El diputado provincial de Cambiemos Roy López Molina cuestionó el decreto del gobernador Miguel Lifschitz que determina nuevas condiciones para evaluar la conducta de los presos y otorgar libertades y salidas transitorias. El legislador macrista aseguró que "no existe ninguna ley que obligue a un juez a liberar a un condenado previo a cumplir su condena, la última palabra siempre es la de la Justicia. En Santa Fe hay un sistema penitenciario corrompido, donde todo está tarifado".

"Que el gobernador quiera instalar lo contrario es pretender justificar decisiones judiciales equivocadas en casos donde liberados de antemano o con salidas transitorias terminaron asesinando", enfatizó López Molina, al tiempo que se preguntó "si previo al decreto se liberaban a presos incumpliendo la ley".

Dos problemas

El diputado identificó "dos problemas" del sistema carcelario santafesino: "Uno es la falta de preparación para acompañar y encauzar el deseo de libertad del condenado y otro que las cárceles se convierten en depósitos de personas, que no cumplen con mínimos requisitos de humanidad donde nadie hace un seguimiento real del recluso. En este contexto, evaluar una conducta y concepto es una gran falacia y todo se reduce a formalismos".

Por esta razón, López Molina exigió que "las autoridades provinciales resuelvan las cuestiones de fondo del sistema penitenciario porque este decreto no modifica ni mejora los problemas de corrupción actual".

El día posterior

La crítica del diputado macrista se produjo un día después de trascender que, por medio de un decreto, el gobernador Lifschitz endureció las evaluaciones para otorgar libertades y salidas transitorias; medida que se tomó a instancias del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, con el fin de evitar la salida prematura de condenados con alto perfil de peligrosidad.

La reforma fue basada por el gobierno en la necesidad de brindar a jueces y fiscales herramientas normativas más precisas a la hora de evaluar el otorgamiento de libertades y salidas transitorias. Contempla la voluntad de evaluar más restrictivamente la situación de ofensores sexuales, reincidentes y otras categorías de condenados que se consideran de mayor peligrosidad.