Un reciente fallo de la Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento de cinco exdirectivos de Aguas Santafesinas S.A. (Assa) por contaminar el río Paraná. En la disposición, el tribunal también reconoce este último hecho mencionado, al que le dedica un especial

La medida dispuesta por la Cámara Federal de Rosario va en sentido contrario a lo que ese mismo tribunal decidió tiempo atrás (había eximido de responsabilidad a los exdirectivos) y que motivó, en octubre del año pasado, que la Cámara Federal de Casación Penal decidiera reabrir la causa y restablecer el procesamiento de los exfuncionarios.

En concreto, la causa, que fue iniciada por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, se le imputa a los exdirectivos de la empresa provincial la descarga de efluentes cloacales e industriales en el río Paraná sin tratamiento previo, precisamente en el Emisario Sur, ubicado en Ayolas y la colectora de Circunvalación.

Contaminación y riesgo para la salud pública

En el fallo, la Cámara indica que los exdirectivos efectuaron "la contaminación de un modo peligroso para la salud, el suelo y el agua, del cauce del río Paraná, volcando efluentes cloacales e industriales sin previo tratamiento en un volumen aproximado de 350.000.000 de litros diarios desde la Planta de Recepción Emisario Sur".

En el escrito, se indica que estas acciones se desarrollaron mediante camiones atmosféricos, "entre el 18 de septiembre del 2018 aproximadamente y el 15 de octubre de 2021 aproximadamente (fecha de las últimas actividades técnicas de corroboración)".

Los efluentes mencionados en la causa incluyen "sustancias con valores de coliformes termotolerantes elevados", es decir, desechos humanos. A su vez, se detectó la presencia de la bacteria Escherichia coli. El nivel de concentración de estas sustancias, que surge de las muestras tomadas por los investigadores, indica que se pueden considerar en el marco de demanda como residuos peligrosos.

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"Todo ello se produce al descargar la empresa responsable (ASSA) los efluentes líquidos cloacales e industriales provenientes del Emisario Sur en forma deficiente y sin tratamiento alguno al cauce del Río Paraná, ya que dicho emisario recolecta los líquidos de la red cloacal y de las instalaciones del predio donde se efectúa la descarga proveniente de camiones atmosféricos, contaminando el curso del rio Paraná y poniendo en riesgo la salud pública", sumaron.

Deuda pendiente

En diálogo con La Capital, el abogado Fabián Maggi, representante de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, afirmó: "Esta sentencia de la Cámara es un paso más en la lucha que vienen dando las organizaciones ambientales en defensa del río Paraná".

"En esta instancia, y después de un largo camino que incluyó al máximo tribunal en materia penal (en referencia a la Cámara Federal de Casación Penal), ahora se expide la Cámara Federal de Rosario confirmando que existe un daño ambiental sobre el río Paraná por efluentes cloacales y que, además, eso también representa un peligro para la salud pública", agregó.

Tras reconocer este paso adelante en cuanto a la demanda penal, Maggi recordó que también existe otra causa en materia civil por la que tanto Assa como la provincia de Santa Fe y el Estado nacional tienen la obligación de construir una planta de tratamiento de efluentes cloacales en la zona del Emisario Sur: "Esta es una deuda pendiente que no se realizó a pesar de los insistentes reclamos. Es labor del Poder Judicial dictar una resolución que establezca, de manera definitiva, mecanismos obligatorios para que cumplan con la construcción de la planta".

A finales de 2024, el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario dio lugar a un amparo ambiental presentado por la misma Asociación Civil Cuenca Río Paraná y ordenó a Assa y a los gobiernos provincial y nacional la concreción de la planta depuradora de efluentes cloacales. En ese entonces, la empresa aseguró a este medio que las obras ya estaban proyectadas y que buscaban ser incorporadas en un organismo que el gobierno nacional había disuelto en noviembre de 2024, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).

Dicha repartición tenía líneas de financiamiento especiales para este tipo de obras. La planta proyectada para Rosario, a junio de 2023, según el último dato suministrado por la empresa, costaba 11.735 millones de pesos.

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La sentencia ya fue dictada, pero Maggi aseguró que las partes condenadas siguen sin cumplir. Por eso, iniciaron un proceso de ejecución de sentencia, una medida que permite interponer más recursos (algo que desde la asociación civil ya hicieron) para que la Justicia comience a aplicar multas, confiscar bienes o, incluso, resolver una ejecución forzosa de la obra por parte del Estado. El letrado anticipó que se encuentran trabajando para que se desarrolle esta última opción "porque Aguas Santafesinas no la cumplió de manera voluntaria".