Quejas, críticas, fuego cruzado, controversia. Esto y mucho más disparó el segundo aumento en menos de 12 meses de la tasa general de inmuebles (TGI) con el que se desayunaron los rosarinos al recibir esta semana las boletas 2009. Los incrementos no se fueron con chiquitas: en algunas zonas fueron del 180 por ciento, pero donde se sintió sin dudas el guadañazo fue en los barrios cerrados, allí la suba trepó al 1.500 por ciento. Las dudas son muchas. Pero hay dos básicas que flotaron en medio de la discusión por estos días. Si los vecinos no reciben más servicios por esta actualización de la tasa, ¿en base a qué se calcula el aumento? ¿Es acaso la TGI un impuesto encubierto? Quien responde y analiza el tema para LaCapital es el tributarista y asesor impositivo Enrique Lingua.

—¿Por qué las críticas al aumento hablan de un tratamiento de la TGI a la manera de un impuesto como el inmobiliario?

—Hay una diferencia específica entre uno y otro: el Estado cobra una tasa por la contraprestación de un servicio, en cambio el destino de los impuestos es la renta general (la recaudación del Estado; sus arcas) que se aplica de acuerdo al presupuesto. Pero sucede que aquí la TGI dejó de ser una tasa y pasó a ser un impuesto. Acá se aplicó un aumento pero no se ha dado un mayor servicio; se aumenta porque sí, entonces se perdió la naturaleza jurídica de la tasa, se aumenta por una necesidad recaudatoria.

—Hay una diferencia específica entre uno y otro: el Estado cobra una tasa por la contraprestación de un servicio, en cambio el destino de los impuestos es la renta general (la recaudación del Estado; sus arcas) que se aplica de acuerdo al presupuesto. Pero sucede que aquí la TGI dejó de ser una tasa y pasó a ser un impuesto. Acá se aplicó un aumento pero no se ha dado un mayor servicio; se aumenta porque sí, entonces se perdió la naturaleza jurídica de la tasa, se aumenta por una necesidad recaudatoria.

—¿Pero la tasa no se calcula sobre el metro cuadrado y el valor de la propiedad, o esas variables son coto del impuesto inmobiliario?

—El impuesto inmobiliario tiene en cuenta el valor de metro cuadrado de superficie y del terreno. La tasa toma un criterio parecido, hace una valuación del inmueble a los fines de determinar el cuantum del impuesto, pero siempre tendiendo a dar un servicio.

—Entonces, ¿la TGI es un impuesto encubierto?

—En alguna medida sí. La Municipalidad actualiza y recauda de una forma impositiva, la TGI dejó de ser una tasa.

—Desde el oficialismo se habló de principio de equidad. ¿No es válido tener en cuenta este aspecto cuando se da un servicio?

—Por supuesto que si me dan un servicio y mi propiedad es mucho más grande que la de otro vecino, será lógico que pague más teniendo en cuenta el parámetro de los metros cuadrados, es una forma de fijar la tasa. Pero cuando se aumenta así, se realiza un ajuste inflacionario y en este caso ni siquiera, porque al aumentar un 1.000 o 1.500 por ciento como en los barrios privados, se sube en función de lo que vale la propiedad, pero no en función del servicio que presta el municipio. O sea, el vecino no recibirá más servicios sino que le van a brindar lo mismo que ahora y pagará más. Insisto, la tasa es un tributo por contraprestación directa. Me dan el carné de conducir y me cobran la tasa para renovármelo, lo mismo sucede con barrido, limpieza o alumbrado público. ¿Pero acá por qué cobran más, porque va a haber más recolectores de residuos en el barrio?

—Si como usted dice el tema está mal planteado desde su esencia, ¿no vale la pena que le pregunte qué opina sobre los porcentajes aplicados?

—Bueno, ahí ya entra a jugar una arbitrariedad absoluta. Los porcentajes se aplicaron de acuerdo a una supuesta capacidad contributiva; como se infiere que en el barrio privado hay más poder adquisitivo, se cobra más. Eso no está bien.

—¿No es un criterio para cobrar el inmobiliario, que por otro lado corre por cuenta de la provincia y no del municipio?

—De la provincia, previa aprobación de una ley provincial. El municipio obviamente lo hace a través de una ordenanza, no lo puede hacer el Ejecutivo. Todos los impuestos tienen que tener un respaldo legal, no se pueden cobrar en forma arbitraria. Ningún impuesto es válido si no tiene una ley que lo respalde.

—Otro argumento esgrimido fue que se mantuvo la alícuota y sólo se revaluaron las propiedades. ¿No es esa potestad de la Administración Provincial de Impuestos (API)?

—El revalúo es arbitrario, pero se puede hacer, de hecho se hizo. Pero en realidad es facultad de la API. Lo que sucede es que la justificación para la suba puede venir de cualquier parte. Y como vemos muy difícil que se haga una acción de amparo colectiva...

—¿Esa sería una salida para los contribuyentes?

—Claro, deberían ir a un ente que defienda a los consumidores, pero en forma colectiva, porque este no es un problema individual.

—¿Lo sorprenden este tipo de medidas por parte del Estado?

—No, ni en la ciudad ni en la provincia. Las necesidades de recaudación y la crisis hacen que el Estado eche mano a cualquier cosa o mecanismo. La provincia intentó hacer lo mismo, cobrar más impuestos con la reforma impositiva, que después no le aprobó la Legislatura. Y en la Nación también sucede, basta ver qué pasó con las retenciones y el impuesto al cheque. Cualquier argumento es válido cuando la necesidad es recaudatoria, hasta se crean impuestos de emergencia. Si se trata de vivir en relación a las necesidades, mantener la estructura del Estado y algunas obras públicas, siempre se encuentran buenas razones para echar mano a los bolsillos de los contribuyentes.