El arquitecto Joaquín Fernando Pérez fue asesinado el martes por la noche con dos armas distintas: una pistola calibre 40, cuyo proyectil le perforó el pecho, y un revólver calibre 38, cuya bala hirió a la víctima en la región inguinal. El dato fue confirmado a este diario por fuentes cercanas a la investigación tras una reunión que el fiscal de la Unidad de Homicidios Adrián Spelta, a cargo de la pesquisa, y la fiscal regional María Eugenia Iribarren, mantuvieran con los familiares del joven asesinado para robarle el auto frente a una cochera de pasaje Muñiz al 1200, en el barrio de Arroyito.

En tanto, el Renault Clio 1.2 modelo 2006 que le robaron a Pérez y que los delincuentes dejaron abandonado horas después del ataque letal con el motor en marcha y las llaves puestas en Flynn y Olivé y con una pistola calibre 40 marca Steyr en su interior, permanece incautado y fue llevado a la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) donde será peritado en busca de huellas o rastros que permitan dar con los homicidas.

También será sometida a pericias la pistola que los delincuentes dejaron en el vehículo y que tiene su numeración visible. Ese dato permitió dar con el titular registral de la misma, un hombre fallecido en 2016 y al que se la habrían robado hace varios años en un asalto a su vivienda de una población del departamento Iriondo, a unos 70 kilómetros al noroeste de Rosario, hecho que no habría sido denunciado en aquella ocasión. Esa pistola de grueso calibre es poco común en la provincia de Santa Fe y en el mercado negro callejero tiene un valor de entre 50 mil a 70 mil pesos.

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Lo cierto es que con las dos heridas en su cuerpo, Joaquín alcanzó a correr unos 70 metros desde la cochera donde guardaba su auto en pasaje Muñiz al 1200 hasta la puerta de su casa, en Juan B. Justo al 1700. Allí fue asistido por Indiana, su esposa, quien tenía en brazo a su hijita de dos años. También llegaron al lugar vecinos que escucharon los disparos y que llamaron al Sies, cuya ambulancia llegó unos 15 minutos después para trasladar a la víctima al Hospital de Emergencias donde falleció.

En ese sentido Daniel Fernández, delegado de los empleados de Sies, denunció ayer que “la ambulancia patente AB060YV era la única disponible en ese momento y que no podía circular a más de 40 kilómetros por hora por un desperfecto en la bomba de gasoil”, y agregó que “de las 8 ambulancias en existencia cuatro están fuera de servicio por desperfectos mecánicos”. Vale recordar que el reclamo de los trabajadores del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias viene repitiéndose desde hace un largo tiempo sin encontrar soluciones.

El jueves el vocero del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sebastián Carranza, indicó que el hecho se trató de un robo al voleo. “Agotadas algunas instancias de investigación, por el momento no hay ningún indicio que arroje que este crimen no se trató de otro hecho que no sea un robo al voleo puesto que no fue planificado”. También remarcó que “hay algunos indicios concretos para dar con los autores y la mecánica del hecho en base a informaciones que recibió el fiscal Adrián Spelta”.

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Ayer, en tanto, tras la reunión de los fiscales con familiares de Joaquín Pérez, en un comunicado con la firma del propio Carranza, el funcionario sostuvo que los deudos del arquitecto asesinado manifestaron “el dolor que generó la viralización de videos relacionados al homicidio en dónde se observa a la víctima momentos luego de ser herido como así también la utilización en medios de comunicación y redes sociales de fotografías privadas de la víctima donde se expone junto a su hija menor de edad y en su casamiento, fotos que se encontraban en la red social Facebook en modo de acceso privado”.

“La Fiscalía puso en conocimiento de los familiares la apertura de una investigación penal en relación a la filtración de dichos videos que se encontraban en el marco de evidencia a preservar para la investigación en curso”, agregó Carranza. Y transmitió “el pedido de la familia de la víctima _y adherimos en la solicitud_ del cese de la reproducción de dichos videos y la exposición de fotografías personales de la víctima y su familia en los diferentes medios de comunicación y sus redes sociales”. Sin embargo nada dijo del avance de la pesquisa.

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El homicidio de Pérez desató un grito de clamor en el barrio de Arroyito que rápidamente se extendió a otros puntos de la ciudad. Así las cosas la noche del jueves unas 3 mil personas se concentraron en la esquina de Juan B. Justo y bulevar Rondeau. Allí la gente se deshizo en insultos contra distintos actores políticos a quienes hicieron responsables de la falta de seguridad, el número creciente de homicidios en la ciudad y la falta de esclarecimiento de muchos de esos casos por parte de la Justicia. Como hacía mucho tiempo se volvió a escuchar “que se vayan todos, que no quede ni uno sólo” como un grito de guerra atragantado.

“Que no haya más Joaquín Pérez en esta ciudad. Que den la cara los políticos, que hagan algo los jueces, ayuden al pueblo. ¡Traidores de la patria! A mí me ayudaron más los vecinos que los políticos”, gritó Leandro, el hermano de Joaquín, mientras sostenía una bandera negra junto a su cuñada Indiana con la consigna: “Justicia por Joaquín”.

Horas después del asesinato, el ministro de Seguridad Jorge Lagna indicó que por disposición del gobernador Omar Perotti se había decidido ofertar una recompensa de un millón de pesos a quien aportara datos certeros y chequeables sobre los autores del asesinato, para motorizar la pesquisa. Según trascendió, hasta el cierre de esta publicación no había ningún aporte al respecto.∏