El gobierno provincial logró consolidar su estrategia en la paritaria de estatales a partir de afinar números y de cambiar los criterios de distribución. Por un lado, pudo convencer a los representantes de la administración central, UPCN y ATE, de aceptar y hasta defender públicamente la oferta. Por otro, busca exponer a los gremios docentes ante sus bases.

Ni bien salieron de la reunión paritaria con el gobierno provincial de este martes, los representantes de ATE y UPCN hicieron pública su conformidad frente a los micrófonos, algo que llamó la atención por la contundencia. Hasta tuvieron la atención de recordar las dificultades de las cuentas públicas en este momento del país y de otras provincias.

El representante de ATE, Marcelo Delfor, calificó la oferta salarial que oscila entre el 15,6 y el 17 por ciento para el segundo semestre como "razonable" y dijo que "muy pocos" empleados públicos quedaron por debajo de la variación del 17,1 por ciento con el mínimo garantizado de 170.000 pesos hasta junio. Adentro.

Paritaria

En tanto, el secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Jorge Molina, afirmó que están “conformes porque llevó mucho trabajo y tiempo”, y que la propuesta es “considerable”. Adentro.

La estrategia de separar por un lado a trabajadores de la administración central, menos combativos, y a docentes, más intransigentes, no es nueva. Desde hace varias negociaciones ni bien aceptaban los primeros gremios los aumentos, al resto se lo otorgaban por decreto y daban por finalizada la paritaria.

Pero, a la vez, el gobierno incorporó durante este primer semestre la idea de que se prioriza a los trabajadores de menores ingresos, y que dos tercios le ganan a la inflación.

Es decir, razonan que mejorando más a los que menos ganan que a las escalas superiores se garantizan que no haya reclamos fuertes de las bases. Hasta sueñan con empezar a torcer parte del rechazo docente para el año electoral, que hasta ahora parecía perdido.

Para esto se enfoca en otorgar aumentos mínimos garantizados ($170.000 a junio y $180.000 a diciembre) como forma de criterio distributivo. Incluso cuando las sumas incorporen también suplementos como el Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente ($100.000).

Según precisó el ministro de Economía, Pablo Olivares, si el 15,5% que los de menores ingresos percibieron se suma al aumento ya otorgado durante la primera mitad del año, esos empleados alcanzarán una recomposición anual que le ganará a la inflación.

Justamente esa es la clave: las proyecciones para el segundo semestre muestran una inflación mensual inferior al 2%. Así, será determinante para la cuestión salarial de Maximiliano Pullaro la política económica de Javier Milei.

El discurso

La batalla que pretenden dar es en la forma de comunicar, sobre todo ante la resistencia gremial docente. Si en la primera mitad de mandato se fue a un discurso beligerante enfocando en el ausentismo y la necesidad de reducir los paros, ahora van a los números.

Pretenden mostrar información palpable como comparaciones de los salarios de bolsillo, el aumento acumulado durante el año, y los mínimos garantizados. “Provincia ofreció aumentos de hasta 15,5% para el segundo semestre con mínimos garantizados, alcanzando un 36% de aumento anual”, tituló la gacetilla.

Sin embargo, sostienen que el conflicto docente se mueve por un componente político. Hasta creen que el mismo se mueve no por lo estrictamente salarial, sino por la lógica de la confrontación. Los gremios argumentan que el retraso salarial es real y pelean por eso.

En esa línea, desde el gobierno argumentan que los gremios buscan el impacto mediático sobre los datos técnicos, lo que implica mantener posturas rígidas para evitar el costo político ante sus afiliados.

Entonces, no aceptan la oferta a sabiendas que el aumento igual se ejecutará por decreto. Ahí la ecuación final del gobierno: que el aumento diseñado termine teniendo aceptación de a poco de parte de las bases y que dejen en offside a los gremios.