Mientras el Concejo Municipal reclama datos oficiales del Departamento Ejecutivo y del gobierno santafesino sobre los usos de la tierra en la isla Sabino Corsi, de dominio público rosarino, los emprendimientos privados allí instalados tributan y tramitan habilitaciones y registros a través del municipio de Victoria, Entre Ríos, desde hace por lo menos 20 años. Así lo confirmaron los dueños de los paradores históricos del Banquito San Andrés, como se conoce popularmente a este territorio de gran valor ecológico y turístico.
De 200 hectáreas, se extiende frente a la costa local en coincidencia con el extremo sur del parque Urquiza y la desembocadura del arroyo Saladillo. La isla Ingeniero Sabino Corsi fue incluida en el catastro de la provincia de Santa Fe en 1994 y tres años más tarde el Poder Ejecutivo la entregó en comodato al Ente Administrador del Puerto Rosario (Enapro), que quedó a cargo desde entonces. En septiembre de 2020, el Concejo Municipal la declaró por ordenanza Distrito de Gestión Ambiental, lo que implica generar de aquí en más normativa y regulaciones al respecto, mientras que el Ministerio de Ambiente de Santa Fe pretende sumarla como área protegida y hace seis meses el mismo Enapro intimó a paradores, playas y pobladores a que regularicen su situación en las oficinas rosarinas del organismo.
Sin embargo, en el Banquito continúan pagando impuestos a la provincia de Entre Ríos, adecuándose a sus reglamentaciones y protocolos y hasta recurriendo por razones de salud o de seguridad al Charigüé, según afirmaron Pablo Azar, de los paradores Déjà Vu y Sudestada; Viviana Nogara, de Punta Arenas; y Juan Carlos Della Gaspera, de Vladimir.
Este último recordó que al decidir abrir un negocio en la isla, en 1994, recurrió a la Municipalidad a pedir habilitaciones, pero en dos oportunidades le respondieron en sendos expedientes que el territorio era ajeno a su jurisdicción. No le pasó lo mismo en Victoria, donde avanzó con planos, mensuras, controles y habilitaciones. “Si tengo que tributar a Santa Fe lo haré, pero la notificación tiene que venir desde Entre Ríos”, consideró Della Gaspera, empresario rosarino de 55 años poseedor de 15 hectáreas de terreno.
Nogara atiende a La Capital desde el parador que regentea y que es también su hogar desde hace una década. La mujer de 48 años se define como “la primera habitante legal del banco de arena”. De hecho su DNI reza que reside en “Victoria, Entre Ríos, zona de islas”. “Mis padres fueron los primeros en poner un bar acá cuando todo se inundaba y en 1989 tuvimos que contratar a un agrimensor de Victoria para hacer la mensura del terreno, algo que no tenía antecedentes en el banco. No somos usurpadores, tenemos todo en regla”, insistió la dueña de Punta Arenas, que ofrece servicio de “estacionamiento” de lanchas particulares, bar y restaurante.
“Nosotros cuidamos el lugar, lo mantenemos y protegemos. Pagamos tasa general de inmuebles e inmobiliario, además de ingresos brutos. Servicios no porque acá no hay nada, es muy duro vivir en invierno”, reveló Nogara. Así y todo “con los años fue creciendo el nivel de ocupación, hay muchas viviendas del otro lado (por la ribera oeste que limita con un brazo o canal natural del río Paraná)”.
“En los últimos dos o tres años hubo una explosión de ocupaciones de terrenos ociosos. Hay una casa al lado de la otra, el Enapro tiene censadas unas 70 u 80”, describió Azar, que trabaja con los visitantes que llegan a la costa en lancha de pasajeros, algo que no sucede desde marzo del año pasado, cuando se suspendió la salida desde el embarcadero de la Estación Fluvial. El propietario de Déjà Vu y Sudestada, “de 62 años y 42 de isla”, resumió que los paradores tradicionales del Banquito (ubicados sobre la costa que da a Rosario) se encuentran sobre terrenos fiscales con posesión de los lotes y posibilidad de escriturar a través del mecanismo de usucapión.
Frente a la notificación que le cursó el Enapro en septiembre pasado, firmada por su actual presidente, Guillermo Miguel, Azar acompañó documentación. “Fue la primera vez que me pidieron algo en veinte años; es más, si quieren venir del Concejo o de la Municipalidad a pedir informes no tengo problemas: esto no es un paraíso fiscal donde nadie paga nada”, advirtió. También se quejó de que “cuando hubo problemas, no tuvimos respuesta de Santa Fe ni de Entre Ríos, somos unos parias. Cuando se prende fuego en la isla no viene nadie, lo apagamos nosotros. El Estado no está presente”.
En eso coincidió Della Gaspera, que arriesgó a este conflicto de intereses y jurisdicciones interprovinciales “lo terminará resolviendo la Corte Suprema de la Nación”. Mientras tanto, la isla se sigue poblando y más allá de los datos oficiales provistos de uno u otro lado del río, imágenes satelitales disponibles en plataformas online dan cuenta de ello.
Quién, cuándo, cómo
La edila Fernanda Gigliani, presidenta de la Comisión de Planeamiento del Concejo, impulsó un pedido de informes que fue aprobado por segunda vez este jueves en el Palacio Vasallo ya que el cuerpo desconoce la naturaleza jurídica de la cesión de los lotes donde se alzan emprendimientos privados o casas particulares en la isla Ingeniero Sabino Corsi, un lugar elegido por rosarinos y turistas sobre todo para disfrutar de la temporada estival.
Sin embargo, este verano no hubo cruces ni excursiones de lanchas de pasajeros desde la Estación Fluvial, cuyo embarcadero fue suspendido hasta nuevo aviso. A diferencia de lo que sucede en el norte de la ciudad, donde se encuentran habilitados en la Rambla Catalunya y Costa Alta puntos de salida de lanchas taxi hacia La Invernada y el Paraná Viejo, en las áreas central y en el sur esto no ocurre.
