En la casa del barrio Santa Lucía estaban cenando cuando escucharon disparos en el frente. “Eran siete explosiones. Cubrí a mis hijos debajo de la cama y cuando salimos a ver había siete tiros en mi auto”, contó la dueña de la vivienda sobre esa balacera que sufrió a fines de octubre del año pasado, un día antes de recibir un llamado extorsivo exigiendo 30 mil pesos. Asustadas, las víctimas transfirieron el dinero e incluso decidieron mudarse y hasta cambiar de celulares. La cuenta a la que remitieron el dinero era una caja de ahorros de una mujer cuya pareja estaba en la cárcel y que este lunes fue condenada a 3 años de prisión efectiva por colaborar con la extorsión.

La mujer de 37 años estuvo ocho meses en prisión preventiva. En diciembre fue a averiguar por qué habían congelado su cuenta del Banco Nación y quedó detenida en una causa por extorsión. Según consta en el juicio abreviado que acordaron con su defensa los fiscales Federico Rébola y Franco Carbone, nada demuestra que ella haya tenido un dominio del plan delictivo, que haya intervenido en la balacera o en la exigencia de dinero posterior a las víctimas. El aporte se limitó a otorgar su cuenta bancaria, de la que retiró el dinero transferido por las víctimas el mismo día. Por eso la acusación original como coautora de extorsión agravada se redujo a la de partícipe secundaria de ese delito.

La condena que dictó la tarde del lunes el juez Gonzalo Fernández Bussy a Marcela S. tiene en cuenta no sólo la ausencia de antecedentes penales de la mujer sino también su escasa formación académica (no terminó la escuela primaria) y su situación laboral. Antes de quedar detenida trabajaba como mucama, cocinera y en tareas de limpieza en un geriátrico. Es madre de al menos un niño pequeño y en una causa que la tiene como víctima de violencia de género dijo estar presa por culpa de su pareja.

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Sin embargo, para la acusación, que haya retirado en el momento el dinero de la extorsión no puede ser considerado una mera casualidad. También se consideró en su favor que haya asumido su responsabilidad con la firma del abreviado. “La participación se circunscribió a aportar la cuenta bancaria a la cual las víctimas realizaron la transferencia y el dinero fue extraído de la misma, lo cual impide pensar que recibió esa suma sin conocimiento del motivo”, plantearon los fiscales.

Explosiones

La saga comenzó el 29 de octubre del año pasado cuando dos personas en moto dispararon hacia una casa del barrio Santa Lucía. Uno de los proyectiles impactó al lado del portón de la cochera y otro entró por la ventana de una casa lindera. El resto de las balas agujereó un Peugeot 307 estacionado enfrente y destrozó el parabrisas trasero y una ventanilla. “Estábamos cenando con mi familia cuando de repente escuchamos siete explosiones. Cubrí a mis hijos debajo de la cama y cuando salimos vi el auto baleado. Nunca recibimos amenazas, esta agresión nos agarró por sorpresa”, denunció al mes la dueña de casa.

La tarde siguiente la pareja de la mujer recibió un llamado a un celular desde un número privado. Un hombre le dijo que era parte de las personas que habían ido a balear su casa y que si quería que no ocurrieran más disparos tenía que pagar 50 mil pesos. Le advirtió que si no pagaban sabían dónde vivían, los datos de sus hijos y a qué colegio iban. Las víctimas respondieron que no tenían ese dinero. El extorsionador accedió a recibir 30 mil pesos que las víctimas reunieron con la ayuda de su familia.

El mismo día transfirieron el dinero desde una cuenta de Mercado Pago a una caja de ahorros del Banco Nación a nombre de Marcela S. y enviaron captura del comprobante. En el movimiento de la cuenta bancaria se comprobó que la titular realizó ese día extracciones consecutivas de 5 mil pesos hasta sumar 30 mil.

“Le pregunté si podía volver a mi casa y me aseguró que no me iba a molestar más, que podía volver tranquila, que él también tiene hijos”, contó la víctima, madre de tres chicos de 1 a 9 años.

La familia extorsionada estuvo un tiempo lejos del barrio pero en noviembre decidió volver. El 11 de ese mes el padre de la mujer, que vivía en la casa lindera baleada en la ventana, salió a tomar mates a la vereda y encontró dos balas. Una depositada en la misma ventana y otra sobre un tronco que usaba como banco. Entonces decidieron hacer la denuncia. “Nosotros somos albañiles, no tenemos problemas con nadie, no sabemos de dónde puede venir esto”, planteó su hija a la policía.

“Le digo la verdad maestro —declaró la pareja de la mujer— no sé de dónde viene, no sé por qué. Nosotros estamos re asustados, no queremos ni estar en casa, es más pusimos la casa en venta para irnos de ese barrio porque no sabés qué te puede pasar. Tengo tres chicos, no quiero que sucedan más estas cosas”.

La investigación incluyó un allanamiento a la celda 15 de la Unidad 3, donde se encontró un celular Samsung destruido. La tarjeta sim estaba a nombre de Marcela, detenida un mes más tarde y que a partir de la firma del acuerdo abreviado, ya con la sentencia firme, podría solicitar la libertad condicional. Sobre su pareja, uno de los internos de la celda 15, no se reunió evidencia suficiente para imputarlo en el plan extorsivo.