Presentaron un proyecto para prohibir el glifosato en Santa Fe

La iniciativa establece como autoridad de aplicación a la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de esa ciudad como organismo "responsable de llevar a cabo las acciones de difusión, prevención, control y sanción de la presente ordenanza, como también de la promoción de medidas alternativas para el control de malezas y plagas, en armonía con el ambiente, la salud humana y los derechos de la naturaleza".

El proyecto, elaborado en conjunto por las diferentes organizaciones que componen la campaña "Paren de Fumigarnos", recibió el apoyo de tres concejales santafesinos: Franco Ponce de León (Coalición Cívica), Juan Cesoni (PJ) y Leandro González (UCR), quienes acompañaron la movilización que la multisectorial organizó frente al Concejo el pasado lunes al mediodía.

En la argumentación que acompaña al proyecto se menciona que en la provincia de Santa Fe "se han realizado una serie de estudios que convalidan la relación entre aplicación de herbicidas como el glifosato y la proliferación de enfermedades como el cáncer".

Agrega que "el doctor Damián Verzeñassi sostuvo que al recorrer localidades santafesinas de menos de 10 mil habitantes con campamentos sanitarios, en casi todas ha habido un crecimiento exponencial de los casos de cáncer año a año. Ese aumento es coincidente con los cambios en el modelo de producción".

Fundamentos

En relación a los principales fundamentos normativos sobre los cuales se construyó el proyecto, se menciona la ley general del ambiente (Nº 25.675) que consagra una serie de principios de política ambiental, entre los que se encuentra el principio de prevención, que establece que "las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir".

También se recuerda la vigencia del principio precautorio, que fija que "cuando haya peligro de daño grave, o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente".

De acuerdo a la multisectorial, cada año se utilizan "220 millones de litros del herbicida glifosato sobre los campos argentinos impactando sobre la biodiversidad y la salud humana", y alertaron que "por ello debemos alejarlo lo más posible de las poblaciones, mientras exigimos la transformación del modelo agroindustrial contaminante hacia uno de producción de alimentos sanos".

Relevamiento sanitario

En torno a la problemática de los agroquímicos, esta semana se presentó en el Samco de la localidad de Pueblo Esther un proyecto de relevamiento sanitario que se hará en esa localidad por parte de alumnos de la facultad de Medicina de Rosario.

A raíz de la preocupación expresada por la asamblea "Pueblo Esther por la Vida" las autoridades comunales solicitaron formalmente al Instituto de Salud Socioambiental de la facultad de Ciencias Médicas de la UNR, dirigido por Damián Verzeñassi, que releve cuáles son los principales problemas de salud y su eventual relación con las aplicaciones de agroquímicos.

En la presentación estuvieron presentes los directores del Samco, Claudio Cejas y César Dip, y la médica Giovanna Bonisoli, quienes serán los coordinadores de los trabajos; además del presidente y vice de la comuna, Martín Gherardi y Germán Pereyra, respectivamente, y el investigador Verzeñassi.

Los estudiantes harán una recolección de datos sobre la salud de la población de esa localidad en base a encuestas casa por casa. El trabajo comenzará a mediados de este año y los resultados finales se conocerán en 2019.

Pedido de informe

El diputado provincial Carlos Del Frade presentará hoy un pedido de informe al Ejecutivo provincial en relación a la muerte de Diógenes Chapelet, un vecino de la comuna de Marcelino Escalada (departamento San Justo) quien —según el legislador— "murió el 8 de enero como consecuencia de haber sido fumigado con agrotóxicos en su casa".

Del Frade les pide a las autoridades competentes que expliquen "qué tipos de controles médicos y auditorías se efectuaron en torno a los profesionales que participaron de la atención de Chapelet", así como la razón por la cual "durante 40 días no tuvo ningún tratamiento médico ni en los efectores privados ni en los estatales a los que concurrió en busca de atención luego de haber sido rociado con venenos".

También solicita una descripción de las medidas adoptadas por el servicio público de Justicia —en los últimos cinco años—, "con respecto a las denuncias por aspersión de agrotóxicos en todo el mapa de la provincia de Santa Fe", y una enumeración de causas abiertas por contaminación ambiental derivada "de la utilización de los diferentes productos relacionados con el veneno en la provincia".

Asimismo, pide que se expliquen los motivos por los cuales Santa Fe todavía no sancionó una ley que prohíba la fumigación aérea y limite la terrestre hasta 1.500 metros de los cascos urbanos.

Frente al Municipio y el Concejo. Distintas organizaciones se movilizaron el lunes pasado apoyadas por ediles.

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