Un grupo de familias de Rosario recibió una notificación por parte del gobierno nacional para que abandonen sus casas que habitan, en algunos casos, hace más de 40 años sobre terrenos fiscales ubicados en la zona de Vélez Sarfield y Vera Mujica, en el barrio Refinería. Los vecinos tocaron cuanta puerta se les cruzó, pero con pocas y concretas respuestas. Este lunes serán recibidos por el Concejo Municipal.

La intimación llegó el 28 de abril de 2026 y, en el texto, aseguraban que de no cumplir con el requerimiento en el término de 10 días se iba a proceder con un desalojo. Era un típico día del otoño rosarino, nublado pero agradable, donde la carta cayó como un mazazo sobre las familias que están constituidas desde niños recién nacidos hasta adultos mayores.

Las familias no tardaron en moverse para asesorarse y encontrar una solución. Pasaron por todo tipo de oficinas, desde derechos del consumidor o defensoría del pueblo, hasta áreas de niñez y los distintos gobiernos. Al Concejo fueron en mayo, pero los debates ya instalados y el receso de invierno, retrasó su presentación. Será este lunes desde las 11.30 en el Palacio Vasallo donde expondrán su situación y buscarán alternativas.

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La Capital se comunicó con los vecinos de la zona y aunque se mostraron preocupados por la situación, se mostraron abiertos a poder ser reubicados, siempre tratando de evitar un violento y traumático desalojo "como se ven en la televisión", señalaron a este medio.

Una vida en Refinería

El barrio de Refinería es uno de los más pintorescos de Rosario. Con más de 120 años de historia, la zona cercana a las barrancas del río Paraná fue evolucionando junto a la ciudad y hoy combina las antiguas casas modelo inglés con los grandes condominios y edificios de altura. Un shopping, el parque Scalabrini Ortíz y la obra del Barquito de Papel forman parte de las referencias del barrio.

Y justamente a metros del Barquito de Papel unas 12 familias que hicieron de un terreno despoblado un vecindario. Hace más de 40 años que familias viven en la zona de Vélez Sarsfield y Vera Mujica y por primera vez recibieron una intimación para abandonar sus hogares.

Mariana Llancafin tiene 36 años, hace más de 20 años que con su familia llegó a la zona. Ese 28 de abril recibió la notificación y más de tres meses después mantiene la incertidumbre. "No sabemos lo que va a pasar", dijo a La Capital. Ella es una de las vecinas que junto a su pareja y su hijo viven en la zona. También están allí su madre, una hermana menor de edad y un hermano con discapacidad. La impaciencia es total.

Llancafin recuerda que "cada tanto" aparecen proyectos o rumores sobre un posible desalojo, pero que "nunca había llegado una notificación", por lo que la carta fue un duro golpe. "No tenemos un lugar a donde ir. No tenemos alternativa", remarcó.

Al igual que Llancafin, Lucía Pérez respondió a este medio. Ella hace 8 años que llegó al barrio, pero la familia de su esposo, Gonzalo, hace más de dos décadas que viven allí. En ese lugar pudo progresar junto con su pareja, construyeron su casa y tuvieron dos hijos, que hoy tienen 4 y 1 año. "Fue sorpresivo. Quedamos en shock", describió así a la carta que llegó del gobierno nacional.

La notificación llegó a su familia dos días después de que ella haya operada como paciente oncológica. La preocupación ante la intimación la motivó a presentarse ante las oficinas públicas y de la justicia, desde Defensoría del Pueblo hasta la Fiscalía Regional Nº2. "Nunca nos dieron una solución. Hasta este momento tenemos angustia", aseguró y celebró la convocatoria del Concejo Municipal. "Hasta donde teníamos entendido era relocalización. Acá hay niños, ancianos y personas enfermas. No tenemos donde ir", lamentó la mujer.

En 2002, Carlos Múñoz llegó al barrio con su hijo recién nacido. Hoy tiene 68 años, se define como "multioficio" y desde ese entonces desarrolló su vida y la de su familia. "Por suerte no sucedió nada. Estamos preocupados. Tenemos riesgo de quedar en la calle", dice con voz en alerta el hombre.

Son varios los vecinos afectados, unos 12 están organizados para evitar un desalojo violento o lograr regularizar sus terrenos. "Somos gente civilizada. No pienso solo en mí, somos todos. Hemos quedado en situación de calle y sería una segunda expulsión", sostuvo Carlos.

Parte del barrio

La zona de Vera Mujica y Vélez Sarfield es "privilegiada" para Llancafin. Sufren la inseguridad como en cualquier parte de la ciudad, pero reconoció que la llegada de los condominios y torres mejoró la iluminación y la situación en general.

Además de las 12 familias organizadas hay más "que descreen" de la intimación, aunque todos los vecinos reconocen la situación irregular en la que están encontraron en esa zona un refugio para rehacer su vida. Cuentan con agua potable y electricidad, no así con gas natural y se proveen con garrafas.

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En el barrio hay enfermeros, metalúrgicos, albañiles y empleadas domésticas. Lucía Pérez sostuvo que es "una zona tranquila" y Carlos Muñoz recordó cómo crecieron las torres frente al río, que le cambiaron la cara a las barrancas de Refinería.

Todos los vecinos coinciden en que aceptaría una reubicación, un lugar donde poder continuar con sus vidas, sin tener que atravesar un proceso de desalojo, siempre violentos y traumáticos para este tipo de poblaciones.

"Si me dejan pagar el lugar, lo hago", dijo Muñóz ante la consulta de este medio por una posible alternativa en otra zona de la ciudad. Sin embargo, aclaró que es importante el apoyo de los estados, "si lo hago por la mía no lo puedo hacer por la realidad que atravesamos". En la misma línea, Pérez afirmó que "sería maravilloso" tener esa posibilidad de relocalizarse.

Respuesta de las familias

Llancafin y su familia fue una de las que se asesoró jurídicamente y respondió la carta que llegó firmada por Hugo Alberto Gasalla, coordinador de la Dirección de Despliegue Territorial de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Lo hizo a través del abogado Edgardo Bonisoli, que presentó un escrito para rechazar los posibles desalojos.

Bonisoli explicó a La Capital que se trata de una situación diferente a la cooperativa Linares Trechel ya que se trata de un lugar dedicado a una explotación comercial. Aunque a la cooperativa le llegó la intimación también en abril, nunca se ejecutó un desalojo. "Lo que se está utilizando en el caso de las familias es un mecanismo legal para plantear un desalojo sin utilizar los mecanismos de la Justicia. Si se da el desalojo, tiene que transcurrir un proceso judicial", expresó el abogado.

Catastralmente, la notificación del gobierno nacional llegó a Vera Mujica 276 bis y la intimación por desalojo, según el abogado, es "ilegítima y se desajusta a derecho".

En primer lugar, Bonisoli apuntó que la intimación carece de motivación suficiente y está viciada de arbitrariedad, al no expresar cual es el encuadre jurídico del mismo.

"Es preciso aclarar que cualquier intento de desalojo ya sea por la vía de hecho, sin intervención del Poder Judicial, es un acto nulo y contrario al ordenamiento jurídico", argumentó el letrado. A raíz de esto, la respuesta de los vecinos a través de su abogado subrayó que la Agencia de Administración de Bienes del Estado "carece de facultades para intimar, solicitar o ejecutar un desalojo sin intervención del Poder Judicial".

Por otro lado, Bonisoli aseveró que la ley 17.091, mencionada en la intimación, es una norma "dispuesta de manera exclusiva para permitir la recuperación inmediata de inmuebles fiscales concesionados".

Asimismo, "sin perjuicio de lo antedicho, que de por sí ya resulta suficiente para delimitar el ámbito de aplicación de la ley invocada y consecuentemente la inaplicabilidad a nuestro caso", Bonisoli recordó que se trata de inmuebles destinados a vivienda única familiar y el espíritu de la ley 17.091 es recuperar aquellos espacios concesionados a comerciantes, industriales u otros con destinos de explotación, "pero nunca aquellos destinados a vivienda familiar en barrios o asentamientos populares".

La respuesta de las familias también solicita que el gobierno nacional presente pruebas de que el terreno pertenece a la administración nacional. A su vez, criticó que, en caso de desestimar la defensa expuesta, hay menores habitando esas viviendas y que un desalojo viola la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley nacional 26.061 con rango constitucional.

El representante legal de las familias confió a este medio que la Administración de Bienes del Estado confirmó la recepción de la respuesta, otorgó un número de expediente y dejó la puerta abierta para una respuesta, que aún no llegó.