En este tiempo de nuestro país, en que la discusión pública se repliega en sí misma, aún a costa de violentar la letra y el espíritu de la Constitución Nacional con leyes que contradicen su contenido, anteponiendo miradas parciales, intereses de sectores siempre dominantes, viéndose generalizada la corrupción y olvidándose la búsqueda de justicia, es preciso que nos aboquemos a cumplir lo que ella nos manda. El mandato constitucional consiste en construir una república igualitaria, una sociedad con ciudadanos responsables y con igualdad de oportunidades, entendiendo que ese es el único camino para que todos los argentinos puedan ser libres, para que cada uno pueda pensar y desarrollar su proyecto de vida.
Para que una persona pueda ser libre y responsable requiere un espacio de autonomía, delimitado desde dos ámbitos, por un lado la posibilidad de tomar sus propias decisiones y, por otro, la satisfacción de sus derechos humanos esenciales, alimento, vivienda, vestimenta, educación y, al mismo nivel de imprescindibilidad, el derecho a la salud, los cuales configuran ese piso de igualdad de posibilidades desde el que todos debemos partir.
Hoy nuestro país sufre un flagelo que ataca las dos condiciones fundamentales de la libertad del ser humano, un flagelo constituido por el narcotráfico y, su anverso, las adicciones, sobre el cual es oportuno reflexionar hoy en ocasión del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Las personas que padecen una adicción, en primer lugar son dependientes, su planificación personal está subordinada a una sustancia que creen necesitar para sobrellevar sus vidas, la misma que les causa un daño psíquico irreparable y que los condenará a no ser artífices de su propio destino; y en segundo lugar, cuando no acceden al tratamiento que requieren, tienen vulnerado su derecho a la salud, derecho básico que debe ser garantizado.
Como diputado provincial he presentado un conjunto de proyectos mediante los cuales procuro que el Estado dimensione esta problemática como urgente, aportando los recursos humanos y económicos que la magnitud del tema exige, propongo también, que discutamos los efectos del narcotráfico desde el punto de vista de los daños que genera en los consumidores, que discutamos cómo salvamos a miles de santafesinos del consumo problemático que aniquila su libertad, porque es salvar no sólo a la generación presente sino también a las futuras.
Pertenezco a un partido que ha combatido siempre el narcotráfico, ha desnudado vínculos y complicidades, ha denunciado y propuesto medidas concretas para perseguir a los responsables y eliminar la criminalidad. En este sentido, las iniciativas actuales, en debate en la Cámara de Diputados de nuestra provincia, vienen a dar un paso más, puesto que, sí brindamos la debida atención a quienes consumen, podrán apartarse del comercio de drogas, las redes de distribución perderán su "clientela", y la justicia tendrá mayores testimonios para investigar la verdad y condenar a los culpables. Enfrentar el narcotráfico implica actuar tanto sobre la oferta, con reformas policiales y judiciales que alcancen impunidad cero, como sobre la demanda, mediante el desarrollo de políticas públicas preventivas, para reducir el ingreso de personas al consumo; de tratamiento para quienes ya padecen el problema; y de contención social para las familias, y en especial para niños, adolescentes y jóvenes, iniciativas todas que son objeto de nuestras propuestas.
El panorama de una Argentina que detenta el segundo lugar en cantidad de contagios de HIV por uso de sustancias psicoactivas vía intravenosa, en la que por año unos 130.000 nuevos individuos pasan a ser consumidores abusivos de drogas ilícitas, ubicando a nuestro país como el primero de América Latina en cantidad de policonsumidores de sustancias ilícitas, según las estadísticas de la Sedronar, y que en los últimos 20 años ha duplicado la cantidad de cárceles, pero que no ha hecho la misma inversión en centros de atención de adictos, impone que la búsqueda de soluciones no se retrase más. Hace tiempo que las 2.890 camas de internación, repartidas en sólo 109 centros especializados en todo el territorio nacional, están cubiertas en su totalidad.
Los santafesinos y muy especialmente las personas que los representamos, tenemos que ser capaces de priorizar, ante cualquier otro debate, la prevención y el tratamiento de quienes padecen consumo problemático de sustancias adictivas y las acciones para erradicar el narcotráfico, de manera de cubrir ambos lados de la problemática. Debemos ocuparnos al mismo tiempo de la seguridad pública y de la salud pública, puesto que los dos derechos son parte de la convivencia ciudadana que es preciso preservar y mejorar. El debate y la búsqueda de propuestas superadoras en cuestiones de drogadependencia, que hacen al derecho a la salud, no deberían tener otra categoría que no sea la de cuestión de Estado.
La droga se ha metido en nuestros hogares, desmembrándolos implacablemente, alterando las relaciones familiares y en algunos casos extremos hasta generando que prime la violencia. Algunos tienen la posibilidad de acceder a un tratamiento en el sector privado, algunos otros en organizaciones civiles y/o gubernamentales, pero la gran mayoría no hace más que peregrinar de oficina en oficina, de juzgado en juzgado, de autoridad en autoridad, tratando de encontrar la accesibilidad universal y gratuita a un sistema de salud, que está previsto en la Constitución con tales características, pero que no se logra garantizar en lo cotidiano. Frente a esto, creemos ineludible poner el acento en los excluidos, que carecen de obras sociales y prepagas, y que son los que hoy el Estado no atiende por falta de infraestructura.
La gestión del Frente Progresista en la provincia de Santa Fe,tiene una larga recorrida de luchas y conquistas en cuestiones de salud pública. Debemos seguir ahondando en este sentido, todavía queda mucho por hacer. Nuestros efectores del sistema de salud no tienen instalaciones, ni suficientes profesionales especializados y dedicados exclusivamente al tratamiento de adicciones, ni protocolos para atender una urgencia. Además, es preciso desarrollar, y así está planteado en los proyectos de ley, una red de actores e instituciones para afrontar este problema, que excede a los profesionales de la salud y la justicia, y debe abarcar a las familias, las comunidades educativas, equipos interdisciplinarios para la prevención y cuidado en zonas sensibles, unidades especializadas para el tratamiento, generando mayor articulación entre el Estado y la sociedad y nuevos dispositivos de atención específica.
Para concluir, estoy convencido de que la adicción a las drogas debe tratarse como una enfermedad, que las personas necesitan asistencia médica, no ser castigadas como delincuentes por el hecho del consumo, y de que el Estado debe aumentar los recursos tanto para la prevención como para asistir a los ciudadanos que sufren este problema. Es nuestra responsabilidad asumir el compromiso y generar conciencia sobre este flagelo que nos afecta a todos.
Es el abordaje de esta problemática un aspecto esencial para alcanzar las condiciones de bienestar general y de cobertura de derechos que garantiza nuestra Constitución Nacional.
