El Grupo de Padres Adoptivos y en espera de Rosario promueve que los juicios de adopción sean gratuitos ya que en la actualidad cuestan entre 50 y 100 mil pesos en Santa Fe y hasta 250 mil en otros lugares del país, mientras que en tres provincias argentinas no tienen costo. Junto a organizaciones autogestivas de Tierra del Fuego, Córdoba y Corrientes, lograron que una diputada cordobesa presentara el 30 de abril un proyecto en el Congreso de la Nación; ahora están interesando a funcionarios y legisladores de cada una de sus provincias ya que organismos de estas jurisdicciones -por ejemplo aquí la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes- tramitarán los casos o solventarán los honorarios profesionales en caso de que se apruebe la ley.

El proyecto que presentó la diputada nacional Soledad Carrizo de la UCR hace pocos días busca modificar algunos artículos del Código Civil y Comercial para que la gratuidad que hoy rige en Chubut, Río Negro y Entre Ríos para estas causas se extienda a todo el país. El objetivo es que en ningún territorio haya dinero de por medio a la hora de adoptar una criatura ni sean los altos costos judiciales un impedimento para encarar o cerrar el proceso.

El germen de la iniciativa de Carrizo fue el documento que a fines de 2020 redactaron cuatro mujeres, referentes nacionales de las ciudades de Rosario, Curuzú Cuatiá, Río Tercero y Ushuaia, desde la perspectiva del derecho de las infancias a la identidad. Una de ellas es Claudia Calvete, del Grupo de Padres Adoptivos y en Espera local, conocido como GPA. La entidad tiene doce años de trayectoria en la búsqueda de mejorar el sistema de adopción y lo que plantea es que el Estado debe facilitar y garantizar que los niños y niñas accedan a una nueva familia. Eso incluye allanarles el camino a los pretensos padres, que ya de por sí se hacen cargo económicamente de lo que implica recibir a un niño o a un grupo de hermanos (el promedio de edad de los chicos en estado de adoptabilidad en Santa Fe es de 6 a 8 años).

Después de obtener la guarda por seis meses de manos de un magistrado de Familia, una resolución que por lo general se emite de oficio, los padres adoptivos deben iniciar un juicio. Durará unos seis meses y a la postre terminará con una sentencia, otro DNI para el hijo y una partida de nacimiento con el nuevo apellido. Para el trámite es obligatorio contar con el patrocinio de un abogado, que pauta sus honorarios de antemano o cobra en función de la regulación que establece el juez de la causa. Ese monto ronda hoy los 50 mil pesos en el mejor de los casos y puede trepar al doble, solo en Santa Fe (en otras provincias asciende hasta 250 mil pesos de acuerdo al costo de la unidad de medida judicial o jus).

Calvete, madre adoptiva de tres, expuso algunas paradojas. “Los procesos judiciales son gratuitos para las personas que no tienen fondos pero para adoptar tenés que demostrar solvencia”, comentó en primer lugar. “Un adulto que delinque tiene derecho a un abogado y un niño para cerrar la adopción y garantizar su derecho a la identidad no”, agregó. “Se lo llama juicio pero no hay dos partes, no es un proceso contencioso sino que en el expediente se tiene que acreditar el vínculo. Debería ser algo más sencillo y ágil porque se trata de una formalidad administrativa”, completó.

Calvete aclaró que no pretenden que los abogados trabajen sin percibir un pago por su tarea, pero estimó que el número de adopciones anuales es relativamente moderado como para que resulte absorbido desde alguna de las reparticiones públicas ya existentes (algo que se había llegado a ofrecer años atrás en Santa Fe para el caso de las convocatorias públicas excepcionales lanzadas desde el Registro de Adoptantes).

“Estamos viendo que se hace cada vez mas difícil cubrir los gastos de los juicios de adopción y que eso incluso desalienta a algunos pretensos adoptantes a anotarse en los Registros cuando en realidad tenemos que hacer los máximos esfuerzos para lograr que los niños con vulneraciones graves de sus derechos tengan una nueva familia”, insistió la rosarina, quien bregó porque no haya desigualdades entre provincias en cuanto al dinero como mediador o impedimento en las adopciones.