La traza navegable del Río Paraná, que desde hace 25 años los intereses privados consiguieron renominarla Hidrovía (por la sociedad homónima que la controla comercialmente), entró de manera plena en el debate político y económico de la Argentina que viene. El próximo 30 de abril vence la concesión de la compañía multinacional que la explota desde 1995 (Hidrovía SA) y la controversia sobre qué hacer hacia el futuro atraviesa al frente político gobernante. ¿Volver a concesionarla al sector privado multinacional, o colocar al Estado en un rol decisivo en el control del “peaje” más importante del país?, el que pagan los gigantes cargueros que navegan las aguas del río marrón.
Por lo pronto, el Senado nacional con mayoría oficialista y cristinista, apura la conformación -mediante una ley, el jueves se emitió dictamen- de una Comisión Bicameral “de Seguimiento, Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná y del Sistema de Navegación Troncal con jurisdicción en la República Argentina”
La ley para la creación de la nueva Bicameral, con amplias atribuciones, irá al recinto la próxima semana – si se confirma la sesión. Entre sus facultades, “tendrá por objeto el estudio, conocimiento, seguimiento, monitoreo, auditoría y contralor del proceso licitatorio de la Hidrovía Paraguay-Paraná, del Sistema de Navegación Troncal, de las inversiones necesarias para el desarrollo integral de las regiones y toda aquella cuestión conexa vinculada al transporte, la integración, el crecimiento económico y el desarrollo productivo”. Una vez obtenida la media sanción en el Senado, pasará a Diputados y recién luego se conformará, con doce miembros, seis de cada de una de las cámaras.
“El impulso de la creación está acordado con Diputados”, contó a La Capital la senadora María de los Angeles Sacnun, buscando despejar los fantasmas que pudieran acechar a propósito de algunas otras medias sanciones que apuró el Senado, y que pasaron al dormir el sueño de los justos en la Cámara baja: el ejemplo más chocante, la media sanción para crear una comisión bicameral que estudie e investigue el caso Vicentin. Diputados nunca completó esa media sanción, y Vicentin pesa, al día de hoy, como una dolorosa derrota política para la Casa Rosada.
La santafesina Sacnun, factótum de la nueva bicameral y única de los tres senadores de la provincia de Santa Fe que impulsó y participó en el debate-, presidió el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales – es la titular- y de Presupuesto, desde donde tomó forma el dictamen de tres carillas y ocho artículos, y consiguió que todos los miembros presentes – oficialistas y oposición- firmaran: unanimidad.
“La bicameral introduce al Congreso en el control para que no quede sólo en manos del Ejecutivo”, explicó la dirigente oriunda de Firmat a este cronista.
De aprobarse la ley y constituida la bicameral, la nueva docena de legisladores nacionales podrán poner luz en un mundo dominado por la opacidad y comprobada evasión, podrán:
- Solicitar todo tipo de documentación e información relacionada con la Hidrovía y el Sistema de Navegación Troncal, tanto del sector privado como del sector público, y de organismos locales como internacionales.
- Citar a funcionarios nacionales, provinciales, municipales y comunales a prestar informes y a representantes de los organismos que manejan, controlan, ejecutan y desarrollan la licitación de la Hidrovía.
- Requerir informes a las Universidades, entidades empresariales, industriales, del comercio, de la producción agropecuaria y de los trabajadores.
- Elaborar informes brindando propuestas concretas y asesorando en el avance de las acciones propuestas, haciendo especial énfasis en el desarrollo armónico de la nación, el respeto al federalismo, el desarrollo de las economías regionales y el cuidado del medio ambiente.
- Auditar las inversiones, costos y gastos que se desprendan de la licitación de la Hidrovía.
Además de la decisión final que tome el presidente de la nación, en el sentido de si la llamada hidrovía pasará a tener control estatal, o continuará como concesión a privados, permanecen las dudas sobre en manos de quién estará la gestión y el cobro de peaje de la fabulosa “autopista” del río a partir del próximo 1ro de mayo – finalizada la concesión actual. Desde el oficialismo en el Senado sugieren un proceso “transicional”, donde la actual multinacional no mantenga el control de esa caja cercana a los 190 millones de dólares por año. Otros hablan de “prorrogar” la concesión hasta tanto se celebre la nueva licitación, un trámite que cómo mínimo llevaría un semestre.
La discusión sobre quién controla y explota el uso de la traza navegable del Río Paraná no sólo es un debate sobre “dragado y balizamiento, sino que estamos discutiendo un proyecto de nación, el control de Comercio exterior, las mercaderías que entran y salen del país a través del Río Paraná, los delitos que allí se cometen: criminalidad económica, contrabando, evasión fiscal, trata de personas y narcotráfico”, amplió María de los Ángeles Sacnun a LaCapital.
Distintos estudios económicos aseguran que la “fuga” de divisas por el río sería cuantiosa. Entro otros, uno realizado por Naciones Unidas en 2017, según el cual la Argentina pierde por año el 4 por ciento de su PBI por falta de controles a las cargas de los barcos, 21 mil millones de dólares.
“Si no ponemos la mirada sobre el control de ese comercio exterior, sobre que las empresas transnacionales no evadan los recursos que la Argentina requiere para salir adelante, sería una equivocación política. La Argentina figura entre los cinco países del mundo más afectados por la pérdida de ingresos fiscales a manos de las empresas transnacionales”, abundó Sacnun.
