La última audiencia del debate de apelación del fallo de juicio por la explosión de calle Salta 2141, que condenó a un gasista como único responsable del hecho, quedó atravesada por los desoladores testimonios de los familiares de las víctimas, quienes reclamaron justicia y que se extiendan las condenas efectivas a los siete absueltos. El Tribunal de segunda instancia se tomará cuarenta días hábiles para revisar los llamados agravios, por lo que recién podría dar a conocer el veredicto dentro de dos meses.

Con la sala 1 de los Tribunales provinciales de Balcarce y Pellegrini colmada de público, principalmente de familiares de imputados y víctimas, ayer se desarrolló durante cuatro horas la tercera y última audiencia de expresión de agravios al fallo que, a mediados del año pasado y tras un juicio de tres meses, condenó a cuatro años de prisión efectiva el gasista Carlos Osvaldo García cómo único responsable del hecho ocurrido el 6 de agosto de 2013, que dejó un saldo de 22 personas fallecidas.

El Tribunal, integrado por Carina Lurati (presidenta), José Luis Mascali y Carlos Carbone, dedicó esta ultima jornada a lo que se denomina "audiencia de visu", que generalmente utiliza para conocer aspectos personales de los imputados, aunque con buen criterio se dispuso escuchar a varios familiares de las víctimas, quienes valoraron la oportunidad de "hablar ante un Tribunal por primera vez".

Los relatos estuvieron atravesados por descripciones dolorosas de lo vivido desde el día de la tragedia, y la angustia interminable por la pérdida de los seres queridos. La primera en tomar la palabra fue Sonia, madre de Débora Gainángelo, y referente familiar de los únicos querellantes que quedaron en pie durante todo el proceso.

"En mi vida hubiese imaginado perder a mi hija, fue terrible. Sabemos que es el camino más difícil y escabroso, pero desde ese día elegimos luchar desde el derecho. En nosotros no hay odio, sólo queremos justicia, y que las personas que son responsables de esta masacre paguen con pena efectiva", dijo conmovida la mujer.

Más adelante explicó que después del fallo de primera instancia "costó volver a creer en la Justicia, pero pensamos que existe, por eso estamos acá y vamos a continuar hasta que logremos Justicia. No puede ser que haya 22 víctimas y nadie preso. Las pruebas están sobre la mesa, vamos a luchar por la memoria, verdad y justicia. Se que ustedes nos van a escuchar y van a rever el fallo de primera instancia", al que tildó de "vergonzoso e indigno".

Con el mismo semblante habló Jorge Magaz, padre de Estefanía, también fallecida en el accidente. "Desde el 6 de agosto de 2013 estoy muerto en vida. Todos los santos días voy al cementerio a buscar la energía y la paz que necesito para seguir adelante", narró el hombre, oriundo de Las Rosas, atragantado por los sollozos.

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Mientras por la voz de los parlantes sólo se escuchaba el relato desconsolado de Magaz, de repente estalló un grito entre el público. "Dejá de reírte hija de puta, te seguís riendo y te juro que te mato. Respetá el dolor del familiar de una persona fallecida", vociferó la hermana de Santiago Laguia, otras de las víctimas.

Los insultos fueron dirigidos a Viviana Leegstra, de Litoral Gas y una de las acusadas. Fue un momento de extrema tensión. La jueza Lurati pidió calma y Magaz continuó su exposición, en la que apuntó a las "acciones u omisiones", a un "accionar negligente" y a la "desidia" que desembocó en el episodio. "No todos los días explota un edificio, esto es único", recordó.

Más adelante, Claudia Vaio, mamá de Laguia, además de resaltar aspectos humanos de su hijo y detalles de los días fatales mientras lo buscaba en medio de los operativos de rescate, repudió el "maltrato" que recibieron los familiares durante el juicio de primera instancia.

"Nos trataron de locas que no habíamos tomados las pastillas", y cargó por eso contra los abogados defensores Víctor Corvalán y Walter Stramazzo. "Perdón si ofendo a alguien, pero yo no creo en la Justicia, es el poder más perverso. Durante 78 meses víctimas y familiares deambulamos por Tribunales para que alguien nos escuchara. Pase lo que pase, los imputados va a cargar con las 22 muertes", indicó Claudia, quien igualmente agradeció el trabajo de la fiscal Graciela Argüelles.

Después fue el turno de Marcela Nissoria, viuda de Hugo Montefusco; de Nora Giraudo, mamá de Maximiliano Vesco; y de Carmelo Caterina, papá de Florencia Caterina; además de Anahí Salvatore, vecina y sobreviviente de Salta 2141, y a Adrián Gianángelo, hermano de Débora.

Caterina se mostró molesto con la actitud de los acusados, porque ninguno se acercó a los distintos actos y homenajes para mostrar su solidaridad con las víctimas. "Es una cuestión de amor y cariño por el otro. Pero ellos no nos representan como seres humanos", expresó en medio de llanto el hombre de 82 años. Además, apuntó a la precaria instalación de gas del edificio, que su propia hija le advirtió meses antes de la explosión.

Salvatore, recordada porque su imagen colgada de una ventana recorrió el mundo, confesó que aún no pudo salir de "una situación angustia" que la aqueja durante todos estos años y que le dejó secuelas psicofísicas. Además, habló de las acciones negligentes que comenzaron con la inspección del Litoral Gas el 26 de julio, dos semanas antes de la tragedia. Gianángelo fue breve, pidió por la memoria de las víctimas y reclamó "justicia" en nombre de los 22 fallecidos.

El Tribunal también escuchó a los acusados que fueron absueltos en primera instancia. Los administradores del edificio Mariela Calvillo, su madre, Norma Bauer, y Carlos Repupilli, también se conmovieron, dijeron respetar el dolor de las víctimas y se declararon inocentes.

En el mismo tenor se pronunciaron los empleados de Litoral Gas Claudio Tonucci, jefe de mantenimiento de redes de la firma; y Guillermo Oller, inspector de la empresa quien reconectó el servicio tras el arreglo que hizo el gasista José Allala (desvinculado del caso).

También declaró Viviana Leegstra, gerenta técnica de Litoral Gas, acusada por no tener un plan de contingencia para cortar el gas el día del hecho. La mujer aprovechó para aclarar que en ningún momento se rió de las víctimas, y que algunas de las cosas que dijo tal vez fueron malinterpretadas por el dolor que sufren. Después fue el turno de Luis Curaba, un empleado jubilado que trabajó con Oller.

Finalmente llegó el momento del gasista García. Contó tiene cuatro hijos, que estuvo preso tras el siniestro, y recordó que el 1º de agosto de 2013 se presentó en Litoral Gas para pedir autorización por el arreglo en el edificio. En ese momento la jueza Lurati le aclaró que sólo debía referirse a cuestiones personales.

Entonces, el gasista explicó los trastornos psicológicos que acarrea y la situación económica apremiante en la que cayó, y que lo obligó a vender bienes para sobrevivir con su familia. También recordó que todos los 6 de cada mes concurre a Salta 2141 para orar por las víctimas.

Lurati dio por concluida la audiencia, pero aclaró que el Tribunal tiene mucho trabajo por delante para revisar no sólo los cuestionamientos vertidos por las partes, sino los audios y videos del juicio de primera instancia. Los jueces pueden tomarse hasta cuarenta días hábiles para evaluar el caso, aunque tienen la potestad de prolongar ese tiempo ante su complejidad.