“No buscábamos detenciones concretamente, sino información”. En media docena de palabras el fiscal Franco Carbone sintetizó el detrás de escena de una serie de 46 allanamientos realizados en distintos lugares de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Pueblo Esther, así como en 98 calabozos de una decena de pabellones de la cárcel de Piñero, entre ellos los calificados como “de alto perfil”. Las requisas se ordenaron en el marco de la investigación sobre las dos balaceras con amenazas contra el gobernador Maximiliano Pullaro registradas esta semana como presunta reacción contra las medidas ordenadas con el fin de prevenir el gerenciamiento del delito desde las cárceles donde están detenidos los principales cabecillas de las organizaciones criminales.

“Tenemos conexiones que nos permiten pensar que en los teléfonos secuestrados vamos a tener resultados positivos” señaló este jueves al mediodía Carbone en una rueda de prensa realizada en Necochea al 3500, en barrio Tablada. Así se dio a conocer una de las “gemas” de la requisa: en el pabellón 9, conocido como el “pabellón del Peruano”, encontraron un acopio de droga lista para la venta, lo que podría catalogarse como un “búnker tumbero”.

“Requisamos por tercera vez esta semana algunos pabellones y nos encontramos, para nuestra sorpresa, con celulares. En un pabellón había un búnker en una celda. Había 50 y pico de bochas de marihuana prensada para la venta al menudeo”, explicó Carbone en referencia a la droga hallada.

Otro detalle que trascendió es que en el Servicio Penitenciario estarían reservando un lugar como preso de alto perfil a Andrés “Pillín” Bracamonte, en el caso de que se le dicte prisión preventiva al término de la extensa audiencia en la que el jefe de la barra de Central está siendo imputado junto con el secretario general de la Uocra, Carlos Vergara, por presuntos negocios turbios y extorsivos. Esa audiencia, aún en proceso, podría finalizar entre mañana y el lunes.

En "Pinolandia"

Los allanamientos realizados sobre el entorno de algunos pesos pesados del hampa local alojados en Piñero, “Pinolandia” para los presos y sus familias, comenzó a gestarse luego de los ataques a balazos _entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles_ contra una sucursal del Banco Macro de zona sur, una escuela y el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca). En el banco y en el Heca los gatilleros dejaron carteles con amenazas de muerte hacia el gobernador Pullaro y su familia. Uno fue firmado por “el pabellón 9” y otro por “Pinolandia”.

Para los fiscales Carbone, Pablo Socca y Federico Rébola, quienes llevan adelante la investigación de los ataques con amenazas, la génesis de la agresión contra Pullaro estuvo en el restablecimiento de los pabellones para presos considerados de alto perfil donde se aplica un régimen de control más severo. Así, el martes se trasladó a esos sectores a una serie de reclusos como Ariel Máximo “Viejo” Cantero, socio fundador de Los Monos; Gastón Alejandro Berlari, Leandro “Chulo” Olivera, Carlos “Berraco” Olguín, el puntero narco político Marcos Jeremías “Pato” Mac Caddon, Valentino “Valen” Barjacoba, integrante de la banda de Alan Funes, y Ariel “Teletubi” Acosta, hombre de René “Brujo” Ungaro en barrio Parque del Mercado.

También fueron movidos Walter “Viejo” González, líder de la banda que lleva su nombre en barrio Copello de Capitán Bermúdez; Juan José “Salteño” Villazón, cuya familia fue blanco del ataque en el que murió el niño Máximo Jerez en marzo pasado en Empalme Graneros; Fabio Alejandro Giménez, gatillero al mejor postor y proveedor de tiratiros en Santa Lucía, y varios pesados de barrio Ludueña como Franco “Milanesa” Almaraz, Mauro Gerez y Andy Fabián Benítez.

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“Tenemos la fuerte sospecha, de hecho es la principal hipótesis, de que fue una instigación desde la cárcel como una primera reacción a lo que hizo el gobierno en (la cárcel de) Piñero”, indicó Carbone en relación a los traslados de ese tipo de internos.

En ese contexto los fiscales trabajan en dos teorías de investigación acerca de quiénes firmaron los carteles amenazantes. Una es que quien pergenió el ataque con mensajería tumbera haya sido un preso que fue delegado del 9, que responde a Julio “Peruano” Rodríguez Granthon y que fue trasladado el martes al pabellón 25.

La otra teoría es que internos de otros pabellones como el 6, 7, 8 y 27 _también afectados a esos cambios_ hayan firmado la misiva contra Pullaro fingiendo estar alojados en el 9 para dejar a ese pabellón en el ojo de la tormenta y no ser los únicos afectados por la tormenta de traslados “a lo Bukele” (en alusión al presidente de El Salvador y su política de extrema mano dura en las cárceles). Algo que en la jerga se le puede denominar como “tumbeada” y que antes se decía “embagallar”, lo que implica exponer a alguien por una acción en la que no participó.

Reacomodamiento

“A partir del reacomodamiento de presos en Piñero se produjeron los ataques. A partir de ello ordenamos requisas en los pabellones 6, 7, 8 y 9 de esa cárcel. A continuación, se dio el otro ataque al Heca. Y tras requisar por tercera vez algunos pabellones, encontramos y una suerte de búnker en una de las celdas donde había más de 50 envoltorios con marihuana prensada ya lista para la venta al menudeo”, explicó el fiscal Carbone.

El fiscal hizo una breve pero clarificadora semblanza acerca de qué considera un preso de alto perfil. Dijo que eran personas con condena firme de entre 10 y hasta 30 años de prisión e incluso algunos con prisión perpetua. Los allanamientos fueron direccionados hacia los núcleos de pertenencia de personas detenidas en los pabellones 6, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29 e incluso en el Resguardo Modulo B.

En los allanamientos hubo un solo detenido, Roberto Ignacio Ch., quien quedó a disposición de la fiscal de homicidios Gisella Paolicelli. Además se secuestraron 65 teléfonos celulares, más de 600 mil pesos, 50 dólares, tres camionetas, dos autos de alta gama, dos motos, dos chapas patentes, una planta de marihuana, un arma de fuego, dos caños de escopeta y una caja de cartucho calibre 32, según se precisó oficialmente.

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En la misma rueda de prensa en la que habló el fiscal Carbone el secretario de Seguridad Pública del gobierno provincial, Omar Pereira, indicó: “Estamos ante reacciones que sabíamos que iban a ocurrir aunque desconocíamos cuáles iban a ser. Pero como ya lo dijo el ministro (de Seguridad y Justicia, Pablo) Cococcioni, no nos vamos a apartar ni un milímetro de lo que ya está planificado y proyectado”.

El funcionario agregó que de encontrar algún tipo de irregularidad entre el personal del Servicio Penitenciario, “se iniciarán los sumarios administrativos internos con intervención de la justicia”.