A los gobiernos nacionales les gusta condimentar sus discursos con conceptos referidos al federalismo y las economías regionales. Es que suenan bien a los oídos de los ciudadanos. Levantar esas banderas es políticamente correcto. Pero a la hora de gobernar, es decir de poner en marcha un presupuesto, definir de dónde salen los recursos para financiar al fisco y cómo se distribuye territorialmente el gasto público, esas palabras se desdibujan por completo. Y esto no sólo está pasando con el gobierno actual, cuyo presidente y vice fueron jefe y vicejefe de Gobierno porteños, con lo cual tienen por naturaleza de origen una mirada muy cerrada al interior de la General Paz, sino que es ya un padecimiento histórico que sufre la Argentina, con un centralismo porteño agobiante más allá de la fuerza política que ocupe la Casa Rosada.
Es que hasta ahora poco ha incidido si el presidente es riojano, santacruceño o porteño. El problema es estructural. Si no, cómo explicar el trato desigual y las asimetrías entre la Capital Federal y el resto de los distritos del país. Es tan larga la historia de discriminación, que los habitantes del interior ya han naturalizado el hecho de tener que pagar las naftas más caras que los porteños. Y ni hablar de las facturas eléctricas y las tarifas del transporte público de pasajeros.
Y si de seguridad se habla, la Capital Federal históricamente fue custodiada por fuerzas federales que solventan con sus impuestos todos los argentinos. En enero pasado, el presidente Macri traspasó la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires a la Policía Metropolitana, pero esa medida que ponía en igualdad de condiciones a todos los distritos del país tuvo una "pequeña" sorpresa: fue acompañada con un decreto que más que duplicó los fondos de la coparticipación que recibe el jefe de Gobierno porteño. Así, todo es mucho más fácil. ¿Otro ejemplo? El Estado nacional tiene una Secretaría de Cultura (solventada con fondos públicos de todos los argentinos), de la cual la inmensa mayoría de los habitantes del interior nunca ha oído ni hablar.
Es que casi la totalidad de sus actividades y sus dependencias están localizadas en Capital Federal. Sería muy estimulante vivir en una ciudad que tenga una Biblioteca Nacional como la que pagan todos los argentinos, pero usufructúan los porteños. Ni qué decir tener a mano museos como el Histórico Nacional, el de Bellas Artes, el de Grabado, el de Arte Decorativo, el Palacio Nacional de las Artes... De los 26 museos que dependen del Estado nacional, 19 están en la Ciudad de Buenos Aires, y de los siete restantes no hay ninguno en Santa Fe. De los 11 institutos de estudios con que cuenta la Secretaria de Cultura de la Nación (de Teatro, Sanmartiniano, Yrigoyeneano, Perón...), no hay ni siquiera uno fuera de la General Paz. ¿No sería lógico, por ejemplo, que el Instituto Nacional Belgraniano estuviera en Rosario? Pero la lógica en este país es un bien escaso: ese instituto se encuentra en avenida Bullrich 481, en la zona más aristocrática del barrio de Palermo.
Haciendo culto al dicho que reza que "Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires", los gobernadores de todas las provincias se han acostumbrado antes y ahora a peregrinar allá para mendigar fondos, planes, subsidios, obras públicas, políticas para ayudar a las economías regionales y muchas veces incluso para al menos ser recibidos y escuchados en los despachos nacionales, y esto último muchas veces sin éxito.
Y si de obra pública se habla, sólo como ejemplo hay que evaluar algunos datos objetivos del actual gobierno: en abril pasado, Macri anunció un ambicioso plan de obras para diversos distritos bonaerenses, la mayoría del conurbano, con una inversión de 200 mil millones de pesos. Además, el gobierno nacional está a punto de poner en marcha el faraónico proyecto para construir debajo del Obelisco una estación central de transporte público de pasajeros, emprendimiento que va a costar no menos de 1.800 millones de dólares (27 mil millones de pesos).
Por otro lado, el Estado nacional está por comenzar los trabajos del soterramiento del tren Sarmiento, en su recorrido por la Capital Federal (para eliminar 38 barreras y dar más fluidez al tránsito de autos). Todos los argentinos invertirán para esta obra 3.000 millones de dólares (45 mil millones de pesos). En tanto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, anunció anteayer en Rufino un plan de obras de $900 millones para Santa Fe que se distribuirán entre 16 localidades, a razón de $ 56 millones cada una. Bienvenidos sean esos fondos, pero la diferencia de ceros lo dice todo.
