El gobierno nacional publicó el decreto que establece el marco legal para delegar en las provincias la gestión de rutas nacionales, entre ellas la A012, un corredor estratégico para el sistema productivo santafesino. La norma habilita a las jurisdicciones a asumir la administración, reparación y mantenimiento de los trazados, con la posibilidad de concesionarlos a privados o a entes públicos mediante peaje, siempre a través de un convenio con el Estado nacional.

En el caso de Santa Fe, el decreto representa un avance largamente reclamado, aunque todavía deja abiertos interrogantes centrales. El gobernador Maximiliano Pullaro pidió “mucha cautela” al analizar el alcance de la norma, al advertir que fija un plazo máximo de hasta 30 años para la cesión, pero no establece un plazo mínimo, lo que obliga a extremar las precauciones antes de asumir inversiones de gran magnitud.

La A012

La A012 es un anillo vial de casi 70 kilómetros que conecta la ruta nacional 9, a la altura de Pueblo Esther, con la zona portuaria de San Lorenzo, y concentra buena parte del tránsito de la cosecha hacia los puertos del Gran Rosario. Su deterioro fue motivo de reiterados reclamos del gobierno provincial, que buscó durante más de un año la transferencia de la traza para poder intervenirla de manera directa.

El decreto delega en nueve provincias la competencia para otorgar concesiones de obra pública por peaje y establece que, una vez firmado el convenio con Vialidad Nacional y validado por la Secretaría de Transporte, las jurisdicciones quedarán habilitadas para ejecutar reparaciones iniciales con fondos propios y avanzar luego con los procesos licitatorios. El texto aclara que la concesión es una posibilidad, no una obligación, y que cada condición deberá precisarse en el acuerdo particular.

Dudas para Santa Fe

Entre los puntos más sensibles aparece la cláusula que prohíbe licitar los tramos delegados junto con rutas de otras jurisdicciones. Ese aspecto genera dudas en Santa Fe, donde se analiza la implementación de un sistema integral de accesos y conexiones viales a los puertos, con un esquema unificado de cobro a los camiones para financiar mantenimiento y obras de envergadura. En ese esquema, el corredor de la A012 aparece como una pieza clave, aunque su encuadre legal deberá compatibilizarse con el decreto nacional.

Más allá del modelo de explotación futura, el plan inmediato contempla trabajos de emergencia para mejorar la transitabilidad, como bacheo, reparación de pozos y eliminación de ahuellamientos. En una segunda etapa se proyectan obras estructurales, como puentes, rotondas y eventuales ampliaciones de carriles en sectores críticos.

Pullaro confirmó que la provincia tiene lista una licitación cercana a los 6.000 millones de pesos para encarar arreglos inmediatos, pero advirtió que sin la certeza de un plazo razonable de cesión no es viable sostener el mantenimiento a largo plazo. “Si nos ceden la ruta por un plazo breve, la arreglamos y después nadie se hace cargo”, resumió el mandatario al explicar los reparos del gobierno provincial.

En ese marco, el Ejecutivo santafesino analiza la conformación de un fideicomiso con participación de distintos actores para administrar la traza y garantizar un esquema sostenible. El desafío ahora será transformar el decreto publicado en un convenio concreto que le permita a la provincia intervenir un corredor clave sin asumir riesgos financieros indebidos.

En términos institucionales, el decreto se inscribe en la estrategia del gobierno nacional de reducir la intervención directa del Estado en el mantenimiento de la red vial, trasladando esa responsabilidad a las provincias que cuenten con capacidad financiera o interés estratégico sobre determinados corredores. El texto deja en claro que la delegación no implica la cesión del dominio público ni de la jurisdicción federal, que seguirán siendo potestad de la Nación, un punto no menor a la hora de definir responsabilidades ante eventuales conflictos contractuales o reclamos.

Equilibrio económico

Otro aspecto relevante es que el decreto establece principios rectores que deberán respetarse en los procesos concesionados, como la publicidad de los actos, la concurrencia de oferentes y la razonabilidad tarifaria. También exige preservar el equilibrio económico-financiero de los contratos, una cláusula habitual en este tipo de esquemas, pero que cobra relevancia en un contexto de alta inflación y volatilidad de costos.

La norma prevé que, una vez extinguido el contrato de concesión por cualquier causa, cesará automáticamente la delegación otorgada a la provincia y el Estado nacional retomará la administración y el mantenimiento del tramo vial. Ese punto refuerza la naturaleza transitoria del esquema y explica las reservas expresadas por el Santa Fe, que busca evitar un escenario en el que la provincia afronte inversiones significativas sin contar con un horizonte temporal suficiente para amortizarlas.

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