El freno de la obra pública genera preocupación sobre el futuro de casi 190 proyectos viales, hídricos, de agua potable y saneamiento y de infraestructura urbana y social que están en pleno proceso de ejecución en la provincia de Santa Fe. Sólo en el Gran Rosario hay unos 30 proyectos, que abarcan desde mejoramiento de rutas hasta acueductos y construcción de edificios educativos. Rubén Llenas, gerente de la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción, admitió que ya se nota una baja en los contratos laborales.

“La preocupación más grande este momento es saber qué va a ocurrir con las obras que están en ejecución en la provincia de Santa Fe. Por los datos que tenemos nosotros hay 188 obras en marcha. Ya tienen un trabajo realizado, las empresas han invertido y pagado en mano de obra y materiales. Por allí pasa la mayor preocupación”, expresó Llenas.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el representante de la Cámara Argentina de la Construcción en Rosario explicó que las empresas agrupadas en esa entidad “no tienen la obligación de comunicar, pero viendo las estadísticas de octubre se advierte que desde 445 mil pasamos a 430 mil obreros. Y en noviembre y diciembre se espera que las estadísticas sigan a la baja a nivel nacional”.

“A nivel provincial estábamos trabajando con 40 mil obreros registrados y en octubre estábamos con 38.600. Es evidente la tendencia a la baja y es una consecuencia lógica de cuando cae el trabajo. El régimen de la construcción es muy particular. La ley 22250 permite por la dificultad que tienen las obras en construcción, permite el despido del personal y ese personal accede inmediatamente a un fondo de cese laboral”, agregó.

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Al ser consultado sobre si en este contexto nacional los constructores hallaron un interlocutor válido en el gobierno de Javier Milei, el constructor rosarino señaló: “Hemos solicitado audiencias. Hubo un llamado al Consejo de Políticas de Infraestructura. El ministro de Infraestructura presentó un proyecto para las concesiones con aportes públicos y privados, pero no se habló de lo que se hará con el resto de la obra pública”.

“Eso es distinto al contexto provincial, donde tenemos un contacto muy fluido y directo con el gobierno. Primero por la importancia que significa la creación de infraestructura y segundo de los problemas de los contratos que tiene la obra pública que están ejecución por la inflación. La obra pública se paga a los 60 días y por más que el estado cumpla con los plazos previstos por ley, no alcanza”, agregó.