El proceso penal sobre la primera denuncia contra la partera Dolly sufrió un nuevo retraso. El Juzgado Federal 4 de Rosario decidió reprogramar la declaración indagatoria que había pedido el Ministerio Público Fiscal (MPF) para avanzar en la investigación sobre uno de los casos de apropiación de bebés que involucran a la anciana.

La audiencia estaba prevista para este miércoles en el palacio de bulevar Oroño y Rioja, pero finalmente se postergó hasta la semana siguiente. Entonces se tratará la situación de Roberto Fargioni, cuya identidad biológica fue suprimida en 1978 mediante documentos falsos sobre el vínculo con sus padres de crianza.

En principio, la mujer de 88 años será indagada el martes 20 de octubre en los Tribunales federales de Rosario. En encuentros previos compareció por videoconferencia, mientras que la defensa estuvo presente en la sala.

¿Por qué denunciaron a la partera Dolly?

A través de un examen de ADN, Fargioni descubrió que no tenía vínculo genético con sus padres. Por entonces tenía 36 años. Una década más tarde, hizo una denuncia penal por supresión de identidad. Inicialmente, acudió al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y más adelante lo aceptaron como querellante en el fuero federal.

El certificado de nacimiento de uno de los creadores del grupo Cardumen llevaba la firma de Dolly, que por entonces trabajaba en el Hospital Roque Sáenz Peña. A partir de su búsqueda, la exobstetra del nosocomio municipal fue imputada por otros seis casos de apropiación de personas nacidas entre 1968 y 1980. Entre ellas se cuenta su hija adoptiva Liliana Garrido.

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Mientras el equipo del MPF analizaba nuevos testimonios y evidencia, la defensa de la anciana pidió la prescripción de la causa penal que impulsó Fargioni en noviembre de 2023. La Cámara Federal de Apelaciones se pronunció en contra de la solicitud y fijó un plazo de un año para avanzar con la investigación. De esta manera se confirmó la calificación legal de los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una menor de 10 años, así como la falsedad ideológica de instrumento público.

El primer llamado a declaración indagatoria en el marco del viejo sistema procesal penal había sido rechazado el último 7 de abril. El tribunal de alzada revirtió la decisión y esto permitió fijar una nueva fecha para retomar el proceso.

Certificados de nacimiento y análisis de ADN

Uno de los elementos considerados por la Cámara de Apelaciones es el acta de nacimiento del denunciante. Según consta en la resolución, el documento del 9 de septiembre de 1978 fue certificado por la entonces obstetra Dolly E. Viale de Garrido.

También se incorporó un estudio de ADN realizado por la Fundación INGEN que, de acuerdo con el informe citado por el tribunal, excluyó la existencia de vínculo de maternidad y paternidad entre las personas identificadas como madre y padre y quien fuera identificado como hijo.

A eso se sumó un informe del Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario, según el cual Viale se desempeñó como profesional auxiliar obstetra en el Hospital Roque Sáenz Peña. Allí cubrió 36 horas semanales entre agosto de 1964 y febrero de 1992.

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Otro elemento destacado por el tribunal fue un informe del Ministerio de Justicia del 18 de marzo de 2026, en el que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) comunicó la existencia de otras siete situaciones similares. Se trata de personas que tienen dudas respecto de su identidad y cuyas partidas de nacimiento también fueron firmadas por Viale.

La investigación incorporó además elementos obtenidos posteriormente al recurso de apelación. Entre ellos figuran entrevistas realizadas en abril de este año y un certificado de nacido vivo en blanco que fue secuestrado durante un allanamiento en el domicilio de la denunciada. En ese procedimiento también se encontró una copia digitalizada de su título universitario como obstetra.

A partir de ese conjunto de elementos, el juez Aníbal Pineda sostuvo que existen suficientes motivos de sospecha para recibirle declaración indagatoria a Viale en los términos previstos por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.