"Los glaciares acumulan el agua, cuya principal fuente es la cordillera. Son una reserva estratégica de agua dulce, por eso es fundamental que una ley los proteja", explica Ricardo Villalba, director del Instituto de Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), con sede en Mendoza. La reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia, al revocar medidas cautelares que frenaban la aplicación de la llamada ley de glaciares, es celebrada por científicos y ambientalistas, pero divide a funcionarios partidarios.

"El calentamiento global provoca un marcado retroceso de esas masas congeladas, por eso no se puede permitir más que se contaminen o perforarlos, trasladarlos o hacer rutas sobre ellos", agregó el doctor en geografía y titular de la entidad, que es extensión del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Sobre la ley, señala que "se establece que el Ianigla debe realizar el inventario nacional de glaciares. Se han realizado registros parciales de algunas cuencas, pero no había un registro profundo, no se le había dado importancia al tema. En nuestra provincia, en base al registro de la cuenca del río Mendoza, detectamos 1.612 glaciares, que ocupan unos 570 kilómetros cuadrados", señaló a La Capital.

Pero indicó que para implementar el inventario nacional "se requieren recursos para que trabajar e investigar con imágenes satelitales, recorrer las zonas y emprender tareas de exploración de campo. Ahora trabajamos diez investigadores y se requiere colaboradores técnicos. También hacemos tareas con apoyo de las universidades". "Ese inventario apunta a reparar esa falta de información, no sabemos lo que tenemos. Se comenzaría a explorar las áreas prioritarias, en zonas donde hay exploraciones o proyectos mineros. Cada provincia debe elevar a la Secretaría de Ambiente su situación para enfocar el esfuerzo en esos sectores".

Cuestionamientos.En lo relativo a las disputas con provincias que avalan la megaminería, Villalba remarcó que "la reforma de la Constitución, en 1994, establece leyes de presupuestos mínimos, donde se indica que lo que se haga en relación al ambiente una provincia, no puede afectar a otras. Los recursos pertenecen a la provincia pero no puede debe perjudicar a otras".

Los artículos de la ley, cuestionados por la minera y gobiernos de San Juan y La rioja, se referían a la definición de glaciar, la creación del inventario nacional de glaciares, la prohibición de actividades que impliquen la destrucción de glaciares, la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y la obligación de someter a las actividades en ejecución al momento de la sanción de la ley a una auditoría ambiental.