La decisión del gobierno nacional de eliminar el Fondo Compensador del Interior _lo que significa la suspensión de cualquier subsidio para el transporte y una virtual desregulación de tarifas_ cayó como una bomba en Rosario, donde fueron varios los referentes que reaccionaron. Pero fue el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Chale, quien habló con más vehemencia. El funcionario aseguró que ni provincia ni municipio se pueden hacer cargo del aporte que hace la Nación al fondo. Y advirtió que "si el municipio se tuviera que hacer cargo, tendríamos que cerrar el Heca (Hospital de Emergencia Clemente Alvarez) y el Roque Sáenz Peña". Asimismo, y en cuanto a los potenciales beneficiarios del subsidio a la demanda, el funcionario aclaró que "ya hay 180 mil personas que están siendo subsidiadas por el sistema Sube, pero no sabemos si esa base de beneficiarios se va a ampliar".

Tal como lo publicó La Capital en su edición de ayer, la Nación anunció el miércoles que eliminaría el fondo que establece subsidios a las empresas de transporte público fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Inmediatamente, el intendente Pablo Javkin advirtió que sin ese recurso el precio del boleto se iría a no menos de mil pesos. Y anunció la posibilidad de recurrir a la Justicia. El jueves que viene, en tanto, intendentes de todo el país viajarán a Buenos Aires para discutir el tema. La reunión ya estaba prevista de antemano, pero los anuncios del Ministerio de Economía potenciaron la situación de tensión y conflicto entre los territorios del interior y el gobierno central.

Mientras tanto, se espera la letra chica del proyecto que propone eliminar el Fondo Compensador del Interior, ya que la Nación no había dado hasta este viernes detalles de cómo será el subsidio a la demanda (o sea, directamente al usuario) a través de la tarjeta Sube.

"No hay demasiadas novedades, todavía nadie tuvo acceso a la resolución", contó Chale a La Capital. Y adelantó que en la reunión de intendentes en Buenos Aires se verá qué resoluciones y determinaciones se tomarán en el plano jurídico y en el plano político. "Es difícil avanzar si no se tiene la herramienta administrativa (es decir, el detalle de la resolución). La provincia ya dijo que no va a reemplazar el aporte nacional, la Municipalidad tampoco puede hacerlo, porque para eso tendría que cerrar el Heca y el Roque Sáenz Peña", advirtió.

La Sube ya venía subsidiando a jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de Malvinas, monotributistas sociales, beneficiarios de la asignación universal por hijo, asignación por embarazo, seguro de desempleo, seguro de capacitación y empleo, programas Promover Igualdad de Oportunidades, Progresar y Potenciar Trabajo y pensiones no contributivas. "Hoy son algo más de 180 mil los beneficiarios. Pero al no haber una nueva resolución, un nuevo decreto, no sabemos cuántos van a ser los beneficiarios", cerró Chale.

"Unidad de fuerzas"

Mientras tanto, la concejala justicialista Norma López reclamó "la unidad de todas las fuerzas políticas de la ciudad” para pedir que esa medida quede suspendida. "No nos sorprende la decisión de Javier Milei. Siempre dijimos que iba a tomar medidas para empobrecer al pueblo y que haría una gran transferencia de los recursos de trabajadores y trabajadoras a las corporaciones" dijo López, quien además de ocupar una banca en el Concejo es vicepresidenta del Partido Justicialista en Santa Fe. Y consideró que en estas circunstancias se requiere de la unidad de todos los espacios políticos.

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"Milei no tiene escrúpulos. Tiene decidido hacer del país un negocio e imponer mayores ajustes al no poder alcanzar la aprobación de la ley ómnibus”, agregó. Y pidió al intendente que convoque a todas las fuerzas políticas, "sin miramientos. Todos juntos tenemos que ir a patear puertas en la Ciudad de Buenos Aires para ser escuchados. Esas cuestiones son muy difíciles en un gobierno nacional con estas características porque no hay un interlocutor válido. Tenemos aumento de desempleo, de tarifas, de combustibles como uno de los principales números en la composición del costo de los colectivos. No nos podemos seguir haciendo los distraídos”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, señaló que la medida es "arbitraria, insensible y perjudica a la gente". La legisladora condenó “la decisión intempestiva” del gobierno nacional de interrumpir los subsidios al transporte público de pasajeros, recursos que llegaban a las empresas prestadoras de servicios de todo el país por fuera del Amba.

A nivel nacional, el senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, dijo que la decisión de Javier Milei "no castiga a los gobernadores sino que está castigando a los ciudadanos". Y advirtió que el radicalismo se opone a delegar facultades porque el presidente está "demostrando que está dispuesto a jugar en el filo de la democracia". Y el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, aseguró que esa provincia no podría asumir el porcentaje de la quita de subsidios. El mandatario puntano adelantó que junto a otros pares y secretarios de transporte buscarán una postura común para enfrentar esa situación. “La quita del 40% del costo de los transportes interurbanos representa mucho y no se puede volcar todo a tarifa porque se haría un boleto impagable”, explicó.

Asimetrías

Un estudio realizado por la consultora Politikon Chaco en base a información de la Secretaría de Transporte dejó en evidencia la disparidad en la asignación de recursos entre el Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y el resto del país. La primera percibió entre todos los conceptos del Fondo Fiduciario al Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) el 82%, las provincias solo el 18%. El FFSIT contiene diferentes compensaciones (atributo social, compensaciones tarifarias, boleto integrado Sube, subsidio al gasoil y Fondo compensador del transporte público de pasajeros al interior del país), pero en lo que concierne al anuncio de la Secretaría de Transporte, la eliminación es sólo del Fondo Compensador, creado por ley 27.467 para atender desequilibrios financieros de provincias, municipios y empresas de colectivos del interior.

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“De acuerdo con los datos parciales provistos por la Secretaría de Transporte, las provincias recibieron en 2023 un total de $ 70.712 millones por el Fondo Compensador al Transporte Público de Pasajeros; al tiempo que las compensaciones tarifarias recibidas por el Amba totalizaban $ 343.067 millones”, indicó Politikon.

Tal como lo publicó este diario el 19 de enero, el último giro de subsidios del gobierno nacional fue la partida de diciembre por 1.100 millones de pesos a la provincia (con un adicional de unos 300 millones más), mientras que la Casa Gris aportó 1.800 millones de pesos el primer mes de 2024. De las partidas nacionales unos 600 millones fueron para Rosario y una suma similar de los aportes provinciales llegaron a nuestra ciudad.