La Justicia de Rosario homologó un procedimiento abreviado y condenó al ex empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a la pena de 3 años de ejecución condicional y 5 años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público, además de otras reglas de conducta por el término de 4 años al considerarlo responsable del robo de llaves y una chequera de la Asociación de Fiscales, manibra en la que además falsificó firmas de ex fiscales Fernando Rodrigo y Matías Merlo.

En síntesis, la fiscal Ana Laura Milicic de la Unidad de Investigación y Juicio le atribuyó a Raúl Hoischiter, de 51 años, los delitos de “hurto calificado por empleo de llave verdadera que hubiere sido hallada y/o retenida; Falsificación de un instrumento privado equiparado a público, en concurso real con uso de documento falso, en calidad de autor”, hechos perpetrados el pasado 18 de noviembre de 2016 y 10 de agosto de 2017 dentro de la oficina de Moreno al 1000, donde funcionaba la oficina del condenado Rodrigo por espiar a empleados del MPA y a su ex pareja.

Según la investigación, Hoischiter se apoderó de una llave para robar una chequera perteneciente al Nuevo Banco de Santa Fe, correspondiente a una cuenta corriente de la Asociación de Fiscales del M PA, la cual se hallaba debidamente guardada en el escritorio del ex funcionario condenado.

Asimismo, Milicic pudo corroborar que le provocó un perjuicio económico de $78.300 a la Asociación de Fiscales y a la entidad crediticia tras extender nueve cheques (todos con fecha durante 2018) y falsificar la firma de Rodrigo y Merlo, quienes eran presidente y teroreso de la entidad, respectivamente en esa oportunidad.

También, Milicic le endilgó el haber hecho uso de tales documentos falsos para entregarlos como títulos de crédito, los cuales fueron endosados y presentados al cobro en diferentes entidades bancarias por terceras personas.

De esta manera, tras arribar a un juicio abreviado, el juez de primera instancia Facundo Becerra dictaminó la sentencia por la que Hoischiter deberá cumplir por el plazo de 4 años las siguientes reglas de conducta: fijar residencia y someterse al control de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria (DPCAPP).

Esta es la segunda condena que afronta el acusado, puesto que presentaba una pena desde el 1º de diciembre de 2020, que quedó firme el 18 de diciembre de ese año a la pena de un año de ejecución condicional tras haberle encontrado una computadora oficial en su casa. No obstante, el 3 de octubre de 2018 fue suspendido por 90 días sin goce de haberes mientras se desempeñaba en la oficina de Lesiones Culposas hasta que en junio de este año se decretó el cese de servicios como funcionario público.