Familias, organizaciones sociales, trabajadores de la salud y transportistas del sector se movilizaron este miércoles por la mañana en el Monumento a la Bandera en rechazo al proyecto que propone la desregulación de los aranceles de las prestaciones de salud para personas con discapacidad. Se trata de una manifestación federal que tuvo su correlato en diferentes puntos del país.

La convocatoria fue realizada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad frente al Monumento a la Bandera a partir de las 10.30 de la mañana y tuvo su paralelo en varios puntos del país, como la ciudad de Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Miguel de Tucumán, varias ciudades de la provincia de Córdoba, entre otras localidades. Todas en rechazo de un proyecto de decreto elaborado por la Agencia Nacional de Discapacidad que busca la desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

El proyecto tiene como propuesta la desregulación del nomenclador que equipara los aranceles de las prestaciones de salud dirigidas a personas con algún tipo de discapacidad. El nomenclador no es otra cosa que la lista de servicios para personas con discapacidad, las cuales acceden a las mismas a través de un certificado único que acredita su estado de salud y le garantiza ese acceso sin restricciones a servicios educativos, terapéuticos, de salud, de alojamiento, de asistencia y de transporte.

"Lo que sucede es que, al desregular las prestaciones de discapacidad del sistema único que permite que desde el Estado Nacional se regulen los aranceles asegurando la igualdad de condiciones de acceso para todas las personas con discapacidad, abre las puertas a que cada ente financiador de las prestaciones del Pami, obras sociales, entre otros, establezca los aranceles que considere de modo unilateral”, explicó en diálogo con La Capital la psicóloga Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial para Personas con Discapacidad (Apridis) y apuntó: “Esto implica un retroceso en la igualdad que se generó a partir de la sanción de la ley de discapacidad en 1997. Estamos retrocediendo casi 30 años en materia de derechos".

Consecuencias directas

La asociación dirigida por Chapero lanzó un comunicado donde explicaron su postura frente al proyecto, el cual tomó conocimiento público el pasado 10 de mayo bajo la firma del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Orlando Spagnuolo. Según Apridis, el proyecto busca la “desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad” a través de la eliminación del “eje central que sostiene la estructura del Sistema Único: la accesibilidad universal para todas las personas con discapacidad de nuestro país”.

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“Si el proyecto en cuestión pasa a formalizarse como decreto el Sistema, que alcanza a más de 200.000 personas con discapacidad, ya no será universal y pasará a ser exclusivo, habrá entonces beneficiarios de primera, beneficiarios de segunda, tercera y cuarta categoría. El acceso pasará a depender de su cobertura: los que más, más y los que menos, menos”, esgrime el mensaje firmado tanto por Chapero como por Luciano Urrutia, vicepresidente de la entidad.

En este sentido, Apridis enumera que la desregulación traería consigo la concentración del Sistema Único de Prestaciones en favor de “aquellos prestadores de servicios de mayor tamaño”, quienes podrán “adaptarse y resistir este proceso selectivo”, mientras que los prestadores de menor tamaño, “probablemente más jóvenes en sus trayectorias y cuya labor es fundamental en el interior del país van a sucumbir en el camino”.

Por otro lado, “los transportes dejarán de ser emprendimientos particulares y pasarán a ser en su mayoría institucionales”, a la vez que “las prestaciones educativas estarán en línea roja, dado que ya se han pronunciado los representantes de las pre pagas y las obras sociales acerca de que sus coberturas son de salud y no de carácter educativo”.

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En síntesis, lo que en principio es un sistema solidario y unificado pasaría a plantear diferencias entre las personas con discapacidad que puedan pagar el acceso a sus tratamientos y “miles de puestos de trabajo destruidos”.

Desregulación que afecta a todos

Chapero describió un preocupante escenario de desfasaje arancelario tanto en materia de prestaciones de salud como en términos de combustible para los transportistas, quienes también concentraron en el emblemático parque nacional: "Hoy estamos con un desfasaje enorme a nivel arancelario. De este gobierno solamente tenemos, desde que asumió, un 45% de atraso y en el transporte, por el tema de combustible, hay un 100% de atraso. Esto es solamente desde diciembre, porque si vamos a principios de 2023 tenemos más de un 150% de atraso y por encima de 200% en transporte con relación a lo que sería la inflación".

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En cuanto a la situación de los trabajadores involucrados en las prestaciones, Chapero afirmó que la mayoría de ellos se encuentran brindando sus servicios en condiciones "absolutamente precarizadas, por lo tanto los prestadores recibimos aranceles que están muy por debajo de los honorarios éticos que están establecidos para trabajar". Además, en el contexto de no actualización de los aranceles, "la situación de precarización corre el riesgo de magnificarse aún más".

“Esto significa un retroceso fatal para los derechos de las personas con discapacidad y para la sociedad toda en su conjunto. La diferenciación arancelaria que se busca implementar va en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual goza de jerarquía constitucional”, concluyó la psicóloga.