La ley de emergencia en discapacidad, que fue ratificada este jueves por el Senado Nacional, establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.

La norma, que volvió a tener luz verde, declaró la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y es prorrogable por un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas.

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Qué establece la ley

►Es de orden público y rige en todo el territorio nacional.

►Se establece una actualización las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.

►Se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el Indec.

►Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.

►Las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.

►El Poder Ejecutivo deberá financiar con recursos del Tesoro Nacional una compensación de emergencia a los prestadores.

►La oficina de Presupuesto del Congreso determinó que el impacto fiscal por el aumento de las pensiones significa un refuerzo fiscal de 1.889.371 millones de pesos y 3.627.495 millones.

►La diferencia del impacto fiscal se debe al numero de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios que podrían suceder con la nueva ley

►La Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoria con el objeto de generar una evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios.

►El procedimiento de auditoría deberá garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación y el acceso claro a la información.

►Los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años.