Con la entrada en vigencia de la ley de implementación 12.912, una parte importante del nuevo Código Procesal Penal, que en el 2007 el anterior gobierno se ocupara de promulgar (ley 12.734), ha comenzado a regir. Un anhelo que venimos acariciando desde hace muchos años, se empieza a concretar, al superarse el modelo inquisitorial, burocrático y herméticamente antirrepublicano que tenía a Santa Fe sumido en un atraso procesal en materia penal, que lamentablemente "la distinguía" en el mundo.

Tomada la decisión política tantas veces postergada por mentalidades conservadoras que no querían aceptar la aplicación del verdadero procedimiento reclamado por la Constitución Nacional, a este gobierno le ha tocado quizás la parte más difícil de una reforma tan integral. Nada menos que producir los cambios estructurales para que la realidad del funcionamiento judicial en materia de represión penal se concrete.

En esa tarea se encuentra abocado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien ya elaboró un paquete de cinco leyes que el gobernador enviara recientemente a la Legislatura.

Es de esperar que pronto tenga tratamiento la ley que defina al nuevo Ministerio Público de la Acusación, la que organice el Servicio Provincial de Defensa Penal, la que se ocupe de la organización horizontal de los jueces y de la gestión judicial, la que tenga en cuenta programas de protección a testigos y víctimas y la que atienda la difícil transición donde se conviva con las causas que tramiten con el viejo modelo, para que se llegue al momento de la plena vigencia del nuevo modelo.

Un cambio tan profundo en la práctica judicial penal se está llevando a cabo en forma paulatina, pero sin pausas, fruto de la plena convicción que existe de la necesidad de imponerlo, pese a todas las dificultades que seguramente se van a ir presentando sobre la marcha.

Algunas de las novedades: como ya estamos avisados, habrá a partir de ahora más juicios orales, ya que obligatoriamente ciertos delitos graves como el homicidio calificado, deberán ser juzgados públicamente. También existirá la posibilidad de que quien se considere víctima del delito cometido tome una participación protagónica ejerciendo la condición de querellante para pretender colaborar con el fiscal y en algunos casos hasta reemplazarlo, en su pretensión de condenar al imputado.

Por su parte, todos los imputados tendrán la posibilidad de contar desde un primer momento con la asistencia de un defensor, ya que sus declaraciones no serán válidas si no se prestan con su presencia. Los fiscales podrán aplicar políticas realistas para llevar adelante persecuciones penales que se justifiquen, intentando descomprimir el colapso de causas que abarrotan hoy los tribunales.

Cambio de mentalidad: pero al margen de las reformas legislativas que incluyan una futura reforma a nuestra vetusta Constitución, se necesita el esfuerzo de todos (jueces, funcionarios, empleados y abogados) para que el cambio se produzca de la forma más incruenta posible.

Sabemos que muchos no comparten las líneas ideológicas de la reforma e incluso algunos magistrados y funcionarios anuncian o producen su retiro jubilatorio, aprovechando que están en condiciones de gozarlo. Nos preocupan los que se quedan y conscientes o inconcientemente no quieren asumir la reforma, tal como ocurre con quienes se niegan a leer el nuevo texto procesal, como nos consta está ocurriendo.

Es una época de estudio y de allí que los Colegios de Abogados tengan una especial responsabilidad para permitirle a los colegas encontrar espacios adecuados para el debate y la reflexión, para entender la reforma que ha comenzado a regir.

El largo camino empezado: con todas las dificultades que toda transición implica, con el esfuerzo intelectual que supone entender que hay otra mirada posible sobre las prácticas judiciales futuras, lo cierto es que el ciudadano de nuestra provincia, merece el cambio que ha comenzado. Se trata de aceptar que el modelo imperante ha fracasado y no es compatible con lo querido por nuestra Constitución.

Hemos comenzado a recorrer un camino que estaba trazado en 1853 y que paradojalmente la provincia que viera nacer el texto constitucional nunca lo siguiera. Falta muchísimo para alcanzar las metas. Llegará el tiempo de que toda la investigación sea asumida exclusivamente por los fiscales, controlando a la policía. Que los jueces dejen de comprometerse con la prueba de lo ocurrido y se dediquen exclusivamente a juzgar como terceros imparciales. Que el pueblo participe con mayor protagonismo en la actividad judicial penal, no sólo como público crítico de lo que ocurra en la sala de audiencia, sino en la importante tarea de juzgar a sus pares, cuando definitivamente se implemente al jurado.

En suma, que tengamos una provincia más republicana, democrática y respetuosa del estado de derecho. Por supuesto que la calidad de la Justicia no sólo reclama los cambios estructurales que se comienzan a visualizar, sino una rigurosa selección de funcionarios y magistrados, para que demuestren no sólo su idoneidad técnica sino su compromiso ideológico y su capacidad para ser independientes y eludir las inevitables presiones que el ejercicio del poder presenta. En el plano de lo patológico, que los policías no sean corruptos y los abogados no piensen exclusivamente en sus honorarios, sino en la defensa de lo justo. Pero claro, para estos temas, no se necesitan leyes, sino fundamentalmente educación en valores y principios que muchas veces no tienen quienes deberían ser los paradigmas del comportamiento social.