Una ley que garantice acceso igualitario a las técnicas de fertilización asistida
El debate de una ley de fertilización asistida involucra temas centrales para la vida de todas y todos. Están en juego los derechos reproductivos de las personas, el ejercicio de la voluntad de procrear, de tener hijos, de formar una familia.

Miércoles 27 de Junio de 2012

El debate de una ley de fertilización asistida involucra temas centrales para la vida de todas y todos. Están en juego los derechos reproductivos de las personas, el ejercicio de la voluntad de procrear, de tener hijos, de formar una familia.

Se estima que entre un 10 por ciento y un 20 por ciento de las parejas padecen problemas de infertilidad y deben recurrir a las técnicas y procedimientos de reproducción médicamente asistida. La infertilidad ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad y definida como la incapacidad para concebir un embarazo después de 12 meses de relaciones sexuales sin protección o método anticonceptivo.

En oportunidad de ser candidato a gobernador, el pasado año, puse especial énfasis en la necesidad de impulsar el dictado de una ley para que los efectores públicos de salud, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga con actuación en el ámbito de la provincia otorguen cobertura integral a las prácticas médicas y tratamientos de fertilidad asistida.

Fue uno de los ejes de mi campaña garantizar el acceso a las técnicas y procedimientos en forma equitativa, ya que actualmente solo les están "permitidas" a quienes poseen recursos económicos para solventarlas. Quise receptar una de las demandas centrales de las parejas que necesitan de estas prácticas para poder concretar su proyecto familiar y que no tienen acceso a las mismas, debido a lo costoso de los tratamientos.

Hoy, desde la Cámara de Diputados de la Nación, nos encontramos muy cerca de dar media sanción a un proyecto de Ley Nacional sobre Fertilización Asistida, a partir del dictamen aprobado con un alto consenso la semana pasada en la reunión plenaria de las comisiones de Salud, Legislación General, Familia y Presupuesto, convocada a tal fin.

El dictamen que logró aprobación en el plenario de las comisiones reconoce el acceso a los tratamientos de reproducción medicamente asistida, comprendiendo desde las técnicas de baja complejidad a las de alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones.

Establece que el sistema público de salud, las obras sociales y las entidades de medicina prepaga deberán incorporar como prestaciones obligatorias y brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, diagnóstico y tratamiento de las técnicas de reproducción asistida. Introduce estos procedimientos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), así como los medicamentos y terapias de apoyo.

La Argentina se debe una ley que regule integralmente el uso de las tecnologías reproductivas, que desde hace décadas han comenzado a desarrollarse en nuestro país y que se encuentran autorreguladas por criterios médicos, de ética profesional y del mercado de la salud.

Es necesario que los avances científicos vinculados con el ejercicio del derecho humano a la salud lleguen efectivamente a todas y a todos. Lo que está en juego es el rol del Estado, que debe intervenir activamente para democratizar el acceso a las tecnologías reproductivas.

Sancionar una ley que garantice la cobertura de estas prácticas por parte del sistema de salud, ya sea en los hospitales públicos o a través de las obras sociales o las empresas de medicina prepaga, constituirá un paso más en el camino de la igualdad que estamos recorriendo desde hace algunos años.

Es un desafío que queremos asumir. Y es un desafío porque los recursos en salud son siempre finitos. Por eso, en este tema como en tantos otros, es el Estado a través de su facultad regulatoria quien puede hacer estos recursos más productivos, terminar con los abusos, bajar los costos, transparentar la elección del mejor procedimiento para cada caso.

Estamos convencidos de que la intervención del Estado en la regulación de los recursos destinados a la reproducción asistida debe ir acompañada de la promoción del desarrollo del sistema público en esta especialidad. Solo así será posible garantizar el acceso equitativo a estas técnicas y a su cobertura, en definitiva, el ejercicio de los derechos reproductivos de todas las personas, en pie de igualdad frente a la misma necesidad.

(*) Diputado nacional. Presidente del bloque del Frente para la Victoria