A casi cinco meses de la explosión e incendio en la fábrica de agroquímicos Atanor, en San Nicolás, se llevó adelante una inspección judicial por el predio que está clausurado desde entonces. Una de las demandantes para que se relocalice la planta señaló, en un escrito presentado ante la jueza Luciana Díaz Bancalari, que detectaron graves irregularidades durante la recorrida. Entre ellas, residuos peligrosos sin rotular y una pileta de tratamiento de efluentes a apenas 70 metros de casas de vecinos, cuando lo recomendable, según estudios citados, es que se encuentren a casi 1.100 metros.
De la inspección participaron personal y abogados de la empresa, abogados de la organización demandante, peritos y funcionarios del Ministerio de Ambiente de Buenos Aires, de la Autoridad del Agua (ADA) bonaerense y de la Municipalidad de San Nicolás.
Desde la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (Fomea) detallaron que la comitiva se detuvo en el depósito de residuos peligrosos, lugar en el que "los peritos observaron inconsistencias en las fechas rotuladas en los contenedores de residuos peligrosos. Esto es de extrema gravedad porque la empresa no puede controlar la generación y gestión de estos residuos, ya que genera confusión en torno a estos". Tras ello, remarcaron diversas cuestiones sobre el reactor donde se originó la explosión y posterior incendio.
Reactor "obsoleto"
La recorrida incluyó una visita al sector en donde se manipulaba la atrazina, donde comenzó el incendio tras la explosión de un reactor. En referencia a ello, desde Fomea indicaron: "El reactor y sus periféricos son infraestructuras obsoletas, aproximadamente de 1972. Por su antigüedad, debería contar con aprobación de extensión de vida útil pero no encontramos en la documentación obrante la aprobación como aparato sometido a presión".
La explosión en la planta productora de la empresa Atanor, en San Nicolás, se dio alrededor de las 3.30 del 20 de marzo.
En tanto, rechazaron la atribución de la responsabilidad del accidente al operario que resultó gravemente herido el 20 de marzo: "Se pudo establecer que en el lugar trabaja un solo operario y que no cuentan con un control automatizado centralizado o unificado del proceso de reacción. Solo el operario en su puesto puede operarlo y controlar eventuales riesgos, demostrando la extrema vulnerabilidad del sistema de producción, que deja toda la seguridad en manos de un operario. Los resultados están a la vista".
"Nadie salió en defensa del trabajador, que tenía a su cargo una compleja operación industrial que, como mínimo, requiere la presencia de dos o tres trabajadores. Atanor, en 2019, construyó una nueva nave de atrazina granulada, que la acopló a la estructura existente que tiene más de 50 años de intenso uso y poco mantenimiento. Ese es el verdadero motivo del siniestro y no como manifiestan los directivos de Atanor, que pretenden responsabilizar al operario de turno", agregaron.
Vecinos, cerca de desechos
Desde Fomea expresaron que los piletones de tratamiento de efluentes líquidos industriales no tienen registros "del manejo de los barros que allí se generan" y pusieron el foco en la "excesiva cercanía de los piletones con las viviendas de barrio Química".
"Este sector de la planta genera permanentes emisiones difusas de las aguas contaminadas que allí se tratan. Uno de los aspectos más preocupantes de la recorrida es lo observado en la planta de formulación de insecticidas y fungicidas que la empresa identifica como «Planta Flubendiamide» pero que, en realidad, es una planta multipropósito donde se pueden elaborar un gran abanico de peligrosos insecticidas y fungicidas. De hecho, allí se fabricaba el prohibido «clorpirifos»", apuntaron.
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En concreto, señalaron que desde esas piletas se pueden ver las viviendas que se ubican sobre calle Ponce de León, una de las laterales de la fábrica. La distancia es de 70 metros entre el lugar de trabajo y las casas.
Es por ello que citaron la declaración que Delia Aiassa, científica de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), realizó en el marco de la causa penal federal contra la empresa y que se incluyó en el expediente con el que la jueza Díaz Bancalari condenó a Atanor el año pasado por contaminar las aguas del río Paraná.
La fábrica de Atanor, en San Nicolás.
Foto: Greenpeace
"La doctora Aiassa, integrante del Departamento de Genotoxicidad y Mutagénesis de la UNRC, explicó a los jueces que lograron establecer un método científico en el que la distancia mínima de precaución con estas sustancias peligrosas es de 1.098 metros. Por ello, es inadmisible que el Poder Judicial permita que estas instalaciones funcionen a tan escasa distancia de las viviendas, uno de los aspectos centrales que indican que la relocalización de Atanor es la única solución válida para la comunidad", detallaron.
Todo lo expresado por Fomea fue presentado mediante un escrito ante la jueza Díaz Bancalari para que lo incorpore a la causa.
