Los Monos, una organización delictiva dedicada a comercializar drogas y que ha sido duradera en el tiempo y extendida en el espacio en la zona sur de Rosario, territorio de las comisarías 11ª, 16ª y sub 19ª. Uno de los integrantes de Los Monos, de apellido Cantero, sería (de acuerdo a quienes llevan adelante el caso), el propietario del BMW que viajaba a 240 kilómetros por hora. Y hay elementos que indican que de esa persona pudo provenir la instrucción bajada al Chino para organizar el encarnizado ataque.

Imágenes relevantes. El Chino se presentó el jueves pasado en Tribunales y quedó imputado como autor, coautor y/o partícipe de la emboscada que ocasionó la muerte de Walter Cáceres, de 14 años, en el micro que volvía con barras leprosos después de ver en Capital Federal el partido Huracán-Newell's. La aparición espontánea del Chino tuvo que ver con el tembladeral que produjo, entre otras cosas, el hallazgo de su teléfono, algo que dejó gente deseosa de vengarse tras quedar pegada como en una telaraña. También con que su pareja, de 20 años, víctima de violencia doméstica rutinaria, contó que le escuchó decir que el atentado había salido bien y que había recibido 10 mil pesos para hacerlo.

También una foto del teléfono secuestrado fue la que permitió la detención de un tío del Chino que es suboficial de policía. Este hombre tiene 44 años y en una de las imágenes está en su casa junto a su sobrino mostrando pistolas ametralladoras y otras calibre 9 milímetros que se presumen se facilitaron para el atentado. Además hay tres hermanastros del Chino presos y conectados al hecho, según los investigadores, por elementos objetivos.

En este orden, la pericia balística realizada a una pistola calibre 9 milímetros secuestrada en un auto estacionado en una estación de servicio de Presidente Perón y Provincias Unidas determinó que algunas vainas encontradas cerca del micro atacado habían sido disparadas por ese aparato. Esa arma estaba en poder de cuatro personas que ahora están vinculadas a la ejecución material del hecho aunque el abogado de una de ellas lo desmiente (ver página 41).

Lo más resonante del hecho es cómo un teléfono descuidado y abandonado en el apuro, y los dichos de una testigo, despedazaron la corteza bajo la cual se ocultan pestilentes relaciones entre policías y traficantes de drogas a la vez ligados con barrabravas. Ya volaron tres policías de la comisaría 11ª, dos de ellos sospechados por cobrar dinero del Chino, quien está sindicado como un revendedor de la banda de Los Monos. Los teléfonos de esos policías están bajo pericia de una fuerza de seguridad nacional y hay expectativa por lo que puedan contener. Pero además, la chica denunció qué otros policías liberaban las zonas a los vendedores de droga a cambio de plata.

Preocupaciones.La joven que delató al Chino mencionó también otros circuitos de dinero, es decir otras reparticiones policiales, diferentes del área de Orden Público de la Unidad Regional II a la que pertenece la comisaría 11ª. El expediente con sus dichos está en la fiscalía número 3 de los Tribunales Federales de Rosario.

Las implicancias ruinosas de un escándalo sólo insinuado en sus alcances son imposibles de estimar. Lo que el gobierno provincial ya sabe es que esta cadena de corrupción es un golpe mayúsculo a la credibilidad de la sociedad civil hacia su policía. Los nudos de la corrupción son destructivos del tejido barrial: está visto lo que pasa cuando los lazos sociales se rompen bajo el predominio de vendedores de droga en el ejemplo de la violencia inédita de los barrios situados al sur de La Tablada.

Diversos actores del gobierno provincial señalaron a este diario la inquietud que les produce que alguna decisión superior, técnica o política, le saque de las manos esta investigación a la jueza de Instrucción Roxana Bernardelli, quien actuó con rapidez para desbaratar las protecciones policiales dispensadas a delincuentes. Es que, como en todo heterogéneo órgano del Estado, en el Poder Judicial conviven distintos actores. Por eso hay sectores de la policía que se sentirían más aliviados si la causa se tramitara en otros despachos. Algunos jueces, algunos funcionarios del Poder Ejecutivo y algunos policías se lo repitieron a este diario en esta atribulada semana.

En este caso los elementos que vinculan a Roberto Pimpi Camino con el atentado al micro de hinchas no pasan del nivel de las sospechas. El padre del chico asesinado dijo que esto fue una disputa entre la vieja barra que Pimpi comandaba y la nueva encabezada por Diego Panadero Ochoa. Camino, que está con prisión condicional, está siendo investigado. Si se le probara vinculación es posible que el caso debiera acumularse al fárrago de expedientes ligados a Newell’s que hace años esperan un juez que se ocupe de ellos. Es algo lleno de sentido porque en esta semana la competencia de esas causas volvieron a quedar en discusión.

Con mejores o peores argumentos, lo cierto es que el Poder Judicial tiene inmovilizado hace años un cúmulo de hechos de alto interés público, que entrelazan violencia extrema de barrabravas, desfalcos administrativos de directivos y tolerancia policial. En el medio de esta larga historia no resuelta avanza con incertidumbre este caso que entrevera un acto criminal contra un micro y a uniformados con traficantes de larga data. Con tanto a la vista, esta vez los costos de no ofrecer respuesta pueden salpicar a cualquiera.