Ante las múltiples denuncias en las áreas de Salud Mental -de las que La Capital dio cuenta la semana pasada-, se van registrando algunas acciones desde el Estado. En este caso el nacional, ya que una investigación federal ordenó el allanamiento de 4 centros Remar (Recuperación de Marginales) en Rosario donde se liberaron a 90 víctimas de explotación laboral, entre ellos 15 menores de edad, en conexión con un pastor.

La ONG de larga trayectoria en la ciudad supuestamente asiste a personas en procesos de rehabilitación de adicciones y consumos problemáticos, víctimas de violencia de género y en algunos casos acogen a víctimas de trata rescatadas de operativos judiciales. Unas 50 víctimas ya volvieron a sus hogares y provincias de origen, pero siguen las entrevistas e investigaciones.

Remar trabaja en Rosario desde 1996, según se lee en su página oficial, con personas de "todo tipo de marginación; adictos, madres solteras, varones y mujeres en situación de calle". Reconocen que cuentan con "varios hogares, granjas y servicios al publico" y las áreas de trabajo son: Granja comunitaria para varones, casa de varones de 2° fase, Hogar de niños, Casa de matrimonios, Iglesia Cuerpo de Cristo, Carpintería, Panadería y Rotisería, Radio y Televisión. En teoría, los internos realizan un trabajo de rehabilitacion de 18 meses, pero hay denuncias que indican que eran reducidos a la servidumbre en una organización piramidal de pastores, coordinadores y directores evangélicos, ligados con una sede en España.

Las acciones judiciales locales fueron parte de un total de 38 procedimientos simultáneos realizados en 6 provincias: San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y Provincia y Ciudad de Buenos Aires. De este modo, 500 personas fueron liberadas en todo el país y se secuestraron elementos de interés para la causa, además de 1.919.520 pesos, 9.140 dólares, notebooks, celulares, dispositivos de almacenamiento de información y documentación.

"Te vamos a ayudar”, decían algunos letreros de las “granjas de integración gratuita y sin fines de lucro” llamadas “Remar” que proveían alojamiento y prometían asistencia a personas en situaciones vulnerables.

La investigación fue encabezada por el fiscal federal Cristian Rachid y sus pares Marcelo Colombo y Alejandra Mangano de la Procuración General de la Nación (Protex) y operativizada por la Gendarmería Nacional. En cada lugar se detectaron fuertes indicios de que en la institución había situaciones compatibles con reducción a la servidumbre, explotación laboral e irregularidades patrimoniales.

La intervención de las sedes se realizó con veedores de los gobiernos provinciales y la Dirección de Salud Mental y se verificaron múltiples y diversos indicadores de explotación laboral sobre la mayoría de las 498 personas acogidas en las sedes de Remar a quienes se les imponían extenuantes jornadas de trabajo sin ninguna paga en diversos rubros como la venta ambulante, albañilería, carpintería, tareas de cosecha, reparación de vehículos, tareas domésticas y de cuidado, entre otras.

También los delegados y delegadas de la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de Personas que participaron en los diferentes operativos, informaron las siguientes conclusiones:

• Se verificaron indicios indicadores de vulnerabilidad por razones de salud, edad, económicas, violencia de género y adicciones.
• En la mayoría de los casos, las personas entrevistadas no eran oriundas de la provincia donde se encontraban.
• En varios casos se pudo saber que a las personas se les retenía los teléfonos celulares, documentos personales y/o tarjetas de débito para la posterior apropiación de beneficios sociales asignados.
• Las personas eran recibidas y acogidas en los establecimientos donde muchas veces trabajaban.
• Las principales actividades económicas de la organización que se pudieron conocer están relacionadas con la venta ambulante, venta de muebles, carpintería, mecánica, construcción y tareas domésticas.
• En varios establecimientos se encontraron familias con sus hijos y en algunos, menores de edad trasladados sin autorización de sus padres.
• En todos los casos las personas entrevistadas aseguraron realizar tareas para la organización sin paga alguna.
• En varios casos manifestaron tener que cumplir objetivos de ventas.
• En todos los casos manifestaron no recibir salario, ni retribución dineraria alguna por las tareas encomendadas.
• En la mayoría de los casos manifestaron cumplir largas jornadas laborales.
• En algunos casos encontraron documentación de altas y bajas firmadas por personas que declaraban su voluntad de realizar trabajo voluntario social (Ley 25.855). Un “voluntariado” sujeto a horarios extenuantes, topes de producción y a destajo y un sistema de premios y castigos.
• En todos los casos las personas con alguna enfermedad o discapacidad manifestaron no recibir atención médica, psicológica ni farmacológica por parte de los responsables de la organización, pero sí que se estaban rehabilitando de alguna adicción.
• En varios domicilios se encontraron grandes sumas de dinero en efectivo (moneda nacional y extranjera) y títulos de vehículos.
• Durante los procedimientos, varias personas expresaron su intención de abandonar el establecimiento allanado, motivo por el cual este Comité Ejecutivo articuló con los puntos focales provinciales (Mendoza – Córdoba) la reubicación transitoria y el traslado a su provincia de origen donde se encuentran sus familiares.

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La resolución del magistrado señala: “Desígnense los veedores que describe el referido dictamen a los fines que los mismos pongan en conocimiento de éste Tribunal y del Ministerio Público Fiscal Instructor el estado de situación de los lugares, tanto de las víctimas como de eventuales responsables que puedan estar o no imputados en las actuaciones, e informar las medidas administrativas que se adopten o pudieran adoptar para el correcto funcionamiento de los lugares en consonancia con las normativas nacionales y provinciales vigentes; por tal motivo, se autorizan para actuar como veedores en Santa Fe a Camila Bettanin, presidenta del Consejo Ejecutivo Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe.

Historial de denuncias contra Remar

No es la primera vez que Remar enfrenta una denuncia y la pregunta de rigor es: ¿por que tuvieron que pasar más de 7 años hasta que la Justicia decidió realizar un allanamiento simultáneo como el de esta semana?

En octubre del año pasado, en Fernández Oro (Río Negro) se comprobó que una joven de 20 años era obligada a prostituirse para cubrir los gastos en la institución y se encontró otra en un procedimiento en Neuquén.

En 2021, el periódico La Arena de La Pampa publicó una nota titulada "Remar, o el verso de la beneficencia". donde daba cuenta que "en los últimos años", Remar había acuñado innumerables denuncias y procesos judiciales por trata de personas, en Argentina, Chile, Uruguay y España, entre otros países. Aseguraba que en septiembre de 2016, un pastor evangélico y su esposa, ambos españoles y titulares de una sede de Remar en Río Cuarto, fueron procesados por el delito de trata de personas. La denunciante fue una joven pampeana de General Pico, a quien sus padres debieron rescatar ante la penosa situación que atravesaba.

Un año después, en febrero de 2017, se registró un delito similar cuando se comprobó en un centro de rehabilitación de la institución a adictos, ancianos y madres solteras en condiciones penosas. Se detuvo a 11 personas que obligaban a mendigar a los internos y los castigaban. Los acusaron de coacción, asociación ilícita y privación ilegal de la libertad. En el centro había adictos, ancianos y madres solteras

Sin embargo, en la web de la ONG se aseguraba que "muchos internos aprenden un oficio en los centros de Remar". Se lee: "Con más de 25 años desde sus comienzos en Argentina, son muchas las personas que han pasado por los centros de Remar y salieron con una capacitación en algún oficio. Es una realidad de que muchas de las personas que ingresan en Remar, no tienen trabajo y tampoco han aprendido ningún oficio. Uno de los pilares en el proceso de rehabilitación, no solamente que puedan dejar de consumir, sino que cuando deciden salir, pueden volver con sus familias con conocimiento de algún oficio para poder conseguir trabajo y aportar económicamente".