Una banda de diecinueve estafadores cordobeses comandada por al menos tres presos alojados en el pabellón 8 de la cárcel de la ciudad de Río Cuarto fueron acusados por la fiscal Viviana O'Connell, de la Unidad de Investigación y Juicio del Ministerio Público de la Acusación santafesino, por cometer al menos 15 hechos cuyas víctimas son rosarinas. En una audiencia imputativa que se prolongó a lo largo de dos jornadas, doce personas fueron acusados de integrar una asociación ilícita que se mantuvo en el tiempo entre noviembre de 2020 y abril de 2021; mientras los restantes quedaron implicados por ser prestadores de cuentas bancarias con las cuales la gavilla se ocupaba de licuar el dinero de las estafas hasta hacerlo imposible de rastrear. La jueza Silvia Laura Castelli dictó para ocho de los acusados, entre ellos los tres supuestos jefes de la asociación, prisión preventiva por el plazo de ley; otros cuatro fueron sancionados con prisión preventiva morigerada bajo la modalidad domiciliaria y los restantes quedaron en libertad tras el pago de fianzas que oscilaron entre los 50 mil y los 100 mil pesos.

La banda cometía estafas virtuales en las que sus integrantes fingían ser clientes en plataformas de ventas online y redes sociales, como Marketplace o Instagram, en las que las víctimas publicaban objetos a la venta. La modalidad utilizada es la conocida vulgarmente como “estafas telefónicas” en forma reiterada tanto en grado de tentativas como consumadas. Los falsos compradores depositaban dinero de más en las cuentas de los vendedores y posteriormente le reclamaban el excedente. Cuando esto pasaba, mediante un ardid o engaño, lograban obtener los números de cuenta bancarias de las víctimas, sus token de seguridad y a través del sistema de homebanking se las vaciaban. Una vez que se hacían con el dinero, lo movían frenéticamente entre otras cuentas de presta nombres hasta que la plata era casi imposible de rastrear. Hubo casos en los que, además, solicitaron préstamos bancarios a nombre de las víctimas.

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Dicha confluencia de voluntades, dijo la fiscal en su acusación, “implicó la asunción de roles intercambiables entre sus miembros, que van desde la planificación, la ejecución, el suministro de logística a través de la provisión de implementos de comunicación y la extracción del botín”. La banda, que actuaba a nivel nacional, llegó a mover 15 millones de pesos en un día según confiaron los investigadores, y quedó vinculada a al menos 15 hechos con víctimas rosarinas cometidos entre el 11 de noviembre de 2020 y el 19 de abril de 2021.

Buena parte de la banda fue detenida el pasado jueves cuando se realizaron 25 allanamientos en la ciudades de Córdoba y Río Cuarto, entre ellos los llevados adelante en cuatro celdas del pabellón 8 de la Unidad Penitenciaria 6 de Río Cuarto. “De las personas imputadas hay tres que ya estaban detenidas (entre ellos los jefes de la banda) y uno con libertad condicional”, remarcó la fiscal O'Connell tras la audiencia.

Una vez dividido el botín, las dos terceras partes de lo recaudado era para los presos que manejaban la maquinaria estafadora y el tercio restante para los que afuera de la cárcel se encargaban de marcar víctimas y conseguir o prestar cuentas bancarias. Consultadas fuentes cercanas a la pesquisa, dijeron desconocer cómo era la maquinaria de lavado de activos de la banda de cordobeses, ya que esa mecánica deberá ser investigada por la Justicia Federal.

La acusación

La gavilla estaba liderada por los presos Alan Gabriel P., Daniel C. y Rodrigo Darío O., quienes fueron acusados como jefes de una asociación ilícita. Ellos se encargaban de realizar las llamadas telefónicas a las víctimas apuntadas desplegando el ardid y dándole luego las indicaciones mientras se encontraban frente al cajero automático al que los orientaban con el falso ardid de reintegrarles el dinero pagado demás y a los que las conducían para lograr hacerse de los datos de la cuenta bancaria a través de la clave token se seguridad. Luego, desde el home banking que manejaban con celulares desde sus celdas realizaban transferencias de dinero para posteriormente realizar la división de lo obtenido en las cuentas que prestaban personas que operaban extramuros. Otros cuatro hombres identificados sólo por sus iniciales de R.B., M.G., C.L. y F.U., también fueron considerados con el rango de “jefes” y se encuentran prófugos con pedidos de capturas.

Daniela Rosana P., madre del detenido Alan Gabriel P., realizaba tareas similares a la que ejecutaba sus hijo, según la acusación. Naira Solange B. (hija del prófugo R.B.), Graciela G. y Leonela B. (familiares de R.B.) recibían el dinero, lo dividían y lo repartían. Lo mismo realizaban Rubén Angel L. (tío del prófugo C.L. y de Damián Augusto L.), Lorena Paola K. (pareja de Rodrigo O.) y Vanesa Natalí C. (hermana de Daniel C.), quien además de lo ya relatado conseguía celulares para enviar al penal donde estaban recluidos los jefes. En tanto, una mujer identificada como E.G. y pareja de R.B.; y F.T. se encuentran prófugos con pedidos de capturas.

Finalmente, la jueza Castelli dictó prisión preventiva para Alan Gabriel P., Daniela Rosana P., Alan Gabriel L., Graciela G., Rubén Angel L., Rodrigo O., Daniel C. y Luisa P. Por su parte, para Naira B., Leonela B., Vanesa Natali C. y Lorena Paola K. ordenó la prisión preventiva morigerada bajo la modalidad domiciliaria. Mientras que a Damián Agusto L., Melisa Mora P., Martín N., Carlos B., Matías V., Leandro G., Kevin Leonel C., Yasmín B. y Mónica Raquel P. dispuso la libertad bajo medidas alternativas a la prisión preventiva con el pago de fianza que oscilaron entre 50 mil y 100 mil pesos y normas de conductas.