Una vivienda muy precaria, que no tenía ninguna condición para ser habitada y funcionaba como búnker o puesto de venta de drogas en Garibaldi al 200, en barrio Tablada, fue demolida este martes a la mañana, en un procedimiento judicial realizado en el marco de la ley provincial que combate el microtráfico de estupefacientes.

Según indicó la fiscal Brenda Debiasi, de la Unidad Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se trata de un inmueble que era investigado desde octubre del año pasado mediante intervenciones telefónicas a las personas vinculadas a la organización narco que aparece también como responsable de balaceras y amenazas.

Con ese procedimiento realizado esta mañana en barrio Tablada, ya suman 109 los inmuebles que fueron inactivados en toda la provincia desde que entró en vigor la norma que reprime la comercialización de drogas a baja escala, un fenómeno que en muchos casos deriva en hechos muy violentos en los suburbios de Rosario.

La historia del búnker en barrio Tablada

La fiscal Debiasi, fue una de las autoridades, junto a funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, que estuvo presente supervisando en el operativo que se llevó adelante hoy. Subrayó que la casa en cuestión “era un punto de venta de drogas ligado a una organización que era investigada desde septiembre pasado junto con la Unidad de Violencia Altamente Lesiva de la Fiscalía Regional 2. Particularmente abordamos en forma focalizada en barrio Tablada donde identificamos varias organizaciones que se disputaban el territorio por el comercio de estupefacientes”.

En declaraciones a LT8, la funcionaria precisó: “En esta organización en particular, identificamos a 15 personas que se dividían en su estructura con diferentes roles y operaban no solo en el comercio, sino también en relación a la violencia que se genera alrededor de esa actividad. Les hemos imputados al menos cuatro balaceras, una con heridos de arma de fuego, además de intimidaciones”, indicó la funcionaria del MPA.

El reclamo de los vecinos del búnker

Debiasi recordó que cuando la Policía y la Justicia allanaron ese lugar, donde hubo detenciones y secuestro de drogas, “los vecinos del barrio pidieron que se intervenga este lugar que era captado continuamente para el comercio de drogas. Cuando se allanó este lugar no se secuestraron armas, pero en otros procedimientos realizados sobre esta misma organización, se incautaron dos armas que se usaron para cometer delitos”.

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“Lamentablemente, se produjeron hechos de violencia en esta zona. Al intervenir Fiscalía en estas investigaciones tenemos el objetivo ayudar a reducir los índices de violencia en esta zona. Esta casa no tenía las condiciones mínimas para vivir. Cuando se hizo el ingreso para evaluar la condición edilicia, antes del derribo, se constató que no tenía electricidad, ni gas, ni condiciones sanitarias. Había un balde con un agujero que funcionaba como retrete. Era un inmueble que solo servía como puesto de venta de estupefacientes”, remarcó la fiscal.

Según la funcionaria, durante todo el proceso judicial previo al derrumbe de esa casa “no apareció ninguna persona que pudiera presentar un título de propiedad del lugar. Tenemos intervenciones telefónicas que datan de octubre en las que se hablaban de este punto de venta en particular. Las personas que forman parte de esa organización ya están identificadas. Gran parte de ellas ya fueron imputadas y las que no, se encuentran con pedido de captura”.

También en el lugar, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira sostuvo que el procedimiento “consolida el trabajo conjunto con el MPA para combatir la violencia que generan estos espacios ilegales”, y remarcó que las intervenciones permiten “recuperar la tranquilidad en los barrios”.