La Cámara de Apelaciones de Santa Fe revocó la absolución de Juan Francisco Trigatti, un maestro de educación física del Complejo Ceferino Namuncurá
El imputado por abuso sexual fue denunciado en 2021.
La Justicia provincial revirtió este martes la absolución de un docente imputado por abuso sexual en un jardín de infantes. El fallo de segunda instancia estableció una condena a 12 años de prisión efectiva para Juan Francisco Trigatti en la ciudad de Santa Fe.
La Cámara de Apelaciones declaró culpable al maestro por delitos reiterados en perjuicio de cinco niñas que tenían entre 3 y 6 años. La investigación comenzó en 2021 a raíz de denuncias en el Complejo Ceferino Namuncurá, en el barrio Yapeyú.
Los jueces Jorge Andrés, Sebastián Creus y Alejandro Tizón, dio marcha atrás con la sentencia de primera instancia, dictada en 2024. De esta manera, el maestro de educación física se convirtió en el autor penalmente responsable de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple. En ambos casos, los hechos se consideran agravados porque estaba a cargo de la educación de las víctimas.
El tribunal encargado de revisar el fallo hizo una lectura diferente de las pruebas presentadas durante el juicio. Entre ellas se destaca el testimonio de las niñas, entrevistadas en cámara Gesell. Estas declaraciones, los informes médicos y peritajes psicológicos permitieron confirmar que el acusado aprovechó su rol de docente para generar momentos de intimidad en los que agredió sexualmente a las menores.
Los jueces remarcaron como agravantes la edad de las víctimas, la reiteración de los hechos y la posición de poder que Trigatti tenía sobre las niñas. El tribunal también corrigió una interpretación previa sobre la presunta "influencia materna" en ciertos testimonios desestimados. En este sentido advirtieron que esa mirada carecía de perspectiva de género y de infancia y que constituía una forma de revictimización institucional.
El proceso penal llegó a un punto de quiebre en octubre pasado, cuando Trigatti fue absuelto en el juicio. La resolución generó el rechazo de organizaciones sociales, especialistas y referentes del derecho. La Fiscalía y la querella apelaron la sentencia para pedir una condena a 25 años de prisión.
Si bien la Cámara no hizo lugar al monto máximo solicitado, revocó el fallo inicial y estableció una pena efectiva de cárcel. Esta decisión no sólo tuvo en cuenta la gravedad de los hechos, la cantidad de víctimas y los efectos en las víctimas, sino también la extensión temporal de los delitos y la falta de antecedentes del imputado.
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La defensa está en condiciones de apelar el veredicto. En ese caso puede solicitar la conformación de un nuevo tribunal plural en la segunda instancia. Sin embargo, el dictamen representa un cambio de rumbo clave respecto del abordaje judicial de delitos sexuales contra niños y niñas en el ámbito educativo.
Además de la condena, la Cámara dispuso la revocación de medidas contra funcionarios públicos que habían sido señalados en la sentencia anterior. Finalmente ratificó la legalidad del accionar fiscal y de las profesionales del sistema de protección.
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