Giustiniani celebró la resolución judicial que frena el tarifazo de gas en todo el país

El diputado del bloque “Igualdad y Participación” del Frente Progresista, Rubén Giustiniani, celebró la resolución de la Cámara Federal de La Plata que declaró nulas las resoluciones del Ministerio de Energía de la Nación que dispusieron las subas en las boletas de gas, poniendo un freno al tarifazo en todo el país.

“El tarifazo del gas es a todas luces inconstitucional porque no respetó la realización de audiencia previa como así lo expresa la Constitución en su artículo 42 con el derecho de los usuarios a la información”, señaló Giustiniani, quien junto a la diputada Silvia Ausgburger y el diputado Palo Oliver iniciaron el primer amparo colectivo contra las subas de gas en la provincia de Santa Fe, a la que posteriormente se sumó el reclamo del gremio docente Sadop.

“Como lo venimos señalando –continuó Giustiniani- este tarifazo es irracional e irrazonable porque no se condice con ningún parámetro actual de la economía real. Con una inflación del 40% y negociaciones salariales que no superan el 30%, es inaceptable un tarifazo que tiene un piso del 400% y en muchísimos casos con porcentajes aún mayores”.

“El freno al tarifazo debe servir para que los funcionarios que hasta aquí se mostraron insensibles y alejados de la realidad, modifiquen su actitud”, expresó.

El legislador indicó que la prestación de gas es un servicio público y como tal “es imprescindible que el Gobierno Nacional realice las audiencias correspondientes con participación de los usuarios desde donde se re defina un nuevo cuadro tarifario justo y razonable”.

En este marco, el diputado Giustiniani solicitó además la aprobación del proyecto que impulsa para que la provincia cuente con un marco regulatorio de los servicios públicos que incluya la distribución de energía y agua, concesión de rutas y empresas de transporte de media y larga distancia. La iniciativa apunta a terminar con las decisiones arbitrarias y abusivas para establecer cuadros tarifarios, audiencias públicas previas y obligatorias, y una mayor protección de los usuarios.-