El Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) de la ciudad de Rosario, ubicado en Bv. Seguí al 5400, se compone de veinte trabajadores. El 70% de los profesionales que dependen de la Beca Fondo Estímulo, supeditada a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar). El pasado 31 de diciembre el contrato de estos catorce trabajadores finalizó y todavía no recibieron noticias sobre su futuro: no saben si continúan y si el espacio se mantendrá en pie.

"Estamos bajo la forma precarizada de “Beca Fondo Estimulo”, que finalizó y no obtuvimos ningún tipo de respuesta sobre la continuidad de la misma. Hasta el día de la fecha estamos yendo a trabajar sin tener garantía de continuidad. No hubo comunicados oficiales, no se asignaron autoridades nuevas. Solo sabemos que ahora dependemos del Ministerio de Salud de la Nación cuando antes estábamos sujetos a la Jefatura de Gabinete", relata una de las trabajadores de DTC en diálogo con La Capital.

En una ciudad donde la droga se comercializa y se consigue con bastante facilidad, donde el consumo problemático está en el centro de la escena y la situación en los barrios se vuelve cada vez más compleja, el cierre del DTC es un golpe muy grande y puede dejar un vacío enorme. "Estos espacios son muy importantes y están en zonas estratégicas de la ciudad como zona oeste. Trabajamos con población joven y adolescente entre 14 y 30 años de Triángulo Moderno, Villa Banana, Comunidad QOM. Son lugares atravesados por la violencia de la narcocriminalidad", sostiene Pereyra. En este sentido, desde un trabajo interdisciplinario y un abordaje a partir de la salud integral y los derechos humanos, este equipo acompaña a jóvenes atravesados por consumos problemáticos, padecimientos de salud mental y diversas dificultades vinculadas al contexto en el que viven.

Las actividades concretas que lleva adelante este espacio son de promoción y prevención orientadas a adolescencias y juventudes de manera general. Pero también realizan abordajes específicos vinculados a tratamientos terapéuticos y escuchas clínicas para asistencia y acompañamiento en el caso de consumos problemáticos. También cuentan con espacios para finalizar los estudios primarios, bachillerato, espacio de rap y otro de salud integral donde realizan talleres sobre sexualidad y prácticas de cuidado. Al mismo tiempo, hay actividades deportivas, expresión corporal y yoga para mujeres que articulan con un club del barrio. Sumado a todo esto también realizan capacitaciones en oficios: manicura y estética y panificación. Este gran universo de contención y acompañamiento corre riesgo de cerrar ya que el futuro de catorce trabajadores es incierto y, como sostiene Pereyra, "solo cuatro están en planta permanente y con ellos solos es imposible continuar".

Por otro lado, es el único dispositivo que cuenta con las tres gestiones del estado. El edificio es municipal, llegan recursos de provincia y la mayoría de los trabajadores dependen de Nación. "Apuntamos a apelar a los tres niveles del Estado para que den una respuesta en el sostenimiento de este espacio y de nuestro abordaje de salud integral. La única respuesta no puede ser punitiva. Tiene que haber más asistencia y prevención en los territorios, es necesario para desarticular la violencia", enuncia Erica.

En este sentido, están llevando adelante una medida de fuerza "construida institucionalmente" con guardias mínimas de 10 a 14. Al mismo tiempo sostienen las escuchas individuales más la clínica de los usuarios que ya vienen trabajando y atravesando un proceso pero decidieron suspender todas las actividades grupales hasta que haya definiciones claras sobre el futuro de estos catorce trabajadores. Por ejemplo, una de las actividades que han sido pausadas es "Poné la pava", espacio para "referentes afectivos de consumidores problemáticos". Construido para contener a las madres y los familiares de los usuarios y usuarias, este ambiente tan imprescindible y necesario se ve forzosamente interrumpido hasta que haya respuestas estatales.

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