La Unidad Fiscal Rosario de la justicia federal realizó un procedimiento este lunes en el Hospital Roque Sáenz Peña en busca de datos durante el periodo de actividad de Dolly Viale de Garrido, la partera que está bajo investigación por el robo de bebés. En este marco, la fiscalía ahora trabaja sobre los registros desde 1959 que puedan esclarecer cómo se movía la obstetra que hoy tiene 88 años.

Soledad García, fiscal federal encargada de investigar a Dolly, solicitó el secuestro de libros con los registros de nacimientos en el hospital Roque Sáenz Peña, de la zona sur de Rosario. García sospecha que en esos documentos puede haber información valiosa para ampliar la investigación contra la partera que está imputada por los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una menor de diez años y por falsedad ideológica de instrumento público y otros siete casos entre 1968 y 1980.

El procedimiento realizado en el nosocomio contó con la autorización del juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz y la colaboración de las autoridades de salud. Se realizó mediante una orden de presentación de la documentación requerida con las actas de nacimiento desde 1959.

Representantes de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, con la fiscal García a la cabeza, se llevaron la documentación y recibieron el apoyo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (Duoie) de la delegación Rosario de la Policía Federal Argentina (PFA).

Indagatoria de Dolly Viale de Garrido

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó que la partera Dolly Viale de Garrido sea llamada a prestar declaración indagatoria en el marco de una investigación por una presunta sustracción de identidad.

La causa se inició a partir de la denuncia de un hombre, nacido en 1978, que busca esclarecer las circunstancias de su nacimiento y su identidad biológica y cuya partida de nacimiento fue firmada por Dolly. La víctima se constituyó además como querellante.

El llamado a indagatoria había sido requerido formalmente por la fiscal federal interina Soledad García, pero fue rechazado el 7 de abril de 2026 por el juez de primera instancia, quien argumentó jurisprudencia y dictámenes de casos previos de la jurisdicción.

Frente a la apelación de la Fiscalía, la Sala A evaluó los agravios del Ministerio Público, coincidiendo en que no correspondía aplicar al caso las resoluciones citadas por el juez a quo. Según se fundamentó, la causa no buscaba determinar únicamente si la víctima era hijo de desaparecidos —hipótesis descartada tras un cotejo con resultado negativo en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)—, sino esclarecer la presunta sustracción de identidad, sumado al impulso permanente de la víctima como parte querellante

El caso de la partera Dolly

El pasado 18 de septiembre, la fiscal federal Soledad García, a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, imputó a la partera Dolly Viale de Garrido por supresión y alteración de la identidad de una mujer nacida en 1970. Esta acción judicial destapó un sin fin de casos que sumaron, al menos públicamente, sus denuncias.

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Ahora la fiscalía federal de Rosario busca determinar si existió una modalidad sistemática de entrega de recién nacidos a cambio de dinero. La imputada no quedó detenida y el juez impuso medidas de restricción.

García acusó a Dolly de hacer un certificado de nacimiento en el que designó como padres biológicos a dos personas que no tenían ese vínculo. Los denunciantes aseguran haber sido separados de sus madres biológicas y entregados a otras familias durante el período en que la acusada trabajaba como partera.