Un tribunal oral federal de Rosario condenó al narco Delfín David Zacarías por el delito de lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad y como miembro de una organización criminal que integraban varios miembros de su familia. Por estos delitos, los jueces le impusieron una pena de seis años de prisión y el pago de una multa de 40 millones de pesos. Sin embargo, como Zacarías ya tenía una condena anterior a 16 años de prisión, la unificaron en 19 años.

Junto a Zacarías también fueron sentenciados Sandra Inés Marín (5 años de prisión), Joel Abel Zacarías (4 años y seis meses), Flavia Leilén Zacarías (4 años y seis meses), Fernando Ermacora (tres años), Gloria Amanda Ruth Zacarías (tres años) y Gonzalo Román Jaime (tres años).

La pena de Marín se unificó con una anterior en 18 años, la Flavia Zacarías en 8 años y seis meses y la de Joel Zacarías en 7 años y seis meses, porque todos tenían condenas anteriores.

Marín es la esposa de Delfín Zacarías. Gloria es la hermana y Joel y Flavia son los hijos.

En el mismo fallo absolvieron por el beneficio de la duda a Jorge Roberto Zacarías, hermano de Delfín, y a su cuñado, Néstor Fernández. El fallo está firmado por los jueces Otmar Paulucci, Germán Sutter Schneider y Ricardo Vázquez, aunque Sutter firmó en disidencia un voto que también condenaba a Roberto Zacarías y Fernández.

El juicio contra esta organización criminal comenzó en julio y durante las audiencias se puso de manifiesto que había un mecanismo rutinario para evitar que quedara al descubierto que un mismo grupo había acopiado bienes multimillonarios.

La adquisición de lotes, por ejemplo, se hacía casi su totalidad mediante instrumentos privados como boletos de compra-venta, poderes y cesiones de derecho. La opacidad de esas acciones dejaba a los bienes lejos de los radares estatales creados al efecto de controlar el origen de fondos utilizados, la capacidad tributaria y financiera para realizar dichas compras y su inscripción registral.

El fiscal Federico Reynares expuso durante el juicio un prolijo inventario de los bienes que la estructura familiar atesoró. Para ello, sobre todo en compra de inmuebles se utilizó para la escrituración a testaferros, algunos integrantes de la familia, a fin de desviar la atención sobre el líder del clan. Lo principal fue la adquisición de decenas de lotes en barrios cerrados, cocheras y vehículos que se ponían en la empresa de remises de Granadero Baigorria que el mismo municipio utilizaba para traslados. Y los terrenos para levantar un polideportivo en pleno centro de San Lorenzo.

La actividad de los investigadores determinó inversiones diversas y lavado de activos por un total de 3.465.646 dólares. Como punto sobresaliente está la compra de 77 lotes a través de instrumentos privados y con prestanombres. Entre ellos 20 lotes en Tierra de Sueños III de Roldán (200 mil dólares), 17 en Tierra de Sueños de Puerto San Martín (219 mil dólares), nueve en Tierra de Sueños Boating en Arroyo Seco (174 mil dólares), tres en Tierra de Sueños II en Roldán (62 mil dólares), un fideicomiso de 25 mil dólares por un departamento en Habiter Lagos, dos lotes en la costanera de San Lorenzo (144 mil dólares), y cuatro espacios en el edificio Torre Shopping de la zona norte de Rosario por 25 mil dólares.

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Destaca el Polideportivo Congreso de San Lorenzo, en pleno centro de esa ciudad, en la ochava de Vélez Sarsfield y Congreso. Según el alegato de la fiscalía, el grupo de Zacarías invirtió allí 1.143.888,64 dólares. Un detalle significativo de la etapa instructoria de la investigación lo aportó el testimonio de la arquitecta que estuvo involucrada en la obra, que se interrumpió al divulgarse en 2013 que David Zacarías había atesorado una enorme cantidad de bienes sin procedencia legalmente declarada: la profesional señaló que todos los trámites para la habilitación de una obra de enorme escala la hacía el propio Zacarías un hombre condenado con anterioridad por comercio de drogas en el propio municipio. A los tres meses de eso a Zacarías lo descubrieron en plena fabricación de cocaína y con 300 kilos de esa sustancia en una casa en Funes.

El fiscal se detuvo con énfasis en que hubo una adhesión a la Ley de Blanqueo 26.476 de 2008 por parte de Flavia Zacarías, Néstor Fernández (terminó absuelto), Gonzalo Jaime y Gloria Ruth Zacarias, "como modo de justificar que el dinero aplicado a la compra de bienes se encontraba declarado ante los organismos tributarios sin por ello dar cuenta el origen lícito de los mismos". Vale decir que este instrumento normativo le sirvió al grupo para justificar la posesión legal de dinero y bienes procedentes de hechos ilegales.