“Si querés asegurar la seguridad de tu familia tenés que poner plata. Si no me pagás, a la noche van a estar muertos los tres: vos, tu mujer y tu hija en la pileta”. Ese mensaje amenazante recibió en marzo del año pasado un matrimonio de comerciantes de la zona oeste; el primero de una serie de llamados similares recordándoles que “la vida no tiene precio”. A partir de la denuncia, cuatro personas fueron acusadas de integrar una asociación ilícita que realizaba extorsiones telefónicas a órdenes de un jefe preso en la cárcel de Coronda. Uno de ellos, un joven de 24 años, fue condenado a 3 años de prisión efectiva como miembro de la organización.

Se trata de Cristian Ignacio Arce, quien aceptó la pena en un acuerdo abreviado entre su defensor y el fiscal Pablo Socca. El juez Carlos Leiva dictó la condena la tarde de este miércoles en el Centro de Justicia Penal. De 24 años y sin antecedentes penales, Arce fue considerado un auxiliar o colaborador a órdenes de los principales acusados: Guillermo Leandro G., un preso imputado como el jefe del grupo, y Lucas Esteban G, sindicado como organizador. Un cuarto acusado como ayudante es Brian Laureano C.

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Según la condena, Arce cumplía órdenes de G. “sin actuar de manera independiente ni tomar decisiones trascendentes”. Fue detenido junto a Brian C. la tarde del 16 de marzo de 2023 luego de que rompieran la ventanilla de un Citroen C3 estacionado en Nansen y Mazzini. Del auto sustrajeron un celular, un bolso con documentación, dinero en efectivo, un juego de llaves y tarjetas de crédito y débito. Desde allí fueron hasta el shopping Alto Rosario e intentaron comprar con las tarjetas dos pares de zapatillas Puma. Los apresaron y devolvieron lo que habían robado. Es por esto que además fue condenado por el delito de robo simple.

La investigación arrancó con la denuncia de un hombre de 47 años, dueño de un pequeño comercio, por las amenazas telefónicas que recibían él y su esposa. “Si querés tener el negocio seguro, cuidado, tenés que pagarme”, le advirtieron a la mujer en uno de los llamados, seguido de mensajes de texto reclamando 500 mil pesos por la “seguridad” de su marido y su hija.

“La vida no tiene precio: por hacerte el canchero la va a pagar tu hija. La vamos a capturar”, insistieron luego ante el comerciante, que denunció las extorsiones e indicó que no tenía problemas ni deudas con nadie. “Tengo miedo por mi vida, la vida de mi esposo y la de mi hija, no puedo dormir desde hace tres días, necesito una solución”, reclamó su esposa días después al requerir custodia para su domicilio.

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La pesquisa desembocó en el penal de Coronda. El 17 de octubre pasado la ex Agencia de Investigación Criminal allanó la celda de G., quien aparecía en escuchas telefónicas como el líder de una pequeña gavilla a la que se le atribuye, además, otro hecho similar de aprietes telefónicos. Había ingresado a prisión por delitos contra la propiedad. En mayo de 2020 lo habían apresado en Pueblo Esther al mando de una moto robada y con una pistola. En su celda se secuestró un celular.

Además hubo ocho allanamientos en Rosario y General Lagos que arrojaron el secuestro de tres armas de fuego: un revólver calibre 38, una pistola calibre 11.25, un revólver calibre 22 y cientos de cartuchos. Se incautaron unos 680 mil pesos. De acuerdo con la investigación, la actividad extorsiva fue desarrollada por el interno G. junto a Lucas G. cuando ambos compartieron pabellón en 2020, antes de que este recuperara la libertad, y entre ambos proveían de teléfonos, chips y elementos de telefonía a los colaboradores.