Reynaldo Delfín Castedo, considerado como uno de los máximos capos narcos del país, fue condenado a 16 años de prisión como jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y el lavado de activos. La pena fue dispuesta por un tribunal salteño que, además, impuso penas de entre 3 y 9 años de cárcel para otros seis imputados y ordenó el decomiso de una finca de 19.954 hectáreas que se encuentra en el límite argentino boliviano, lugar por el cual se especula ingresaba la cocaína al país que se exportaba a Europa, en algunos casos tras pasar por el puerto de Rosario.

El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal 1 de Salta integrado por los jueces Federico Santiago Díaz, Marta Liliana Snopek y Mario Juárez Almaraz, quienes además condenaron a Castedo como partícipe necesario de falsificación material de documento público y coautor de falsedad ideológica de documento público agravada.

La investigación que llevó a la condena a Castedo y a otros integrantes de la asociación ilícita fue realizada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) que encabezan los fiscales generales Diego Iglesias y Eduardo Villalba. En el debate oral, que comenzó el 3 de noviembre de 2021 y finalizó esta semana, intervinieron el fiscal general Carlos Amad y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier.

En el mismo fallo, los jueces condenaron a Raúl Amadeo Castedo (hermano de Delfín) y al martillero público Eduardo Torino, a 9 años de prisión como miembros de una asociación ilícita. Por el mismo delito le impusieron 7 años de prisión a los comerciantes Alberto Yudi y Luis Yudi; mientras que la ex mujer del líder del clan, Melba del Carmen Araujo, recibió 5 años de prisión, y Mario Alberto Yudi (hijo de Alberto) fue condenado a 3 años de prisión por lavado de activos, pero fue absuelto por el beneficio de la duda como miembro de la organización. Además, todos los condenados deberán abonar multas de entre 90 mil y 1.200.000 pesos.

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Por otra parte se decomisó a favor del Estado Nacional la finca El Aybal, de 19.954 hectáreas y ubicada en el departamento salteño de San Martín, en el límite con Bolivia; y un Volkswagen Cross Fox en el que se movilizaba Melba Araujo y que quedó a disposición del gobierno de Salta para ser destinado a los ministerios de Salud o Educación.

Los fiscales Amad y Viltes Monier reseñaron los vínculos que los imputados tenían con otras organizaciones narcos tanto en Argentina como en Bolivia y Colombia, y también sus nexos con integrantes de fuerzas de seguridad, operadores de la Justicia provincial y federal.

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En base a las pruebas, los fiscales indicaron que "existió un acuerdo de voluntades entre los acusados dirigido a gestar una asociación ilícita con el objetivo de desarrollar actividades ligadas al narcotráfico, con un número indeterminado de otros delitos aleatorios". En este sentido, recordaron el homicidio de Liliana Ledesma, ocurrido el 21 de septiembre de 2006 en la localidad salteña de Salvador Mazza. La víctima había denunciado públicamente que los Castedo usaban la finca El Pajeal, en el límite internacional, para “pasar droga” desde territorio boliviano, más precisamente desde una propiedad perteneciente a Roxana Castedo, hermana de Delfín. De un lado, él aparecía como propietario de 28.000 hectáreas; del otro, Roxana dominaba otras 30.000. El clan era, virtualmente, el dueño de la frontera.

En su alegato, el fiscal Amad afirmó que la organización operó entre 1999 y 2016 cuando se detuvo a Castedo en la localidad bonaerense de Ituzaingó tras permanecer 10 años prófugo en el marco de la investigación por el crimen de Ledesma.

En 2006, dos años antes de pasar a la clandestinidad, Castedo había sido imputado como “líder de una asociación ilícita dedicada al tráfico de estupefacientes y por encubrimiento”, según se informó oportunamente, y los investigadores le atribuían ser uno de los principales proveedores de cocaína a bandas que traficaban a Europa.

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En ese marco, para la Justicia el clan Castedo fue el proveedor de la operación “Carbón Blanco”, el mayor contrabando de cocaína de la historia con cargamentos camuflados en carbón vegetal que salían desde la localidad chaqueña de Quitilipi y llegaban a España y a Portugal tras pasar por los puertos de Rosario y de Zárate. Esos envíos se habrían concretado entre 2005 y 2012 y los artífices de ese despliegue fueron los ya fallecidos Carlos Salvatore y Patricio Gorosito, condenados en su momento a 21 y 19 años de prisión, respectivamente.

A principios de 2021, Castedo fue absuelto en el caso “Carbón Blanco” aunque no se objetó el hecho de que haya sido el proveedor de la droga de dos embarques y la tenencia de un lote para un tercer envío que no se concretó porque le incautaron la droga escondida en un motorhome en la localidad bonaerense de Capilla del Señor. En esa causa, el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata decretó la prescripción de la acción penal en su contra porque habían pasado más de 12 años entre los hechos imputados (2005) y el momento en que fue citado a indagatoria (2012).