Allanaron una distribuidora de bebidas en Rosario: investigan presunta evasión fiscal

Una distribuidora de bebidas en Rosario, ubicada en Nicaragua al 1000 en el barrio Belgrano, fue allanada por la Policía Federal, en el marco de una serie de intervenciones a nivel nacional. La causa que se investiga es presunta evasión tributaria y defraudación al fisco.

Agentes de la División Lavado de Activos, en el marco de una investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, realizaron nueve allanamientos entre Rosario, la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, vinculados a la popular cervecería acusada por el delito de fraude y evasión fiscal.

La investigación se inició a raíz de la denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) a Quilmes. El organismo advirtió que, con la intención de no afrontar sus obligaciones fiscales, se sospecha que la firma se desprendió de activos y transfirió bienes a otras empresas del mismo grupo económico con la finalidad de declararse insolvente y de ese modo, evadir el pago de las deudas que poseía con el fisco en concepto de IVA, impuesto a las ganancias y bienes personales, en el período comprendido entre los años 2018 y 2023.

Desde la empresa comunicaron que durante la mañana del jueves 10 de octubre recibieron un pedido de información vinculado a operaciones comerciales de un cliente de la compañía. “Desde Cervecería y Maltería Quilmes cumplimos con la orden judicial de dar la información disponible a las autoridades en relación a dicho cliente. Los hechos investigados son totalmente ajenos a Cervecería y Maltería Quilmes", señalaron desde Cervecería y Maltería Quilmes.

Los procedimientos

Durante los procedimientos realizados en simultáneo en Rosario, CABA, La Plata, Quilmes, Berazategui y Hudson, una mujer y su hijo quedaron imputados en la causa. Asimismo, se secuestró documentación que confirma que la firma se dedicaba exclusivamente a la distribución de bebidas alcohólicas y ocultaba su vínculo comercial con otras tres empresas pertenecientes al mismo entramado, con la finalidad de llevar a cabo las maniobras ilícitas.

Al mismo tiempo, se accedió a la información de las cuentas bancarias utilizadas para el pago de proveedores y otros movimientos, incautando un software de gestión administrativa, 40 equipos informáticos entre teléfonos celulares, computadoras y discos rígidos, la suma de 26.600 dólares, más de 25 millones de pesos y documentación contable de interés para la causa.

Durante los operativos participó personal del Departamento Técnico del Cibercrimen de la PFA, como así también de la Dirección Regional La Plata de Afip-DGI y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Los imputados junto a los elementos decomisados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 27.430 que regula el Régimen Penal Tributario.

En la causa intervino la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº1, a cargo de la Dra. María Luján Rotetta, Secretaría del Dr. Juan Paiva, quienes pusieron en manos de esa División específica la investigación del caso.

Con la totalidad de las pruebas obtenidas en las distintas pesquisas por los uniformados, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de La Plata, a cargo Dr. Alejo Ramos Padilla, Secretaría Penal N°2 del Dr. Martín Brina, ordenaron la realización de nueve allanamientos.