Maniobras de contención en la zona de la fábrica de agroquímicos Atanor, en San Nicolás, horas después de la explosión del 20 de marzo.
Tras la explosión de un reactor en la fábrica de agroquímicos Atanor, ubicada en San Nicolás, la Justicia ordenó este miércoles el cierre de la planta hasta que se tomen las medidas de seguridad necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. En caso de no atenerse a la medida, la firma deberá pagar 10 millones de pesos por cada día de incumplimiento.
La jueza de la provincia de Buenos Aires con jurisdicción en San Nicolás, Luciana Díaz Bancalari, resolvió hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el abogado ambientalista Fabián Maggi, de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, en representación de los vecinos. La medida implica también librar oficio a la fiscalía y al ministerio de Medio Ambiente, que encabeza Daniela Vilar.
La Unidad de Respuestas Rápidas de la cartera bonaerense estuvo en San Nicolás e informó que "si bien los aparatos sometidos a presión están en regla, nos encontramos a la espera del informe de los peritos sobre los motivos exactos de lo sucedido".
"Entendiendo que la situación no admite demoras en la adopción de medidas, la empresa se encuentra sin actividad por seguridad y clausuramos el sector de la planta donde ocurrió la explosión hasta tanto estén dadas las condiciones normales de funcionamiento de la planta y se haya realizado y completado todas las tareas de reparación que garanticen la seguridad integral tanto del personal como de los vecinos", agregaron desde el Ministerio de Ambiente de Buenos Aires, que evaluará posibles sanciones contra Atanor además de solicitar un plan de remediación.
La planta productora de agroquímicos que Atanor tiene en San Nicolás ya fue clausurada hace ocho años, en el marco de un allanamiento por el incumplimiento de medidas judiciales.
En septiembre de 2016, el juez Facundo Puente, por entonces titular del Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás, ordenó la clausura de la planta tras un allanamiento de Prefectura y Gendarmería en el que confirmó que la empresa no cumplía con ciertas restricciones impuestas por la Justicia para evitar el vuelco de aguas contaminadas al río Paraná, además del uso de grandes cantidades de agua subterránea.
La medida fue el desenlace de una larga lucha de vecinos y organizaciones que reclamaron y denunciaron, por más de 12 años, el impacto de la actividad de la compañía química en la salud de los pobladores, la contaminación del aire, el suelo y el cauce del río.
El año pasado, Atanor fue condenada por vertir desechos tóxicos ilegalmente en el río Paraná. La Justicia de Ejecución Penal de San Nicolás hizo lugar a un amparo ambiental por daño ambiental de incidencia colectiva contra la empresa, considerada la tercera productora de herbicidas más importante del mundo, y dictó sentencia definitiva contra la firma ubicada en las inmediaciones del barrio Química de la ciudad nicoleña, donde se estima que murieron cerca de 200 personas en el transcurso de años producto de la contaminación ambiental que ocasionaba la empresa al verter sustancias tóxicas al curso del río Paraná sin tratamientos, además de enterrar de manera ilegal residuos peligrosos.
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La causa fue presentada en 2015 y motivó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por reiteradas “demoras injustificadas” del Poder Judicial tanto en el ámbito federal como bonaerense, situación que se encuentra en trámite pese al fallo definitivo a la acción de amparo.
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