Uno de los casos de lavado de activos vinculados a producción de cocaína a gran escala será ventilado en un juicio oral y público que empieza en una semana. No será un caso cualquiera. Será el primer trámite de esta dimensión en ser abordado por la Justicia Federal de Rosario que prácticamente no tiene sentencias condenatorias en esta materia en un ámbito donde prolifera el blanqueo del dinero generado en negro, a veces de actividades legales, otras muchas de negocios violentos.

El principal acusado en el juicio es David Delfín Zacarías que fue condenado a 16 años de prisión en Rosario en 2018 con una resolución ya confirmada por la Corte Suprema de la Nación. Zacarías llegó a aquel juicio comprometido por tres fuertes elementos: haber sido detenido in fraganti el 5 de septiembre de 2013 en una casa de Funes donde se cocinaba droga, los 300 kilos de cocaína y los dos mil litros de precursores químicos decomisados allí, y las escuchas telefónicas que sugerían la negociación previa con los proveedores de esos líquidos.

Mientras se tramitaba ese juicio, Zacarías fue procesado junto a otras siete personas de su entorno familiar y personal por los delitos de lavado de dinero (activos) derivado de la venta de estupefacientes. La Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa principal, había solicitado que se amplíen las declaraciones indagatorias a los involucrados a los efectos de imputarles ese delito tras detectar una gran cantidad de bienes que figuraban a nombre de prestanombres o testaferros de Zacarías.

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Es este el juicio que se iniciará el miércoles 17 de este mes en Oroño al 900. Más de 45 vehículos, entre motos, camionetas y autos, algunos de alta gama como un Alfa Romeo y un Audi y cinco motocicletas BMW; un bloque de veinte cocheras en un edificio del microcentro de Rosario; departamentos; lotes en San Lorenzo, Funes y Roldán; casas; cuentas bancarias y movimientos de compra de moneda extranjera formaron parte de un patrimonio que los organismos de control financiero del Estado detectaron bajo el paraguas de Zacarías, familiares o amigos de éste cuya adquisición no tenía correlato con la actividad declarada.

Además de la remisería Frecuencia Urbana de Granadero Baigorria y propiedad de Delfín, también quedó en la mira la empresa Top Cranes SRL, a nombre de su hija Flavia, que ofrecía servicios a empresas para la construcción. Y también el ambicioso polideportivo en San Lorenzo, que logró una excepción urbanística en febrero de 2011 del Concejo de esa ciudad. Todo ello fue incluido en la nómina de bienes investigados a partir de 2015 cuando la UIF remitió las actuaciones a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que remitió la documentación a la Justicia Federal de Rosario.

El juicio estará a cargo del Tribunal Federal Oral 1 con los jueces Ricardo Vázquez, Otmar Paulucci y Germán Sutter. El fiscal que iniciará los alegatos de apertura es Federico Reynares Solari.

Los procesamientos a partir de lo impulsado por la Procelac los dictó el juez Carlos Vera Barros. El magistrado marcó que la naturaleza jurídica del delito se sustenta en un acuerdo de voluntades que sostenía Zacarías unido a su círculo íntimo "por los lazos de sangre y de amistad, y en segundo término por la actividad ilícita del comercio de estupefacientes y lavado de dinero", dice textualmente, lo cual les permitía tener un pasar holgado. Sin embargo, y según el examen administrativo judicial, ninguno demostró actividad lícita acorde con el nivel de vida y los bienes que ostentaban.

El magistrado describió uno por uno los roles de los imputados, los bienes a su nombre bajo sospecha, la actividad que desarrollaban al momento de adquirirlos, su situación tributaria y la documentación o prueba respaldatoria que los conecta con Zacarías, sus hijos y su mujer. El procesamiento fue por el delito de administración de bienes provenientes de las ganancias recibidas por el tráfico de drogas con el fin de que adquieran origen lícito, agravado por formar parte de una asociación ilícita formada la comisión y continuidad de los delitos.

Además de David Zacarías, el procesamiento alcanzó a su mujer, Sandra Inés Marín; su hija, Flavia Leilén Zacarías; el empleado de la remisería Frecuencia Urbana y supuesto testaferro, Néstor Fabián Fernández; los allegados a la familia Edgardo Martín Radovani y Gonzalo Román Jaime, un ex novio de Flavia. También se amplió el procesamiento a Fernando Ermacora (cuñado de Zacarías) y Andrea Belén Altamirano (empleada y representante de Frecuencia Urbana).