La legalización de Uber y DiDi en Rosario quedó a un paso de concretarse. Después de una jornada de intensas negociaciones y fuertes cruces políticos, las comisiones de Servicios Públicos y Gobierno del Concejo Municipal se aprestan por estas horas a emitir un despacho favorable para que el proyecto pueda tratarse este jueves en el recinto. El acuerdo alcanzado entre distintos bloques permitiría reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa, pese al rechazo del interbloque integrado por el peronismo y Ciudad Futura y la abierta oposición de las cámaras de taxis y remises.

La discusión avanzó este miércoles en el Palacio Vasallo, donde los concejales buscaron acercar posiciones sobre las condiciones que deberán cumplir las aplicaciones de transporte para funcionar legalmente en la ciudad. El entendimiento contempla un registro de conductores y vehículos, exigencias de seguridad y la posibilidad de que las plataformas establezcan sus propias tarifas sin límites mínimos ni máximos.

Ese último punto es uno de los principales motivos de controversia. Mientras los sectores que impulsan el proyecto consideran que no corresponde fijar los precios de un servicio prestado por empresas privadas, los representantes de los taxistas y los concejales opositores advierten que la desregulación tarifaria puede profundizar la competencia desigual con taxis y remises.

Uber y DiDi: cómo será la regulación que se votaría en Rosario

Las negociaciones permitieron acercar posiciones entre el oficialismo y La Libertad Avanza (LLA), que inicialmente había presentado una propuesta alternativa para desregular completamente el sistema.

Después de un cuarto intermedio, los concejales libertarios moderaron sus pretensiones y aceptaron incorporar una serie de requisitos vinculados con la identificación de conductores, las condiciones de los vehículos y la cobertura de seguros.

Según explicó la presidenta de la comisión de Servicios Públicos, Anahí Schibelbein, el acuerdo establece que los choferes deberán contar con licencia profesional, los automóviles tendrán que mantener la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día y deberán disponer de un seguro adecuado para el transporte de pasajeros.

Además, los conductores no podrán registrar antecedentes penales y quedará excluida la posibilidad de prestar el servicio mediante motocicletas, fundamentalmente por cuestiones vinculadas con la cobertura de las pólizas.

"Puntualizamos que los conductores tengan carnet profesional, que los autos tengan la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día, que posean seguro para transportar terceros y que no tengan antecedentes penales, mientras que no aceptamos bajo ninguna circunstancia el traslado en moto", precisó la concejala.

Otro de los puntos acordados contempla la obligación de establecer un domicilio legal al cual puedan dirigirse las autoridades ante eventuales reclamos o actuaciones administrativas.

Sin embargo, el esquema mantendría la libertad de las plataformas para determinar sus tarifas. Desde Unidos argumentaron que no sería posible regular los precios de un servicio ofrecido por empresas privadas.

La iniciativa también prevé modificar la normativa vigente sobre plataformas de transporte y establecer una ordenanza específica. El registro de choferes y vehículos quedaría a cargo de las propias empresas, que posteriormente deberán remitir la información al municipio.

El rechazo del peronismo y Ciudad Futura a la legalización de Uber

El acuerdo político encontró una fuerte resistencia en el interbloque conformado por el peronismo y Ciudad Futura, cuyos integrantes sostienen que el proyecto no contempla suficientes garantías para proteger el trabajo registrado ni asegurar condiciones equitativas de competencia.

El concejal peronista Mariano Romero cuestionó especialmente que las aplicaciones puedan fijar sus tarifas sin restricciones.

"El proyecto saldría con la desregulación total de la tarifa, pese al rechazo nuestro y del sector taxista, de modo que Uber y DiDi van a poder cobrar sin límites. Es uno de los peores escenarios que imaginábamos porque el proyecto acordado es lo más parecido a lo que pretendía el bloque de La Libertad Avanza", señaló a La Capital después de la reunión de comisiones.

Desde su espacio habían planteado la necesidad de establecer una banda tarifaria mínima y máxima, resguardar las fuentes laborales y crear una tasa específica para financiar los operativos de control y el Fondo Compensador del Transporte.

Romero también advirtió sobre la falta de regulación de las comisiones que cobran las plataformas a sus conductores.

"Será una ordenanza prácticamente desregulatoria, en la cual no habrá protección para el trabajador ni el usuario, de modo que la aplicación no tendrá límites del porcentaje que le extrae al chofer como sucede en el caso del servicio de taxis y remises, puesto que tampoco habrá un piso para ello", sostuvo.

Una de las objeciones apunta, además, al mecanismo previsto para registrar a quienes presten el servicio. Al quedar esa tarea inicialmente en manos de las empresas, la oposición considera que podrían surgir dificultades para aplicar sanciones y ejercer los controles municipales.

Por su parte, Schibelbein reconoció las diferencias entre los bloques, aunque destacó los avances de las negociaciones.

"Hay dos bloques del Concejo que no estaban de acuerdo, mientras que LLA quería legalizar estas plataformas. Después de mucho diálogo, creemos que pudimos llegar a un acuerdo, más allá del mensaje que bajó la Intendencia para avanzar con la regulación de estas aplicaciones en Rosario", explicó.

Protesta de taxistas frente al Concejo Municipal

Mientras los concejales discutían el proyecto, la tensión también se hizo sentir en las puertas del Palacio Vasallo.

La jornada comenzó este miércoles al mediodía con una concentración de conductoras de She Taxi y representantes de distintos sectores del servicio de taxis de Rosario.

Las mujeres que trabajan con esa aplicación reclamaron especialmente la implementación de un registro de conductores y vehículos para reforzar la seguridad de las pasajeras y las propias trabajadoras, a partir de episodios recientes que generaron preocupación.

En paralelo, las cámaras de taxis y remises y el Sindicato de Peones de Taxis se movilizaron con banderas, cánticos y humo para manifestar su rechazo a la legalización de Uber y DiDi bajo las condiciones que se estaban negociando.

Las protestas también se trasladaron al interior del Palacio Vasallo, donde representantes del sector expresaron su malestar ante la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck.

Los taxistas anticipan acciones judiciales contra la ordenanza

El presidente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), José "Tato" Iantosca, anticipó que el sector podría recurrir a la Justicia si el Concejo finalmente aprueba la normativa.

El dirigente describió el escenario que se abre como una etapa de resistencia y supervivencia para una actividad que, según sus representantes, viene perdiendo unidades y rentabilidad.

"Vamos a dejar pasar el tiempo, pero desde ya que vamos a actuar judicialmente porque, más allá de que digan lo contrario, están haciendo un traje a medida a las aplicaciones", advirtió.

Iantosca también cuestionó las diferencias entre las exigencias que deben cumplir las pequeñas empresas locales y las condiciones que se establecerían para las plataformas.

"Mientras las pymes son embargadas por Arca, acá se desregula el sistema para que Uber se lleve la plata sin dejar absolutamente nada. La verdad que me da vergüenza ajena como argentino. Veo caer un montón de pymes como también caen los taxis pese a la resistencia y a Uber se le da todo", sostuvo.

El dirigente consideró, además, que la futura autonomía municipal podría ofrecer herramientas para establecer una regulación diferente.

"Una Rosario que va a ser autónoma podría regular estas plataformas", planteó.

Advierten que la competencia de Uber y DiDi también afectará a los colectivos

Desde la Asociación de Titulares de Taxistas Independientes (Atti) también cuestionaron el esquema que se encamina a obtener despacho favorable.

Mario Cesca, uno de sus referentes, sostuvo que la discusión excede la habilitación de las aplicaciones y pone en juego las condiciones laborales de quienes prestan servicios de transporte.

"Acá no estamos discutiendo si Uber sí o Uber no. El tema es trabajadores registrados o en negro. Si nosotros no deducimos nuestras cargas sociales, Arca nos hace juicio", señaló.

El dirigente aseguró que los titulares de taxis están obligados por la normativa municipal a mantener a sus choferes en relación de dependencia, una exigencia que, según su planteo, los coloca en desventaja frente a los conductores de las plataformas.

"Si nosotros sacáramos ese impuesto, podríamos tener una tarifa más barata y competitiva con Uber, pero hay una ordenanza municipal que indica que tenemos que tener a los choferes en relación de dependencia", argumentó.

Cesca también reveló que el sector se encuentra negociando un nuevo convenio colectivo de trabajo con el sindicato de conductores, aunque puso en duda su futuro frente al escenario que plantea la ordenanza.

"Estamos negociando la firma de un nuevo convenio, pero ¿a quién se lo vamos a aplicar ahora que no somos más nada? Lo tenemos que tirar a la basura", lamentó.

Por su parte, Sergio Aimo, también integrante de Atti, advirtió que la competencia de las aplicaciones no solamente tendrá consecuencias sobre los taxis y remises, sino que también podría afectar al sistema de colectivos.

"El problema de fondo del marco legal que se va a aprobar rompe el sistema de transporte, no sólo el taxi, que ya redujo a la mitad la cantidad operativa de unidades. Esto le va a pegar de lleno al transporte urbano de pasajeros porque no se puede competir con una tarifa como la que ofrecen las aplicaciones", afirmó.