A mediados de septiembre, dos domicilios fueron allanados en el marco de una investigación federal por presunta discriminación y difusión reiterada de mensajes de odio contra la comunidad judía. La causa se inició a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía Federal por Gustavo Tenenbaum, empresario y titular de un conocido comercio de la peatonal Córdoba, quien sostuvo haber sido agredido con expresiones vinculadas a su religión.

A partir de esa presentación, la fiscal federal de Rosario Federica Tiscornia impulsó una investigación que derivó en procedimientos sobre domicilios vinculados a Mariano Soria, docente universitario e integrante de la Asamblea de Acción por Palestina. Durante los allanamientos, efectivos de la Policía Federal secuestraron cuatro libros de historia, una antigua pistola calibre .22 perteneciente a la familia del investigado, un teléfono celular, una notebook, una computadora y un pendrive.

Soria rechazó las acusaciones de antisemitismo y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a la política del Estado de Israel. “No soy antisemita ni nada por el estilo, sólo no estoy de acuerdo con el genocidio que está llevando a cabo el Estado de Israel contra el pueblo de Palestina. Es más, no tengo ningún problema con ninguna persona que profese la religión judía ni sea de ascendencia israelí”, afirmó.

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Los operativos fueron supervisados por el Juzgado Federal de Garantías Nº 3 de Rosario, a cargo de Eduardo Rodríguez Da Cruz, y estuvieron a cargo de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA). La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Tenembaum, integrante de distintas organizaciones de la colectividad como la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) y la Unión Sionista Argentina de Rosario (Usar).

Según la denuncia, un hombre difundía de manera sistemática contenido de carácter antisemita y mensajes en detrimento del pueblo judío mediante distintas plataformas digitales. A partir de la presentación, el Area de Atención Inicial y Casos Sencillos de la Fiscalía Penal Federal de Rosario, a cargo de la fiscal Federica Tiscornia, emitió un oficio judicial para que el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista llevara adelante las tareas correspondientes. Los investigadores realizaron tareas de campo y un seguimiento de publicaciones en redes sociales hasta identificar al sospechoso. De acuerdo con la información oficial sobre el procedimiento, los agentes establecieron que el hombre compartía de manera reiterada y encubierta textos e imágenes considerados perjudiciales para la comunidad judía, lo que ahora está bajo investigación.

Ante las denuncias y los allanamientos, Mariano Soria recibió no sólo el apoyo de las instituciones en que se desempeña como docente, sino también de las organizaciones sindicales y políticas que lo representan; como Amsafe y Coad. "Soy un docente que no está de acuerdo con el genocidio en Gaza. En septiembre pasado una empresa de Rosario financió un video en el que se apoyaba a la incursión del ejército israelí en la franja de Gaza. Nosotros desde la Asamblea de Acción por Palestina no estuvimos de acuerdo con el video y convocamos a un acto de repudio a la esquina de Corrientes y Córdoba, donde está instalada la empresa. Nunca hicimos nada que atente contra la condición del titular de la empresa ni contra la colectividad judía en Rosario ni contra las instalaciones de la firma", dijo Soria, quien estuvo acompañado durante la entrevista a La Capital por Julia Giordano, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos,(APDH).

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El día que allanaron su casa Soria no se encontraba. Fue el 30 de septiembre pasado, a las 6.30. "Me llamó un vecino así que llegué y les abrí la puerta a los policías. Me trataron bien y me secuestraron cuatro libros: "Los Palestinos Olvidados", "La limpieza Etnica en Palestina", "La Cuestión Judia" y "La irrupción Palestina 1936-1939". También incautaron una vieja pistola familiar. Había una remera de un congreso sobre Palestina que no tocaron y nada más".

La abogada sostuvo que "por el momento la Justicia lo tipificó bajo un acto discriminatorio, la ley 23.592, pero se investigó como una causa más grave. Se averiguó sobre Mariano, su pareja, su entorno y sus actividades sindicales. Encima se realizó un allanamiento avalado por un juez a las 6.30 de ese 30 de septiembre, un horario inhábil para ese operativo. El juez, que es el último garante ante una causa, en este caso ordenó un allanamiento", sostuvo. Y agregó que "el denunciante encuadró la acusación como discriminación y la Fiscalía pide la investigación por parte de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal. Eso es muy llamativo y sorprende además el grado de la investigación".

La abogada argumentó que "también llama la atención la competencia. En general los delitos de discriminación no indican que la competencia judicial sea federal. Es provincial y no se justificó la excepción, tampoco sabemos por qué actúa la Unidad Antiterrorista".

Soria quedó así implicado en una trama de difícil resolución. El sostiene que sólo no está de acuerdo con el "genocidio". "Nosotros desde APDH vamos a cuestionar la legalidad y la legitimidad del allanamiento. No se llevaron ningún material que podría entenderse como odio a la colectividad. No podemos olvidar que el derecho penal se usa cuando los otros mecanismos fallan. Hay muchos recursos jurídicos que podrían haber evitado esta acción penal".

En este marco, este martes 13 de octubre la agrupación Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad (FITU) realizará una conferencia de prensa a las 12.30 frente de los Tribunales Federales de Rosario, sitos en calle bulevar Oroño 940, para dar su posición sobre el tema.