Los tres hermanos Castro lloraron, se unieron en un abrazo largo y silencioso, tomaron agua, buscaron asiento en un pasillo del Centro de Justicia Penal y recién entonces pudieron poner en palabras lo que significa para ellos la prisión perpetua dictada a su padre, José María, por el femicidio de su mamá, Elsa Mercuri. Una mujer de 68 años a quien buscaron durante ocho meses hasta descubrir que estaba muerta en un pozo, en el campo de General Lagos donde vivía con su esposo. Un lugar del que, sumida en un circuito de violencia, nunca pudo salir. “Estas lágrimas no son por él, no las merece. Lloramos por todos los años de violencia que vivimos y porque nuestra mamá ahora va a poder descansar en paz”, dijeron a tres años del hallazgo.

Elsa Noemí Mercuri tenía problemas de movilidad y se ganaba la vida como tarotista. Su cuerpo apareció en el pozo de un viejo molino en desuso donde la familia solía reunirse a la sombra de los árboles en verano. Fue un desenlace que sus hijos vieron anunciarse en un historial de agresiones, maltrato psicológico, escapes a la madrugada, denuncias que no surtían efecto y hasta un incidente en el que su madre fue apuñalada por la espalda y terminó internada con lesiones en un riñón. Un tribunal condenó ayer por unanimidad a Castro, de 67 años, a prisión perpetua. Para los hijos fue “ni más ni menos que lo que merecía”.

Como lo hicieron a lo largo del debate oral que comenzó el 23 de septiembre, Valeria, Gabriela y Rodrigo se sentaron uno al lado del otro, nerviosos, a esperar el veredicto. Hijos de la víctima y a la vez del juzgado como victimario, fueron los únicos familiares presentes en la sala. Contuvieron la respiración cuando la jueza María Trinidad Chiabrera comenzó a leer el fallo unánime al que llegó con sus pares Hebe Marcogliese y Patricia Biolotta. Las juezas rechazaron pedidos de invalidación de pruebas solicitados por la defensora pública de Castro y lo condenaron como autor de un homicidio doblemente calificado, por el vínculo y por el contexto de violencia de género precedente.

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Recién cuando la jueza pronunció la expresión “prisión perpetua” los hijos del acusado suspiraron de alivio y se largaron a llorar. Al otro lado de la baranda que los separaba del estrado su padre permanecía rígido, sentado de espalda al público. “Nunca nos miró. En los siete días que duró el juicio”, dijo al salir de la sala Valeria, de 42 años, cuando ella y sus hermanos al fin tomaron asiento en un pasillo para reponerse del golpe emocional.

“Estas lágrimas son de alegría porque se hizo realmente justicia”, apuntó el menor de los hermanos, Rodrigo, de 39. Es su edad cronológica, pero no la que consta en su documento. Cursó la primaria indocumentado, dejó la secundaria para salir a trabajar y recién tramitó el DNI a los 18. A Gabriela, de 43, la anotaron tres años más tarde. Cuando necesitó demostrar que era mayor de edad figuraba con 15 años. Valeria, nacida en 1978, fue registrada en 1980.

“Desde que nacimos ya sufrimos”, dice ahora, cuando se apronta a cerrar el capítulo más doloroso: el crimen de su madre, que se proyecta como una sombra hacia un pasado de tormentos. “Esta condena nos permite no sólo cerrar el femicidio de mi mamá, sino toda una vida de violencia. Esta justicia es por mi mamá y por todas las mujeres que mueren de la misma manera, por hombres que decían amarlas y realmente no era así ”.

Los tres hermanos declararon en el primer día de juicio sobre la angustiosa búsqueda de Elsa, el hallazgo del cuerpo y los 43 años de relación entre ella y José. La mayor parte, afincados en el campo que cuidaban en General Lagos, cuando él dejó su trabajo como camionero y se dedicó al trabajo rural. “Cuando éramos chicos en ese lugar vivíamos situaciones de violencia constantes, a diario. Comenzaban a recriminarse cosas y todas estas discusiones terminaban con golpes de mi padre hacia mi madre. La arrastraba de los pelos hacia la habitación y la molía a palos”, contaron.

“Le desfiguraba la cara, los ojos, la boca. Ella se iba y luego volvía. Al que más lo marcó esta situación fue a mi hermano Andrés, quien a los 16 años se volcó a las drogas y se suicidó a los 35", relataron ante el fiscal Alejandro Ferlazzo, para quien la condena ante un “claro caso de violencia de género” permite “seguir insistiendo y trabajando para llegar a tiempo”.

Mercuri estuvo desaparecida desde el 29 de marzo de 2019. Fue el día del último diálogo por WhatsApp con su hijo Gabriel, a quien contactaba a diario porque sentía “adoración” por su nieta. Vivía bajo el mismo techo con Castro en la casa del campo. Cuando los hijos notaron que la mujer, muy activa en las redes sociales, había dejado de postear, le preguntaron al padre qué había pasado. Las respuestas fueron confusas. El hombre les dijo que su madre “se había ido a Brasil o a México”.

Esa versión no les cerró a los hijos: su madre era obesa y sedentaria, casi no salía por sus dificultades para caminar. Les resultó raro que no se llevara el celular, del que no casi se despegaba, y que en ese entonces usaba Castro. En la casa no encontraron cosas de su madre: ni ropa, ni bolsos, ni calzado, ni las estatuillas de hadas y ángeles que ella coleccionaba, “como si nunca hubiera vivido ahí”.

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El 19 de abril de ese año, tras mucho insistir, lograron que Castro fuera hasta la subcomisaría 13ª. Dejó constancia de que la mujer se había ido pero no realizó una denuncia por averiguación de paradero. Los hijos siguieron con la búsqueda, primero por redes sociales y luego por la vía oficial. El 23 de noviembre de 2019 la policía allanó la vivienda rural ubicada a la vera de un camino de tierra, casi aislada a la altura del kilómetro 275 de la autopista a Buenos Aires.

En el fondo del pozo de un viejo molino en desuso se encontraron restos óseos dentro de una bolsa. Junto al cuerpo había una soga con un nudo y un machete de 65 centímetros de hoja. Ante los efectivos y bomberos que llegaron al predio con perros rastreadores, el propio Castro admitió que había ahorcado a la mujer con una soga. En el juicio dio otra versión. No habló de la soga. Dijo que discutieron, le arrojó una baldosa y más tarde se dio cuenta de que estaba muerta.

La defensa planteó que no se demostró la causa de la muerte ni que se haya tratado de un crimen intencional. La acusación puso el acento en el historial de violencia y las maniobras de ocultamiento del cuerpo. Las juezas, además de dictar condena, pidieron que se abra una causa por falso testimonio contra una mujer con la que Castro mantenía una relación sentimental, porque sus dichos en el juicio contradecían conversaciones captadas en escuchas en las que hablaban del “pozo”.

“El juicio fue una oportunidad para hablar de todas las cosas que vivimos como chicos y con las que en su momento no sabíamos qué hacer”, dijo Gabriela, la mayor de los tres. Recuerda que acompañaban a su madre a presentar denuncias que luego ella “levantaba” y que tras su internación por las puñaladas intentaron incluirla a un grupo de ayuda a víctimas de la violencia, pero nada alcanzó. “Lamentablemente —dijo ayer— no encontramos la forma de evitar el desenlace y nada nos devuelve a nuestra madre. Pero sí pudimos lograr que se haga justicia”.