El Foro por los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a un cese de actividades por 48 horas para este miércoles y jueves en todas las instituciones del país. La medida de fuerza se cumple con un alto acatamiento en Rosario donde familiares, personas con discapacidad, responsables de centros terapéuticos y profesionales se movilizarán a la sede del Iapos, la obra social provincial, para reclamar por atrasos en los pagos.

La medida de fuerza impactará en las actividades que se desarrollan en en centros de día, escuelas especiales, servicios de rehabilitación y transporte adaptado. También en los turnos programados y atención domiciliaria de salud. Sólo se atenderán situaciones de urgencia.

Según destacan desde el foro que reúne a instituciones de todo el país, el atraso de los aranceles y la falta de giros de fondos nacionales pone en riesgo la continuidad de centros terapéuticos y servicios de transporte. El sector realizó por primera vez un paro nacional el viernes pasado, esta semana la medida se profundizará con una huelga de 48 horas.

La medida de fuerza es parte de un plan de acciones para exigir el cumplimiento de la ley en emergencia en discapacidad y la ley 24.901 que garantiza derechos sociales, educativos y de salud a todas las personas con discapacidad.

Cuando anunciaron la medida, desde el foro destacaron que los aranceles están atrasados en un 40%, pero como si eso fuera poco todo el sector sufre el corte de la cadena de pagos de Pami, del programa Incluir Salud del Ministerio de Salud de la Nación y obras sociales nacionales privadas, que en algunos casos llega hasta octubre del año pasado.

La situación tiene al borde del cierra a muchas instituciones. En Rosario, según datos del sector hay una decena de centros terapéuticos y educativos que cerraron sus puertas o redujeron días y horarios de atención, derivando a sus usuarios a otros espacios.

El comunicado de las organizaciones que forman parte del foro advierte que el incumplimiento del Estado impacta de manera directa en la calidad de vida de las personas con discapacidad, quienes ven interrumpidos sus tratamientos y apoyos fundamentales.

Sin una actualización arancelaria acorde a la inflación y sin la regularización de las deudas pendientes, el sector advierte que el cese de actividades podría extenderse, dejando a miles de usuarios sin la asistencia técnica y humana que requieren para su vida cotidiana.

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Usuarios, en emergencia

El malestar de los usuarios del sistema y de sus familiares se siente en los organismos encargados de proteger los derechos de los ciudadanos. En la Defensoría del Pueblo de la provincia, los reclamos aumentaron un 40 % en este año. Ya en 2025, el recorte de las prestaciones a personas con discapacidad había sido uno de los temas más atendidos.

"La situación genera un malestar muy grande entre las personas con discapacidad y sus familias", advirtió Leandro Piazza, director del área de Atención a la Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y precisó que "a diario recibimos a personas que reclaman prestaciones médicas o de rehabilitación a las que no están accediendo o que no pueden acceder a esta atención porque no tienen transporte", explicó.

La mayoría de los reclamos que llegan al edificio de Pasaje Álvarez 1516 proviene de personas desamparadas por el programa nacional Incluir Salud y el Pami. Los casos más frecuentes están relacionados con la falta de cobertura de prestaciones médicas.