El proyecto con media sanción en el Senado que impulsa la prohibición de la actividad de cuidacoches en toda la provincia, establece la adhesión de los municipios como paso fundamental para aplicación y plantea tareas comunitarias, penas de arresto y a su vez una alternativa de reinserción laboral de los trapitos sigue en análisis en Diputados. Ahora, desde la comisión de Seguridad Pública de la cámara baja su titular Martín Rosúa subrayó que se debe aprobar una "legislación responsable y aplicable", para advertir que aún resta resolver que organismo procesará el juzgamiento de las contravenciones. "Cargarle el trabajo a la Justicia penal, podría empeorar la situación", remarcó el legislador.

El expediente que arribó de la cámara alta, recaló en tres comisiones para su dictamen y correcciones. Y el miércoles pasado, Seguridad Pública recibió a representantes de ocho municipios (Rosario, Rafaela, Santa Fe, entre ellos) entre intendentes y secretarios de Control. Tras varias alocuciones y tras más de dos horas de participaciones de funcionarios y legisladores prevaleció el pedido de solicitar algunos cambios al proyecto votado por el Senado para regular y reducir la actividad de los trapitos. En las próximas semanas está prevista la convocatoria de representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y miembros del Ejecutivo provincial. El expediente no tiene fecha para ser abordado en el recinto.

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Entre las preocupaciones que se escucharon en la comisión de Seguridad, los funcionarios de la capital provincial dejaron sobre la mesa su preocupación de hacerse cargo de las acciones punitivas, al cuestionar el artículo 4 en el que se impone la adhesión a la futura norma y constituye al ámbito municipal como actor y autoridad para afrontar las contravenciones. La dificultad planteada es que para cumplir con el proyecto haría falta más presupuesto y nuevas designaciones.

Advertencia por la sobrecarga

Otro de los puntos latentes que quedaron en debate fue la posible saturación del fuero penal a la hora de explicar en la práctica qué autoridad se haría cargo de las acciones una vez identificada la contravención al Código de Convivencia provincial, también llamado Código de Faltas.

"Los principales centros urbanos están a favor de la prohibición y todos reclaman una norma provincial con el argumento que necesitan una apoyatura jurídica para actuar. Pero existe un tema técnico que tiene que ver en cómo la actividad de cuidacoches pasa a ser una contravención cuando en la actualidad en muchas ciudades no existen juzgados de faltas provinciales y el accionar caería subsidiariamente en la Justicia penal, cuando la Justicia en este fuero está colapsada con 600 causas con juicios orales pendientes. Por eso hay que tener cuidado con agregar trabajo que empeore la situación", advirtió Rosúa.

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El legislador también se hizo eco del reclamo de municipios ante el faltante de equipos de abogados y procuradores para resolver esta problemática. "Se puede resolver en un periodo corto de tiempo, pero lo otro es resolver quién dirije y determina las acciones a juzgar, ahí hay un embudo donde no hay en ciudades jueces de faltas ni comunitarios y todo recaería sobre jueces penales de primera instancia por efecto subsidiario, cuando están abocados en realidad a la persecución del delito en un política criminal a seguir", marcó el diputado.

Diversos problemas, una misma legislación

El tema en Diputados requerirá precisiones. Un tema planteado es que distintas problemáticas tienen regulación con una única casuística. Es decir, los trapitos que extorsionan, los cuidacoches aceptados por vecinos e integrados a un barrio, los barrabravas que lucran como mafias cuando hay shows musicales o partidos de fútbol y las cooperativas a beneficios de hospitales constituyen fenómenos heterogéneos pero que se legislarían todos bajo la prohibición.

"Está claro que se llegó a un nivel casi insoportable en un sector de la sociedad, víctima de apretadas, extorsiones, apropiación del espacio público. Sería una injusticia abordarlo genéricamente cuando hay problemas distintos. Ahora hay que resolver cómo ponerlo en marcha, sin generar recursos extra, y sin complicar a la Justicia y sin atacar la vulnerabilidad de personas que tendrían que ser atendidas y capacitadas laboralmente", resumió Rosúa quien de todos modos se mostró confiado en avanzar en una legislación al respecto.

Espejitos de colores

Por su parte Lionella Cattalini indicó que existen realidades distintas en las diversas localidades y normativas distintas. "Todos pidieron cambios por la capacidad de accionar o no ante una falta cometida. Esta ley tiene que entender las realidades de toda la provincia y de todas las ciudades, es algo complejo y dificultoso. El control del espacio público es potestad municipal pero la contravención es algo provincial y hay que amalgamar todas estas realidades y sacar una norma que solucione todas las aristas como la violencia, la falta de empleo, la pobreza creciente y no abarrote a la Justicia muy cargada con juicios pendientes. Tenemos que ser muy responsables a la hora de hablar de este tema y no vender espejitos de colores, porque el problema de los cuidacoches puede ser una de tantas soluciones, pero no lo vamos a resolver con una ley y mucho menos con una ley debatida a las apuradas", finalizó la diputada socialista.

En paralelo al tratamiento parlamentario de una futura ley provincial antitrapitos, el Concejo Municipal ya concretó tres reuniones bajo una mesa especial en la que también participaron autoridades provinciales, del Ejecutivo rosarino y legisladores santafesinos. En el Palacio Vasallo hay una gama variada de proyectos en danza que van desde la prohibición, con pedido de arresto a iniciativas que buscan un registro de los cuidacoches, identificación, sistema de tickets para entregar a los automovilistas, la inclusión de cooperativas de trabajo y programas de inclusión social y laboral.