El Ministerio de Seguridad de Santa Fe reveló que en los primeros cinco meses de 2008 el secuestro de cocaína en operativos antidroga en la provincia se multiplicó por diez. De enero a mayo fueron decomisados, en todo el territorio provincial, 38,6 kilos de cocaína. Mientras que en igual período de 2007 se habían interceptado 3,76 kilos de la misma droga.

La cifra oficial no tuvo en cuenta el operativo que, el jueves pasado, desmanteló dos cocinas elaboradoras de pasta base de cocaína en Rosario. Esa acción implicó la confiscación de 20 kilos de esa sustancia. Si se suma tal cantidad a lo incautado en los operativos anteriores de 2008, en lo que va del año la magnitud secuestrada por la policía es 58,6 kilos de cocaína. Lo que supone casi 16 veces más que en igual lapso de 2007.

Marihuana. La estadística oficial en los primeros cinco meses de 2008 señala que, en cuanto a marihuana, se decomisaron 605,5 kilogramos, contra los 19,3 kilogramos del período enero-mayo de 2007. Esto supone 31 veces más.

Los operativos apuntan "a los grandes tenedores y distribuidores y no a los pequeños consumidores", indicó el ministro de Seguridad, Daniel Cuenca. La significativa diferencia de los volumenes secuestrados refleja, para el ministro, que la intención es poner en foco a los sectores que controlan la comercialización y reprimir su actividad.

Cuenca aclaró, además, que "la fase represiva es la última instancia" a aplicar, ya que "la mejor lucha contra la droga es la prevención, que desde el Ministerio de Seguridad se trabaja en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Comunitaria".

El secretario de Seguridad Pública, Carlos Iparraguirre, expuso la relación entre droga y violencia delictiva. "Por esta razón, la persecución de la comercialización se convierte en una de las acciones que con mayor énfasis hemos encarado a través del accionar de la policía", sostuvo.

El comisario Hugo Tognoli, director general de Prevención y Control de Adicciones, reiteró la consigna oficial. "La estrategia es atacar al gran distribuidor. Ahora en los procedimientos, en razón de lo secuestrado, hablamos de kilos y no de gramos", enfatizó.

A qué apuntar. El énfasis del gobierno provincial en proclamar el énfasis en reprimir la comercialización parece orientarse en dirección a la política antinarcóticos esbozada por la Nación, que analiza despenalizar en el país el consumo de drogas. A tal punto que, en marzo pasado, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, lo dejó en claro al exponer en el foro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Allí, Fernández anticipó que se estudia reformar la legislación para dejar de perseguir penalmente a los usuarios de estupefacientes y, en cambio, incluirlos en un sistema de salud. La despenalización, que sería un segundo paso de esta política, deberá debatirse en el Congreso.

En la Argentina rige la ley 23.737, dictada en 1989, un año después de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, que acentúa el castigo a los consumidores, al entender que son el primer eslabón de una cadena que termina en el narcotraficante.

El actual enfoque legal en política antidrogas, según el gobierno nacional, impulsa a los adictos a alejarse de los tratamientos de salud en nombre de evitar ser perseguidos penalmente. Además, según el ministro Fernández, la política desde 1989 redunda en detener a consumidores con bajas cantidades de droga y no en evitar el accionar de grandes narcotraficantes o condenar el lavado de dinero procedente de operaciones con drogas.