El Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó este martes que la partera Dolly deberá prestar declaración indagatoria la semana que viene en los Tribunales de Rosario. La fecha se definió después del rechazo del pedido de prescripción de la causa asociada a la denuncia de su hija adoptiva.

Fuentes oficiales anunciaron que la mujer de 88 años fue citada para el miércoles 14 de octubre. En esta instancia tendrá que responder sobre la supresión de identidad de Roberto Fargioni, uno de los creadores del grupo que busca esclarecer múltiples casos similares registrados a nivel local desde la época anterior a la última dictadura militar en Argentina.

La causa está en manos del Juzgado Federal 4 de Rosario y se tramita en el viejo sistema escrito. Por otra parte, los encargados del expediente también pidieron una audiencia en otra instancia sobre la hermana de la partera, que también fue mencionada por algunas víctimas como partícipe en la falsificación de documentos para entregar a los bebés. En este caso, el MPF decidió pedir una prórroga de la investigación preliminar para imputarla.

¿Por qué denunciaron a la partera Dolly?

En 2014, Fargioni tenía 36 años y dudaba sobre el vínculo genético con sus padres biológicos. A partir de un examen de ADN, comprobó que era hijo de otras personas y casi una década más tarde decidió hacer una denuncia penal sobre supresión de identidad.

El certificado de nacimiento de uno de los creadores del grupo Cardumen llevaba la firma de Dolly, que por entonces trabajaba en el Hospital Roque Sáenz Peña. Inicialmente, Roberto acudió al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y más adelante lo aceptaron como querellante en el fuero federal.

>> Leer más: La otra Dolly: tres nuevos casos de una partera de barrio Parque que escapa de la Justicia

Además de este caso, la exobstetra del nosocomio municipal fue imputada por seis casos de apropiación de personas nacidas entre 1968 y 1980. Entre ellas se cuenta su hija adoptiva Liliana Garrido, otra integrante de Cardumen.

La semana anterior, la Cámara Federal de Apelaciones rechazó el pedido de prescripción de esta última causa por parte de la defensa de la anciana. La resolución de segunda instancia fijó un plazo de un año para avanzar con la investigación penal y confirmó la calificación legal de los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una menor de 10 años, así como la falsedad ideológica de instrumento público.