En el marco de la causa por defraudación que lo tiene imputado y en prisión preventiva efectiva domiciliara, el ex titular del Sindicato de Peones de Taxis (SPT) Horacio Boix, de 73 años, reclamó salir tres veces por semana al parque Urquiza para realizar actividad física. Como en agosto, cuando le negaron el beneficio, ahora también adujo razones de salud.

En una audiencia que se celebró este jueves en el Centro de Justicia Penal (CJP) el histórico ex dirigente gremial del SPT, Horacio Boix, reclamó a través de sus defensores poder salir a realizar actividad física en el parque Urquiza, de 2 a 3 veces por semana, entre 45 minutos a 1 hora.

El ex gremialista está acusado de los delitos de defraudación, administración fraudulenta, extorsión y abuso de arma como instigador, en al menos seis hechos en los cuales fue blanco el actual titular del gremio de los peones de taxis, Horacio Yannotti. Hace más de un año fue imputado y se ordenó que quede en prisión preventiva efectiva bajo la modalidad domiciliaria. Mientras, espera el juicio en su contra.

Por el parque

En la audiencia celebrada el jueves y presidida por la jueza María Melania Carrara, los abogados defensores Juan Manuel Cayón y Leonel Iesari, pidieron que a Boix se lo traslade desde su domicilio hasta el Parque Urquiza, ubicado frente a la barranca del Paraná en la zona de avenida Belgrano y Pellegrini. Como respaldo ofrecieron que la persona que oficia como su garante lo acompañe en cada salida.

Pero además, respaldaron la solicitud con la declaración de un profesional médico, especialista en clínica y nutrición, quien describió a la jueza la patología que padece Boix, situación por la cual recomendó la necesidad de que haga con periodicidad algún tipo de actividad física.

El fiscal David Carizza, a cargo del legajo penal, no se opuso a la petición y tampoco a la argumentación médica, ya que a partir de ese elemento se podría determinar si corresponde o no otorgarle el beneficio. Tras escuchar a las partes, la jueza Carrara dio a conocer su decisión.

“En función de la solicitud de la defensa de flexibilización de la prisión preventiva del señor Boix, deberá ser trasladado al Consultorio Médico Forense en un plazo de 10 días hábiles a fines de que el profesional en turno se expida sobre su estado de salud psicofísico”, indicó la magistrada.

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Además, dejó claro que las partes se encuentran habilitadas para formularle las preguntas que correspondan a los médicos forenses. Recién luego del dictamen de los médicos y la incorporación de lo que resuelvan al legajo judicial, el Tribunal podrá expedirse de manera escrita, o convocar a una nueva audiencia si así lo dispone.

En agosto pasado la defensa de Boix ya había solicitado el mismo beneficio ante la necesidad de que se sometiera a tratamientos médicos. Sin embargo, en esa oportunidad la jueza Carrara se la negó y ordenó mantener la prisión preventiva. Y además instó a fijar una fecha para la realización de una audiencia previa al juicio oral.

Desfalco y encargo de aprietes

En medio de turbulencias en la interna del SPT, el histórico dirigente fue separado del cargo el 30 de agosto de 2019 luego una asamblea. Se presume que Boix después habría encargado a dos personas que estaban encarceladas (con lazos criminales con la banda de Los Monos) una secuencia de actos violentos para amedrentar y amenazar a las autoridades del gremio que lo habían corrido.

Las extorsiones se registraron entre septiembre de 2019 y enero de 2020. A los choferes chantajeados les exigían dinero para no atentar contra ellos o sus familiares. Por esas situaciones Boix está en prisión preventiva efectiva desde agosto de 2021 bajo régimen domiciliario con monitoreo de tobillera electrónica.

El fiscal Carizza lo imputó por los delitos de administración fraudulenta del gremio, extorsión y abuso de arma en carácter de instigador en seis hechos, donde la víctima también resultó el actual titular del gremio, Horacio Yannotti.

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En diciembre del año pasado la defensa había presentado un recurso para solicitar la excarcelación del gremialista, atento a que habían trascurrido los 90 días de prisión preventiva domiciliaria.

Sin embargo, la Fiscalía se opuso y solicitó la prorroga bajo las condiciones ya impuestas. El juez Román Lanzón dispuso el mantenimiento de la medida cautelar como la venía cumpliendo con prórroga por 90 días, y con la colocación de tobillera electrónica.

En el marco del legajo penal contra Boix, se le atribuyó durante su gestión como secretario general del SPT haber perjudicado a los afiliados y al gremio como persona jurídica, procurando para él y/o para personas de su entorno familiar y/o social, un lucro indebido cuantificado en 8,154,685.81,1 pesos, entre enero 2018 y agosto 2019.

En la caja del SPT ingresaba dinero por el pago de las cuotas de los afiliados y luego de pagar los gastos de gestión, Boix habría dispuesto de ese dinero como si fuera suyo para cubrir gastos personales y de su círculo íntimo al tiempo que habría utilizado la tarjeta corporativa del gremio para financiar los mismos, consolidando así el perjuicio económico.